Mutualización, quita, modelo, déficit... son sustantivos que acompañan al adjetivo autonómico como trasfondo a independencia, mucho más impactante. Empecemos recomendando los tres capítulos de la miniserie de la BBC 37 días, que relata lo acaecido en el verano de 1914, entre el asesinato del archiduque en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, y la declaración de guerra del Reino Unido a Alemania, el 4 de agosto, que devino en la I Guerra Mundial. Todo fue tan inesperado (cuando llega a Londres el cable diplomático que anuncia el asesinato del heredero del Imperio austrohúngaro, un diplomático interpreta que "esto será olvidado al mediodía") que un historiador utilizó el término sonámbulos para definir la forma en la que las potencias europeas se lanzaron a la guerra, como seres que caminaban dormidos e inconscientes hacia el precipicio, dando por supuesto que alguien se iba a parar antes.
No hay que abusar de las comparaciones, pero hay que animar a los dos políticos de nuestro título, ninguno de ellos catalán (jienense y valenciano) para que se mantengan despiertos en este verano de 2017. Ambos han manejado conceptos que van a ser decisivos si pretendemos cubrir un doble objetivo: evitar un conflicto muy áspero en Cataluña y dar coherencia al Reino de España que pretende organizarse en comunidades autónomas (CC AA).
En 2012, en plena crisis, se pusieron en marcha los mecanismos para prestar a las CC AA. Desde entonces, el ministro Montoro ha mantenido coherentemente que las CC AA también son Estado y que España no puede permitirse la quiebra de ninguna de ellas. No era el momento de discutir un mode- lo de financiación autonómica acordado en 2009.
Aunque muchos no quieran aceptarlo, se decidió un modus operandi bilateral, basado en la confianza y la lealtad. El esquema consiste en un Gobierno que se endeuda en nombre de las regiones que no tienen acceso a los mercados y luego, presta el dinero captado a las CC AA. Con todas sus grandezas y miserias es el espíritu del FLA. Las regiones pagan menos intereses, no tienen el agobio de unas emisiones de deuda que nadie quiere comprar y el riesgo de un posible impago lo asume el Estado. Si un Gobierno regional enloquecía y se quedaba sin dinero, es el Reino de España quien ha emitido los bonos y el que, al final, tiene que honrar sus obligaciones.
Por otro, las CC AA se comprometen a cumplir con sus obligaciones en materia de gasto y déficit, a presentar sus Presupuestos a Hacienda (aunque hablemos de partidos rivales) y a seguir las recomendaciones que la UE haga, vía Ministerio. Recurrir al FLA supone soportar un seguimiento más estrecho por parte del Gobierno y obligaciones extras. Por ello las CC AA intentan evitar esta vía y financiarse por sí mismas, cosa que lleva años siendo imposible para la mayoría de ellas.
Desgraciadamente, el procés ha roto el acuerdo. Desde el viernes sabemos que si la Generalitat decidiera gastarse una parte de su presupuesto en organizar una consulta, el FLA dejará de enviarse. Puigdemont dispone de dinero para hacerlo, pero en pocas semanas algún capítulo de gasto catalán empezará a tener problemas muy serios. Dos cuestiones de respuesta muy complicada: ¿es razonable que el ciudadano catalán vea peligrar, en semanas, algún servicio público asegurado para el resto de españoles, y ello por el mero hecho de que su gobierno autonómico se tire al monte? ¿Tiene Puigdemont prevista la ayuda de algún inversor internacional para mantener el funcionamiento de la Generalitat hasta su independencia? Dos temas para este verano.
Por su parte, quizás desconociendo las entretelas del FLA, el socialista Ábalos afirmó con lucidez que sin quita no hay posibilidad de negociar con Cataluña. Al darse cuenta de que había otras catorce CC AA involucradas, añadió que lo mismo debería ocurrir con todas. Tenía razón, es un simple cambio cuantitativo. Las CC AA tienen una deuda total de 280.000 millones de euros (53,5% se debe al Tesoro) que la UE tiene ya apuntados al Estado. De ellos, Cataluña debe 75.000 millones, el 67,1 % de los cuales al FLA. El Estado podría mutualizar los 150.000 millones del FLA. Con tres requisitos:
1.- Que la UE lo autorice
2.- Que haya solidaridad entre CC AA para que se olviden las cantidades mutualizadas de cada una de ellas.
3.- Consagrar una regla que impida que, en pocos años, haya CC AA que traten de romper el sistema, ya sea con amenazas de independencia o cualquier otro argumento para conseguir unas mejores condiciones. Una situación impensable si pensamos solamente en término de reparto. La experiencia desde 2012 lo demuestra, ya que con el victimismo como bandera ha habido que poner nuevos objetivos de déficit tras cada incumplimiento. Escribía un experto: "No es extraño: es una dinámica parecida a la que tiene atrapados en un bucle eterno al modo UE y Grecia".
Aunque Cataluña sea la más favorecida, esta mutualización es sólo un primer paso que en solitario tiene poco recorrido. Podrían seguir decisiones como éstas:
a) Dejar el modelo de reparto entre CC AA y aplicar un sistema federal en su funcionamiento. Ello supone determinar una cantidad a dedicar a la solidaridad interterritorial (aquí deberían entrar las actualmente insolidarias CC AA forales) y a partir de ello que las CC AA presenten unos presupuestos donde los ingresos dependan de los nuevos impuestos que van a gestionar. Dar libertad a cada autonomía, vigilando el posible dumping, una situación imposible si Madrid va a seguir jugando en la liga de las CC AA.
b) Si ello no es posible, una recentralización parcial será imprescindible.
c) Analizar las posibilidades de asimetría que puedan existir. Hay constitucionalistas que afirman que ello es posible en el marco de la Constitución actual.
d) En caso de una nueva Constitución, redefinir competencias y mapa de las actuales CC AA. Esto supone hablar de servicios mínimos y de viabilidad financiera de las CC AA.
e) Discutir con la Generalitat catalana los ritmos específicos de los puntos anteriores.
No seamos sonámbulos.
