Poco a poco se hace visible lo que muchos pensamos desde hace tiempo y se va conociendo lo que se esconde tras moral tan endeble y relativa. Si llegan a ser condenados, como ha pasado otras veces, arremeterán contra un sistema que no les otorga los privilegios que, como casta suprema, consideran naturales. Se creen inmunes y se equivocan de país. Este no es, afortunadamente, similar al que les gustaría implantar y en el que ellos, como vanguardia de su mundo excluyente, serían amos y señores de todos los poderes, leyes y reglas. No engañan a quien no se deja engañar, por lo que exhiben sin pudor su escaso o nulo grado de aceptación de un sistema que quieren derribar a cualquier precio, silenciando una alternativa incompatible con el mundo en que vivimos. Que tome nota Pedro Sánchez y modere sus ansias, que aprenda de sus mayores que tanto dieron a este país, con sus defectos conocidos, pero creíbles, sin odio y con una ambición legítima, pero medida. Y sobre todo, coherentes, sin cambiar en tres horas de postura otras tres veces como ha sucedido con el Tratado Ceta. Estos vaivenes restan credibilidad.
Los concejales madrileños de Podemos no han sido imputados por denunciar la corrupción. No falten a la verdad. Lo han sido por malversar presuntamente cien mil euros de una empresa pública y prevaricar solicitando informes externos innecesarios y a dedo. Corrupción en estado puro si los hechos, no discutidos y aceptados, se consideran penalmente relevantes, pues los actos cometidos no responden a pretensión alguna de hacer valer la justicia, sino a satisfacer los intereses del partido, con fondos ajenos y públicos.
Efectivamente, siendo administradores de Madrid Destino, empresa municipal, encargaron a dos despachos externos, sin concurso, dos informes por los que pagaron dicha cantidad. Habrá que analizar si podían hacerlo y si debían, utilizando una empresa pública para burlar los controles que se exigen a la Administración. Tal fue el exceso que la alcaldesa, Carmena, los cesó inmediatamente del cargo en la empresa municipal, cuya exconsejera delegada también ha sido imputada. El hecho de haber sido cesados del cargo y de actuar contra la opinión de la alcaldesa que, curiosamente, acaba de renovar el contrato que Podemos considera delictivo significa que ahora deberían denunciar también a Carmena y pedir su imputación. O desistir de la realizada. Pura lógica y coherencia. No cabe una cosa y su contraria.
Silencian en su denuncia que existían informes jurídicos municipales negando irregularidades en los hechos que ellos consideraban delictivos y silencian igualmente ante la ciudadanía que pagaron directamente a despachos profesionales designados a dedo por unos informes que no eran exigibles legalmente. Bastaba una denuncia sin el gasto acometido y, caso de ser admitida, pedir en su caso los correspondientes dictámenes periciales en el seno del proceso. Lo que sucede es que de haber actuado ordinariamente los peritos habrían sido designados judicialmente, de manera neutral, de modo que bien pudiera haber sucedido que no dieran la razón a los concejales de Podemos. Pensaron, pues, que lo mejor para evitar ese riesgo y mantener su sospecha aprovechándola políticamente era acudir a despachos privados, seleccionados a dedo, asegurando el resultado previamente. Un uso aparentemente inadecuado de fondos públicos, aunque fuera a través de una empresa pública al cien por cien municipal para redactar su denuncia, contra los informes municipales, sin conocimiento de nadie, incluida la alcaldesa y sin respetar procedimiento alguno de selección. Esa es la imputación, grave y fundada que consideran ejemplar en la lucha contra la corrupción.
Otra cosa es que, siendo Madrid Destino una empresa municipal sea complejo aplicar a su consejo de administración el Código Penal en lo referido a los delitos de prevaricación y malversación. El uso de empresas públicas para gestionar lo común utilizando el derecho privado en lugar del administrativo es una forma de escapar del control y de la responsabilidad penal. No obstante, la cuestión no es tan clara, pues el derecho ha avanzado en esta materia y hay reglas ahora que imponen obligaciones a los funcionarios y les someten al Código Penal aunque actúen en el marco de una empresa pública.
Vaya por delante que no apoyo las dimisiones con la sola base de una imputación. No comparto esta reivindicación ni ahora, ni en otros casos. Pero, siendo Podemos quien la exige de forma automática, debe someterse a sus códigos éticos, que le obligan. No puede ignorarlos o interpretarlos de manera tan burda y elemental. La prevaricación es corrupción. Manipular tan vulgarmente los términos es burlar las reglas éticas que imponen a los demás, pues ellos saben que la corrupción como tal no constituye un delito determinado, sino que la conforman diversos tipos penales, entre ellos, muy particularmente, el de prevaricación. Habiéndose admitido una querella, son investigados conforme establece expresamente al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Afirmar que un querellado no está imputado es mentir. La ley es expresa, clara y no deja espacio alguno para la duda o la interpretación.
