Dice Rafael Luque que mantener el actual sistema electoral canario tal y como está es "como querer ponernos la ropa de cuando íbamos al instituto". El periodista tinerfeño es uno de los siete colegas a los que pedí opinión para preparar mi aportación a una mesa redonda de Demócratas para el Cambio, que se celebró el 16 de junio en el Club LA PROVINCIA y que se repetirá próximamente en Santa Cruz de Tenerife, bajo el lema "Reforma electoral canaria: La hora de la verdad".
Cuando pienso en que el voto de un grancanario o de un tinerfeño vale 17 veces menos que el de un herreño, me imagino a mí misma metiendo en la urna un voto del tamaño de un sello de correos mientras un vecino de aquella isla introduce una papeleta tan grande como una página de periódico. ¿Exagero? Yo creo que no demasiado.
Como otros muchos habitantes del Archipiélago, estoy convencida de la necesidad de reformar el sistema. Lo estoy desde los 90, desde que comencé a cubrir informaciones sobre este asunto, pero lo que antes parecía algo difuso, no sé qué sobre los votos de allí y de aquí, se entendió de repente "nítidamente" -como señala el cronista parlamentario Salvador Lachica- en las elecciones de 2015, cuando 50.000 votos no fueron suficientes para dar un solo escaño a un partido, mientras 5.000 en La Gomera otorgaron tres diputados a otra formación.
Lachica habla de las "miserias del sistema" y considera que "existe una presión social que antes no había". Otro colega, Álvaro Morales, estima que "hace tiempo que se ha asentado la conclusión de que el sistema es injusto" y lo tilda de "excepción casi mundial por un clarísimo desequilibrio entre territorio y población".
Para Morales, este desequilibrio -el sello y la página- impide "desarrollar políticas autonómicas integrales" y aleja "aún más" a los que no nos sentimos representados.
Solo hablé con una periodista de una isla no capitalina, Techy Acosta, de Lanzarote, quien apunta que desde allí "la visión del Archipiélago es diferente". Señala que para las periféricas lo antidemocrático son las barreras electorales y no la triple paridad. El quid está aquí.
Hay más elementos que chirrían. Luque destaca que mientras las elecciones a otras instituciones acompasan el número de representantes a los cambios en el censo (un ejemplo reciente es el municipio de Tazacorte: perdió dos concejales en 2015 por el descenso de su población), en el Parlamento de Canarias "no cabe ajuste alguno".
Así se explica que "Fuerteventura elija un diputado menos que La Palma porque la Isla Bonita tenía más población que la majorera en 1982 -cuando se aprueba el Estatuto- pero hoy no, hoy ocurre lo contrario".
Pregunté a mis compañeros por las opiniones que recogían en su entorno. Almudena Sánchez distinguió entre el que "ni se entera de que se discute la reforma en el Parlamento", y un segundo grupo "que sí está involucrado y culpa de todos los males a un solo partido (Coalición Canaria)". A su juicio, este grupo ve los pactos "como el 'conchabeo' de las formaciones más clásicas que así se aseguran una legislatura tranquila".
Y añade Almudena: "Todos dicen querer otro escenario político pero pocos son conscientes de que tienen el poder para hacerlo".
Tras subrayar que la triple paridad debe desaparecer, Andrés Campos es optimista y piensa que, pese a los antecedentes, ahora es posible el cambio "sobre todo porque CC está en una posición más débil". El temor principal, agrega "es que en aras del consenso (que es deseable pero no a cualquier precio) se acuerde una reforma más cosmética que efectiva".
Para realizar esta consulta invité a nueve periodistas y finalmente participaron siete. Cinco trabajan en medios escritos, una en la radio y el séptimo en un gabinete de comunicación. Seis viven en las islas mayores. Ninguno es columnista y cuatro informan de manera habitual desde el Parlamento. Todos subrayan que estas opiniones son personales.
Entre otras aportaciones valiosas, una de mis colegas me hizo ver que de los 18 diputados de CC -el partido que gobierna- once (más del 60%) han sido elegidos en las islas menores.
Seis de los siete periodistas coinciden en que la idea de que la reforma es necesaria está extendida en su entorno, pero también el temor a que se retrase y no esté lista para 2019.
Nosotros no podemos votar en el Parlamento, pero sí podemos hacer ver a nuestros representantes cuál es nuestro deseo. El mío es un sistema más justo, y sin más dilaciones.
