En el contexto actual la preocupación por las cuestiones distributivas está más que legitimada. Tanto las tendencias internacionales como nacionales, también las registradas en Canarias, permiten afirmar con rotundidad que la creciente atención concedida a estos asuntos en absoluto puede entenderse como una moda pasajera; más bien responde a señales inequívocas que reclaman replanteamientos fundamentales en las agendas de acción política.
El informe Desigualdad, pobreza y cohesión social en Canarias. Análisis de su incidencia y distribución entre la población canaria, realizado por cinco investigadores de ambas universidades canarias por encargo del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, ofrece un diagnóstico detallado de algunos de los rasgos definitorios más destacados de la situación actual y evolución reciente de la desigualdad y pobreza relativa en el archipiélago.
El estudio, de libre acceso en el portal web del gobierno de Canarias, se centra exclusivamente en la dimensión económica de la desigualdad y la pobreza relativa. Asumiendo como legítima la aspiración de cualquier ciudadano español, independientemente de la región en la que viva, de poder disfrutar de un nivel de vida similar o no muy alejado de los estándares nacionales, el informe no solo evidencia que Canarias figura entre las regiones españolas que exhiben una distribución menos equitativa de ingresos y capacidad de gasto, sino que, además, se trata de un problema con un marcado componente estructural. El componente coyuntural o cíclico es innegable, tal y como se ha encargado de poner al descubierto la prolongada y profunda crisis por la que hemos atravesado recientemente. Pero lo anterior no debe llevarnos a obviar los determinantes estructurales de la desigualdad y la pobreza en el archipiélago. Por tanto, apostarlo todo a la recuperación económica y al establecimiento de medidas de actuación de carácter paliativo no traerá consigo una convergencia sustancial hacia los estándares de ingresos, desigualdad y pobreza existentes en otras regiones españolas.
Lo anterior invita a plantear al menos dos consideraciones. En primer lugar, se me antoja complicado justificar por qué la preocupación por las cues-tiones distributivas, por la incidencia de la desigualdad y la pobreza relativa en las islas no se despertó antes de la llegada de la crisis. Más aún, difícilmente se entendería que en el futu-ro estas cuestiones no ocupa-sen un lugar destacado en la agenda de acción política del gobierno regional. En segundo lugar, resulta difícil exagerar la importancia que tiene para la sociedad canaria acertar en el diseño de un plan estratégico de inclusión social y lucha contra la pobreza que oriente las principales líneas de actuación a medio y largo plazo del Gobierno de Canarias.
A la hora de identificar las causas de la mayor desigualdad e incidencia de la pobreza relativa en Canarias, y, en especial, los motivos de su marcado componente estructural, resulta imprescindible analizar los distintos tipos de renta. De manera muy sintética, podríamos decir que la distribución o reparto de la renta se realiza, fundamentalmente, mediante dos procesos diferentes: la distribución primaria de la renta y la distribución secundaria o redistribución de la renta, en la que, a su vez, es posible distinguir dos fases.
Por lo que se refiere al primero de los procesos mencionados, hay que llamar la atención sobre el agregado Renta Primaria Bruta de los Hogares (RPBH). Su magnitud viene determinada por la capacidad productiva de la economía en su conjunto, por su modelo productivo. Las estadísticas oficiales disponibles evidencian que Canarias, a diferencia de etapas expansivas anteriores, durante la última (1994-2007) no fue capaz de converger a los valores per cápita promedios nacionales. Lo cierto es que ese menor dinamismo económico y sus causas próximas están bien documentados desde hace tiempo. Pero, dado el alcance de este artículo, lo que interesa subrayar es que cualquier plan estratégico que se marque como objetivo aproximar la tasa de pobreza relativa de Canarias a la del conjunto nacional fracasará si no interioriza las debilidades del modelo productivo y trata de revertirlas o, cuando menos, minimizarlas. Los problemas de desigualdad, exclusión social y pobreza son multicausales, y para atenuarlos de forma efectiva requiere de un plan de acción coordinado, que integre a todas las áreas competenciales del gobierno, también la de Economía.
Además de la magnitud de la RPBH, interesa analizar cómo se distribuye ésta entre los hogares. Es importante subrayar aquí que este reparto es el que emana directamente de eso que llamamos "mercados" (distribución primaria de la renta), es decir, antes de la acción redistributiva de la Administración Pública. Un reparto que adopta la forma de rentas de la propiedad o del capital, y rentas del trabajo (remuneración de los asalariados), fundamentalmente.
Por su notable incidencia en la determinación de la renta de la que disponen los hogares, las rentas del trabajo requieren de una consideración especial. Según se desprende del análisis de las principales fuentes estadísticas oficiales disponibles en España, Canarias no sólo sobresale en el mapa autonómico nacional por ser una de las regiones con menores salarios medios, sino que, además, presenta una de las tasas de incidencia de los empleos de bajos salarios más elevadas. El resultado más inmediato: la creciente importancia en el archipiélago de la pobreza laboral, esto es, de personas que pese a tener un trabajo viven en hogares cuyo nivel de ingresos se sitúa por debajo del umbral de la pobreza.
Aunque el colectivo de desempleados es, sin duda, el más gravemente afectado por la pobreza relativa, hace ya tiempo que el disponer de un trabajo no inmuniza ante la eventualidad de encontrarse por debajo del umbral de la pobreza. El 20% de las personas en situación de pobreza relativa en Canarias está ocupada. Por tanto, debemos descartar los lemas que simplifican la casuística de posibles actuaciones en favor de la inclusión y la reducción de la desigualdad en la mera creación de puestos de trabajo.
En un número creciente de países avanzados, y España no es una excepción, la acción redistributiva de la Administración Pública, es decir, la realizada a través del segundo de los procesos mencionados inicialmente, ha perdido en los últimos lustros capacidad para disminuir de forma significativa las desigualdades que emanan del mercado, en parte motivado por la pérdida de progresividad experimentada por algunos sistemas impositivos, por lo que su actuación es meramente paliativa. La constatación de este hecho se ha traducido en un renovado interés por estudiar las causas y posibles soluciones al creciente grado de desigualdad en la distribución primaria de la renta. El debate en los últimos años ha pivotado sobre aspectos relacionados con el poder negociador de los sindicatos, el papel de los salarios mínimos, las rentas mínimas y universales, las cláusulas sociales en la contratación pública, etc. Al tratarse de aspectos que influyen sobre la distribución de la renta que emana del mercado, algunos se refieren a ellos como medidas predistributivas. Un concepto que se me antoja algo confuso, pero que al menos tiene la virtud de evitar que el debate se centre exclusivamente en la acción redistributiva de la Administración Pública.
Dada la elevada desigualdad en la distribución primaria o de mercado, no es de extrañar que cuando se analiza el grado de inequidad en el reparto de la renta tras la acción redistributiva de la Administración Pública (que puede medirse mediante los agregados Renta Disponible Bruta de los Hogares y Renta Disponible Ajustada Bruta de los Hogares), Canarias siga encabezando los peores registros en el ranking autonómico. Da igual el indicador empleado (índices de concentración, ratios de dispersión, tasa de pobreza relativa): en todos ellos sin excepción el archipiélago arroja los valores más elevados, y experimenta, además, un severo deterioro durante la crisis.
La lucha efectiva contra la pobreza y las situaciones de exclusión social reclama, además de explorar aquellas medidas que sin penalizar los parámetros competitivos de Canarias permitan reducir las desigualdades en la distribución primaria de la renta, hacer un recuento de todas las acciones redistributivas existentes y analizar su eficiencia y efectividad. Especial atención deben recibir aquellas en las que se dispone de un mayor margen de actuación a nivel regional, lo que exige, entre otras cosas, una intensa labor de coordinación y cooperación entre los distintos niveles competenciales y territoriales de la administración. En este sentido, la labor de un órgano específico como el/la comisionado/a de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, mediante el ejercicio efectivo de las competencias que tiene reglamentariamente asignadas, resulta, sin duda alguna, fundamental.
