La obsolescencia no programada del PP en un asunto tan de perogrullo como poner orden en el naufragio franquista que la Transición no quiso tocar tiene, sobre todo, una gran dosis de estupidez crónica. El partido de Mariano Rajoy se queda obsoleto y no es capaz ni de hacer un gesto de concordia para sacar la osamenta de Franco del Valle de los Caídos. Una visión caduca que, espanto, le ha llevado a alinear su abstención con el radicalismo de ERC para hacer un bloque común -y antinatural- frente a los votos a favor del PSOE, Ciudadanos y Podemos. La proposición no de ley aprobada, y por tanto de no obligado cumplimiento, ofrecía a los populares una oportunidad única para airearse en una cuestión sobre la que siempre ha surfeado desde la ambigüedad. He oído a su portavoz en el Congreso decir que ellos no podían estar a favor de una medida que rompe el pacto constitucional. ¡Menudo dislate! Sacar al dictador de la cripta y entregarlo a su familia; desplazar a José Antonio Primo de Rivera; homenajear a los condenados a trabajos forzados con placas identificativas; fomentar un servicio para los ADN de los sepultados... ¿Qué tiene que ver con el orden constitucional? La abstención popular, en efecto, deja en el alero la aplicación o no del acuerdo. No hay consenso sobre una iniciativa que promovió Zapatero dentro de lo que se vino a llamar ley de memoria histórica. Pero en esta ocasión hay un cambio sustancial: la soledad del PP se hace cada vez más voluminosa al respecto al entrar en juego Ciudadanos, un partido que se define como liberal y que por generación no tiene deudas con la República, la Guerra Civil, la Dictadura y la Transición. Frente al envejecimiento del PP, Rivera y su partido creen que es una obviedad para un demócrata participar en la deconstrucción controlada de un símbolo que sólo provoca desasosiego y tristeza.
