Cuando los líderes separatistas reclaman la doble nacionalidad para los catalanes, o sea conservar la española tras la teórica instauración de la República de Cataluña, no especifican si los españoles que lo deseen podrían duplicar la suya con la catalana. En breve, reciprocidad como derecho a ejercer, o no, un derecho paralelo. La llamada "ley de transitoriedad" es un bodrio a juicio de quienes la han leído con criterios jurídicos objetivos. Nada extraño, como obra que es de los dirigentes del PdCat y de ERC, sin formación académica el primero e historiador el segundo. Interesados ignorantes, ambos, de la naturaleza del Estado de Derecho, pero oportunistas ante la segura salida de la Unión Europea, cuyos órganos de representación y gobierno, además de los principales líderes, han reiterado el "no" a la continuidad automática de la Cataluña una vez escindida del estado miembro. A saber qué parte del no es la que no entienden.
Si Euskadi y Galicia reivindicaran lo mismo, como también Andalucía, Canarias, País Valenciano, Asturias y otros territorios singulares por geografía o historia, habría que diseñar un modelo de tarjetero capaz de contener tantos DNI, y un generoso archivador de pasaportes. Un lío.
Otro tema curioso es la amenaza de "incautación" del patrimonio estatal en territorio catalán, imposible de compensar con el patrimonio catalán en el resto del Estado. En el supuesto de la escisión a cara de perro, cuarenta millones de españoles tendrían derecho a personarse en los tribunales, dentro y fuera del país, como parte expoliada. No en vano han sido contribuyentes de los recursos e instalaciones viarias, inmobiliarias y de todo orden, invertidos en Cataluña desde 1978 hasta hoy, por no hablar de muchos siglos de unidad y convivencia en igualdad de ciudadanía, ocasionalmente perturbada por otros brotes de separación que acabaron con menos contemplaciones que las otorgadas, por fortuna, al "proces" actual.
Pero las consecuencias del delirio de Puigdemont y Junqueras, extorsionados o conchabados con los de la CUP, ya son irreparables por dos gravísimos errores: la degradación parlamentaria que todos vimos, estupefactos y doloridos, un miércoles y un jueves negros; y la práctica fascista de los "señalamientos". Señalar de manera intimidatoria a los no separatistas o amenazar a los alcaldes no colaboracionistas con presiones incontrolables evoca lo ocurrido en la Alemania de Hitler con las estrellas de David pegadas a la ropa, las puertas o los negocios de los judíos, como licencia para matar en los comienzos del holocausto.
Estas prácticas aterradoras nada tienen que ver con los catalanes que conocemos, respetamos y estimamos, que son la inmensa mayoría, nacionalistas de corazón o sinceros ciudadanos españoles. Con ellos, no con quienes los degradan en la demencia de la escisión, habrá que negociar la salida política del laberinto, tras unas elecciones legales que configuren las mayorías auténticas y restauren la pureza parlamentaria del Estado de Derecho.
