La izquierda, y la socialdemocracia en general, hablan siempre de la existencia de élites extractivas como aquellas que se apartan de la obtención del bien común y mediante el ejercicio del poder elaboran un sistema de captura de rentas que les permite, sin crear riqueza, detraer rentas de la mayor parte de la ciudadanía en beneficio propio. Y ciertamente a lo largo de la historia siempre han existido dichas élites, conformadas por grupos muy reducidos de la nobleza y alta burguesía, aunque ahora se han extendido al mundo de la política, los medios de comunicación o los grupos económicos próximos al poder. Pero de lo que nunca se habla es de los "colectivos extractivos", entendidos estos como la multitud de personas y asociaciones que luchan por que sus deseos se conviertan en derechos, es decir, en obligaciones a terceros, cosa que generalmente consiguen dado que todos los partidos del ámbito parlamentario, en mayor o menor medida, legislan para reconocer estos derechos, por su pretendido afán de promover la felicidad a una sociedad dañada e incapaz de valerse por sí misma. Son colectivos que (bien)viven al amparo de diversas entidades, asociaciones, universidades, sindicatos, partidos, patronales, fundaciones, etc. que funcionan gracias a las subvenciones y convenios con las administraciones públicas. No voy a hacer una relación de estos colectivos, por innecesaria y tediosa. Todos nosotros, todos los días, veremos alguna demanda o petición de ayuda o subvención con el dinero de los demás. Lejos quedan los años en que nos decían que las necesidades son muchas pero los recursos escasos.
Nada es gratis, todo sale de los impuestos que alguien paga. Y el sector más perjudicado es, siempre, la clase media. El hedonismo progresista que postulan los colectivos extractivos es aceptado por las élites extractivas político-económicas a costa de la eliminación de la clase media vía confiscación fiscal. El aparato del Estado es costoso, y la clase media ya debería empezar a estar harta de financiar la fiesta.
Pero ¿por qué decimos que el grueso de la imposición fiscal lo soporta la clase media? Pues porque, a modo de ejemplo, en el IRPF están exentos de presentar la declaración los que hayan obtenido exclusivamente rentas procedentes del trabajo personal inferiores a 22.000 euros, y si la hacen es para que le devuelvan lo retenido en exceso en sus nóminas (en el caso de ser menos, no tienen que pagar la diferencia). Por lo tanto, el sostenimiento del enorme gasto público recae en los que ganen más de este dinero por rentas del trabajo y los que obtengan otras rentas. Y los que ganan más de esa cantidad son, por ejemplo, los que cobren un salario medio. Y de un salario medio de 29.485 euros, el Estado se incauta de 6.787 euros de cotización social a cargo del empresario, 1.440 euros de cotización social a cargo del trabajador, 3.245 euros del IRPF y 2.701 euros de impuestos indirectos, lo que suma la exorbitante cifra de 14.175 euros. Es decir, un 48,1% de sus retribuciones brutas, a lo que hay que sumar los tributos autonómicos y locales como IBI, circulación, e impuestos por transmisión de bienes, etc. De las personas que ganan más 50.000 euros ya ni hablamos; ahí la confiscación estatal adquiere tintes de verdadero robo.
La realidad es que los españoles sufren hoy la mayor carga fiscal de la historia. Es imposible que la clase media pueda ahorrar y consumir, factores fundamentales para que una economía crezca. Y mientras tanto, el que sí gasta es el Estado, que gasta mucho y sobre todo gasta mal.
La única solución que veo para salir de este modelo económico socialdemócrata es, ya que al parecer aquí en España no vamos a ser capaces, que un gran país occidental cambie de rumbo. Aunque hay países pequeños con baja tributación y con buenos resultados en cuanto a progreso y empleo, como pueden ser Irlanda y Estonia, lo importante es el giro que podría darse en países como Estados Unidos y el Reino Unido. En Estados Unidos parece ser que habrá una importante rebaja en el Impuestos de Sociedades del 35 al 15%, y en cuanto al IRPF, de los siete tipos actuales se pasará a tres: 10%, 25% y 35% (este último aplicable a los más ricos, que hoy pagan el 40%). Si este plan sale bien, posiblemente Europa tendrá que replantearse su modelo basado en altos impuestos y estado de bienestar.
Si usted, estimado lector, es intervencionista y se pone nervioso al leer que es necesaria la reducción del Estado, no se preocupe demasiado. Los políticos y sus tertulianos a sueldo seguirán hablando todos los días de satisfacer sus deseos y crear rentas básicas.
