Nuestro Gobierno nacional está luchando, y presumo que casi todos los españoles (menos los de Pablo Iglesias y alguno más), contra la celebración del referéndum en Cataluña, porque va contra la Ley, y contra eso no hay nada que hacer? Fuera y se acabó, como tiene que ser.
Y nosotros, por esa misma regla de tres, nos preguntamos: ¿por qué a los sindicatos de estibadores en general, y en concreto a los sindicatos estibadores canarios, no se les abortan los deseos inaceptables que igualmente van contra la Ley como a los independentistas catalanes?
¿Por qué el Gobierno de la nación no permite que se altere la Ley en aquel caso y en el caso de los puertos no defiende igualmente la no alteración de la Ley?
Y digo que en este caso el Gobierno nacional no está claramente defendiendo la Ley porque propone y les indica a los empresarios y sindicato que se reúnan y lleguen a un acuerdo, sabiendo que no pueden hacerlo porque va contra la Ley, ya que los estibadores no admiten nada que menoscabe a que sean ellos, solamente ellos, los que dirijan el derecho a su colocación y la de sus familias, o sea que no se les quite este derecho que ningún trabajador tiene en el mundo del trabajo, sin contarlos a ellos. Esta pretensión de los estibadores y su ilegalidad son hechos incuestionables, y el que no quiera verlo?
Por lo dicho se observa que la postura del Gobierno nacional es blanda e ineficaz; ineficaz porque sabe que puede indicar que se reúnan las veces que se quiera empresarios y sindicato, pero ellos solos no lo resolverán nunca; seguirá la huelga y los millones de pérdidas; y blanda porque sabe el Gobierno (pero no lo hace) que es necesaria la participación de la fuerza del Gobierno, una fuerza que acordone y deje trabajar libremente en el Puerto en beneficio de la libertad, y deje que las empresas estibadoras contraten personal y trabajen. Esto es lo que hay que hacer? Se necesita? Pero ante la intransigencia ilegal de los estibadores, el Estado tiene que actuar? Al final lo tendrá que hacer, pero las pérdidas millonarias ya no habrá quien las reponga. No es de recibo que el Estado deje solos a empresarios y estibadores.
Y a todo esto, si la fuerza del Estado se pone en su sitio, a los empresarios que se dejen de coñas y cojan gente nueva y a trabajar. Lamentablemente no hay otro camino, cualquier otro acuerdillo a que se llegue nunca lo aceptarán los estibadores. ¡O ellos lo manejan todo o nada ! Esto sería seguir aceptando lo inasumible de la situación en la que estamos ahora. Así se resolvió el mismo problema en 1993, y de 1.250 estibadores se pasó a 275; lástima que luego algunos dejaran, otra vez, estropear el esfuerzo que se hizo.
