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REFLEXIÓN

En discrepancia con la jueza Poyatos

Doña Gloria Poyatos es persona de fama por razones varias de su singular actividad y discurso. Abogada laboralista hasta el año 2010, accedió en ese año a la carrera judicial, ignoro por qué procedimiento. Ha sido magistrada decana en Lanzarote y titular del Juzgado de lo Social nº 1 de Arrecife. Actualmente es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Preside la asociación de Mujeres Juezas de España. Y es una activista del feminismo judicial en las redes sociales, libros y conferencias.

Alcanzó fama internacional inscribiéndose en Hacienda y la Seguridad Social como prostituta independiente, con el mero objetivo, aclaró, de demostrar que había un hueco en el sistema. Y efectivamente lo hizo. Siguiendo ese camino, un número indeterminado de prostitutos y prostitutas se han acogido como trabajadores, independientes, a esas rúbricas.

Piensa uno que el decoro y la discreción deben presidir la acción del cuerpo judicial y, en consecuencia, aunque valora lo robinhoodesco de su aventura, tiene ciertas dudas sobre la conveniencia del sujeto social para realizarla.

Pero no es de ello de lo que ahora quiero hablar, sino de algunos de sus discursos desde el punto de vista de lo que suele llamarse "género".

He leído recientemente una entrevista a la magistrada. Había en ella algunos de los tópicos del discurso feminista: la falta de igualdad de las mujeres en las estructuras superiores de la Justicia (Constitucional, Supremo?). Así, señalaba que "en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las juezas con menos de 50 años son ya el 64% de la judicatura española, pero sólo un 13% de la composición del Tribunal Supremo es femenino". En esa reclamación, que es general en el ámbito feminista, habrá, sin duda un legítimo afán reivindicativo, pero es de sospechar que exista también una aspiración de poder personal, aunque se reivindique para el colectivo, pues nunca hay quejas sobre la desigualdad cuando, en determinados ámbitos profesionales, las mujeres superan con mucho la tasa del 50%.

Pero la cuestión central es la reivindicación de que determinados delitos deban ser juzgados por mujeres, porque tienen una "perspectiva de género", según ella. Por ejemplo: "Es una anomalía democrática que una aplastante mayoría de jueces varones vaya a decidir sobre la ley del aborto, sobre algo tan femenino". La señora Poyatos no sólo niega la posibilidad de que los parlamentos legislen de forma adecuada en determinadas materias si no lo hacen "los futuros afectados", sino que ni siquiera pueden juzgar "justamente" quienes no tengan la especificidad de aquel que va a ser juzgado.

El argumento -tan general en gran parte del discurso feminista- es de una extrema gravedad. En primer lugar, porque niega al legislador la capacidad de legislar a no ser que se creen grupos especializados para algunas materias (las de las mujeres, claro). Pero, sobre todo, porque su propuesta abre la vía a legislaciones especiales y a tribunales especiales, por cuotas. Porque las especifidades sociales no se agotan en la dicotomía hombre / mujer (o mujer / hombre).

¿Por qué no ajustar también la sensibilidad para legislar o juzgar a otros muchos grupos sociales? Por ejemplo, puesto que la "sensibilidad" y la perspectiva son distintas entre los mahometanos y los occidentales, cristianos o no, ¿por qué no destinar para juzgar los delitos contra las mujeres por parte de creyentes en el islam a jueces de esa doctrina? O la poligamia. ¿Cómo abordar desde una sensibilidad adecuada los rituales de las culturas con ablación? Inaceptable, ¿verdad? Sin embargo, en esa dirección, en la de las cuotas, lleva la lógica del razonamiento de los que reclaman jueces específicos para determinados grupos o legislaciones matizadas para ellos. Quienes, en una palabra, niegan la universalidad de la justicia en un Estado y rechazan la capacidad de legislar "objetivamente" de todos los diputados que salen de la voluntad popular.

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