Si todavía quedara alguien con capacidad de pasmo quedaría fulminado por el anuncio de José Miguel Barragán, consejero de Presidencia y secretario general de CC, con el fin de prepararnos para "una revolución" de la administración autonómica que el muy ladino llevaba meses preparando a la chita callando para que la sorpresa fuera mayúscula. Barragán no ha aclarado demasiado en qué consiste el inminente tránsito revolucionario, y eso solo demuestra sabiduría, porque las revoluciones se sabe o se intuye cómo empiezan, pero jamás cómo acaban. En algún sitio palpita como un corazón esperanzado un documento con125.000 objetivos, 875.501 ejes, millón y medio de parágrafos asonantes y alrededor de 350 metodologías de trabajo que explica bien lo que Barragán y su equipo nos han preparado. Todo es posible y, desde esta premisa operativa, no sería de extrañar que una mañana sonara el timbre de su casa y al abrir la puerta encontrara usted al mismísimo Barragán con una cazuela de pescado en la cabeza y, en el interior del recipiente, la licencia administrativa que usted llevaba años solicitando. Una administración más rápida, más ágil y más humana en la que incluso el consejero está al servicio del contribuyente y del caldo de pescado (aunque no por ese orden).
Estas cosas, que en Canarias se hacen en un plisplás, y que incluso se emprenden cuando apenas queda poco más de año y medio de legislatura, les cuesta horrores a los lerdos de otros ámbitos políticos e institucionales, como prueba el fracaso de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORE), que impulsada por el Ministerio de Hacienda, presentó en 2013 un informe que constaba nada menos de 217 propuestas: casi una por folio. Tanto las administraciones autonómicas y municipales como el mismo Gobierno central redujeron el informe de la CORE a un boñigo con el que estercolaron media docena de titulares durante tres o cuatro días. Porque alguien menos hercúleo que Barragán se inclinaría a consensuar un nuevo modelo -y unos instrumentos y medidas eficaces- con las fuerzas parlamentarias y los sindicatos. Solo un acuerdo amplio, razonable, preciso y flexible entre los partidos políticos y con la participación de los profesionales de la función pública garantizaría el éxito de cualquier reforma. Reformar la administración autonómica implica, sin remedio, demandar la colaboración con el resto de las administraciones, y si no existe ese compromiso, la reforma es imposible. Anunciar un cambio revolucionario por la supuesta implementación de un prodigioso documento creado en retortas funcionariales solo puede calificarse como una majadería, máxime en Canarias, cuya administración autonómica ha crecido sin orden ni concierto, sin evitar duplicidades y disfuncionalidades, sin evaluarse global y sistemáticamente a sí misma.
La reforma de la administración autonómica es una de las principales asignaturas políticas de Canarias. No merece presentarse como una serpiente veraniega ni ser reahogada en simplezas. No es únicamente una cuestión de calidad técnica, sino de calidad democrática. El Gobierno es el principal asignador de recursos financieros y económicos en Canarias y la tentación de confundir intereses políticos, gobierno y administración pública es demasiado poderosa en un sistema político donde los controles institucionales y normativos no disfrutan de una salud inmejorable. Una auténtica reforma de la administración no insistiría en objetivos que ya deberían funcionar universal y normalmente (facturas electrónicas, ventanilla única y otras maravillas siempre postergadas aquí y allá) sino en fusionar profesionalización, eficacia y democratización en un único impulso transformador.
