El sector pesquero artesanal en Canarias no ha logrado adaptarse a los cambios experimentados en las últimas décadas (pérdida de caladeros, expansión de la acuicultura, sobreexplotación de los stocks, crecimiento del sector de pesca recreativa). Sin embargo, ha seguido contando con recursos financieros que, si bien han mejorado las condiciones de seguridad y trabajo, quizás no hayan sido atemperados como se debiera frente a los cada vez más abundantes síntomas de sobreexplotación. La inversión en infraestructuras y tecnología de pesca, además de las subvenciones a la operatividad de la flota y comercialización, no se ha visto reflejada con un incremento en las capturas, lo que es un claro síntoma del agotamiento de los ecosistemas insulares y de la sobrecapitalización en la que se encuentra el sector. Esta situación conduce a un aumento del gasto en mantenimiento de las instalaciones, equipamientos y maquinaria, utilizadas muchas veces muy por debajo de su capacidad. No obstante, todos estos indicadores de un inadecuado sistema de explotación pesquera no han motivado el establecimiento de estrategias de gestión alternativas. Muy al contrario, las administraciones han mostrado signos de una falta de implicación y desidia a la hora de corregir las desviaciones citadas, fortaleciendo los planes de subvenciones sin objetivos claros.
Por otra parte, y a pesar de los esfuerzos económicos y de modernización, el sector de la pesca profesional tiene escasas expectativas de futuro. Entre 1969 y 2012 el número de pescadores profesionales ha descendido un 84%, aunque es verdad que gran parte de las pérdidas de capital humano se asocian a la pérdida de las posibilidades de pesca de una fracción importante de la flota en los caladeros africanos, que mayormente no estaba vinculada a la pesca en Canarias. Por otra parte, también el número de barcos de pesca artesanal o de bajura se he reducido de forma clara respecto a la década de 1970 (de 1.493 a 818 barcos en 2013), pero la flota actual está conformada por barcos que son 1,5 veces más grandes (creciendo de 3.556 a 5.179 TRBs) y con motorizaciones mucho más potentes (pasamos de una flota mayoritariamente a remo en la década de 1960 a otra que suma casi 40.000 cv), y por supuesto mejor equipados tecnológicamente (ecosondas, sonar, GPS, redes sintéticas, winchers y, en algunos casos, internet). Además, más del 60% de las playas que en 1970 eran usadas como puntos de desembarco, o varada de barquillos, cuentan hoy con refugios o puertos pesqueros, dotados con grúas, congeladores, fábricas de hielo, almacenes, etc. Es más, en islas como Gran Canaria, Tenerife o Fuerteventura, los metros de escolleras, diques o muelles que dan cobijo a la flota profesional artesanal, y mayormente a la recreativa, se han incrementado de forma espectacular, así mientras que en Gran Canaria casi se han triplicado, en Tenerife o Fuerteventura se han multiplicado por un factor superior a 10 en relación a 1970, al tiempo que las capturas han decrecido un 70, 65 y 50%, respectivamente, tomando como referencia el año de máxima pesca. Si los metros de escollera se pudieran relacionar como una medida del poder de pesca de la flota, al asumir una proporcionalidad entre metros de diques y tamaño de la flota de pesca real (profesional y recreativa) a la que estos dan cobijo, estas tres islas tendrían hoy un 88,6, 97 y 74,4% menos de peces que los que habían en sus respectivas aguas en 1969. Es más, estos datos confirman las estimaciones realizadas a partir de datos de campañas de pescas científicas, que muestran que el rendimiento de sistemas de pesca, como las nasas, en Gran Canaria ha descendido un 90% en los últimos 45 años, por sobreexplotación de los caladeros.
La situación de sobrepesca crónica ha llevado a la casi desaparición, en algunas islas, de especies como el pejeperros, goraz, meros, chernes, abades, fulas de hondura, merluza, entre otras. Además, y como consecuencia de la adición de otros elementos perturbadores, como los vertidos indiscriminados de aguas sin depurar, ocupación y destrucción de áreas costeras someras vitales para el alevinaje por la construcción de playas artificiales y diques, microplásticos, etc., hay muchas otras especies, sin interés pesqueros, que se están viendo muy afectadas, hasta el punto de su desaparición de muchos lugares de nuestras costas, tales como sebadales, cinturones algales del intermareal y submareal, erizos de colores, pejeverdes, fulas, anémonas y muchos otros invertebrados, hasta no hace mucho tiempo muy comunes en todas las islas. Pero también están apareciendo muchas otras especies de aguas tropicales, principalmente cerca de las grandes áreas portuarias como los puertos de La Luz y Santa Cruz de Tenerife, consecuencia de la frecuente llegada de grandes plataformas petrolíferas. Aunque muchos apuntan hacia el cambio climático como responsable último y único de todas estas desgracias, tendremos que empezar a fabricar otra coartada porque esta destrucción masiva y trasformación del sistema marino en torno a las Islas no tiene nada que ver con las variaciones en el clima, sino con la desidia con la que durante décadas hemos, y seguimos, actuado con el océano.
Por otra parte, en el mundo de la pesca existe una cierta conflictividad social entre los pescadores profesionales y parte de los recreativos, por la competencia desleal que algunos de estos últimos hacen al vender ilegalmente sus capturas. Sin olvidar, los choques que en algunos momentos se dan en el mar por las mismas especies y caladeros. Esta falta de autocrítica de ambos sectores no les permite actuar en beneficio mutuo y buscar sinergias que les ayuden a encontrar soluciones, situación que de paso encubre la esterilidad de los gestores.
La normativa legal vigente en materia de ordenación y regulación pesquera marina (profesional y recreativa) y marisqueo en las aguas que rodean al Archipiélago Canario es amplia y compleja, con múltiples problemas en su aplicabilidad, particularmente debido al cruce de competencias entre administraciones y la falta de una exacta definición de las mismas, a la frecuente inexistencia de fundamentos biológicos tras las estructuras legislativas, contradicciones y un extenso número de arbitrariedades que les restan objetividad y eficacia. Además de ello, hay vacíos legales que comprometen el objetivo del conjunto normativo, la sostenibilidad de la actividad pesquera a través de la conservación de los stocks de especies explotados tal y como se describe reiteradamente en sus respectivos preámbulos y justificaciones. Pero lo más preocupante de esta legislación, y del resto de legislaciones pesqueras nacionales y europeas, por no decir mundiales, es que se centra únicamente en regular la captura de más o menos peces, obviando que el sistema marino, y el social en torno a él, es mucho más complejo. A pesar que desde infinidad de agencias se reclama e insiste en la aplicación de un enfoque ecosistémico en la gestión pesquera, la normativa vigente en Canarias, pero también en casi toda Europa, se limita a regular redes, tallas mínimas de peces y, en el mejor de los casos, cantidades pescables, olvidando que todo ello a su vez depende de la calidad del agua, del uso del espacio marino y de qué es los que hacemos en cada momento en el mar (vertidos, construcciones, extracciones, etc., de la propia variabilidad natural del sistema y de su casi errática capacidad de producción).
Independientemente de la valoración que pueda hacerse sobre la labor ejercida por las administraciones (estatal y autonómica) con competencia en materia de pesca, hay dos cuestiones que sin lugar a dudas afectan negativamente el proceso de gobernanza: la inestabilidad política en determinadas áreas de responsabilidad y la falta de definición en planes de políticas pesqueras a largo plazo. En este sentido, en Canarias no existen programas rutinarios de seguimiento científico sobre el impacto que la pesca y otras actividades tienen en especies y ecosistemas, y tampoco programas de seguimiento del estado y grado de uso de las inversiones e infraestructuras públicas destinadas a la pesca. No hay un objetivo ni un horizonte temporal para alcanzarlo.
En Canarias, la estrategia de explotación actual ha provocado una significativa reducción de la productividad biológica y genera pérdidas económicas que conducen al sector de pesca artesanal a la desaparición. Esta situación de fracaso de los sistemas de gestión "clásicos" del tipo top-down (de arriba hacia abajo), establecido en conjunción entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno Central de España, obliga a buscar métodos y estrategias alternativas de gestión, en las que el sector extractivo, incluido el recreativo, sea redimensionado para que se ajuste a la capacidad de soporte de los ecosistemas marinos de las Islas, al tiempo que logre ser rentable. En este sentido, se vienen ensayando en diversas partes del planeta otras alternativas, entre las que destacan los derechos de explotación, transferibles o no, y las áreas de gestión como una especificidad de sistemas de explotación basados en la cogestión. Sin embargo, se hace necesaria y urgente una reducción decisiva de las tasas de captura para poder recuperar los stocks sobreexplotados. Los niveles actuales de captura y los bajos niveles de biomasa hacen improbable que la recuperación de la mayoría de las poblaciones se alcance incluso después de muchas décadas. De lo contrario, el cambio climático no hará más que dar la puntilla definitiva, si no lo está haciendo ya, a gran parte de nuestro actual sistema ecológico y, de paso, también a los pescadores y la industria turística que vive de una ficticia imagen de sostenibilidad.
