Mintieron. Lo sabían y lo hicieron. No tuvieron el valor de decir la verdad a un país que se retorcía en las listas del paro. La valentía la usaron para empuñar la sierra que recortaba derechos laborales y servicios esenciales. No quedaban bemoles para más y surgió la gran trola del rescate bancario.

Era el año 2012. Cargaban contra las autonomías señalándolas como el origen de todos los males. El derroche y la irresponsabilidad formaban parte del argumentario que repetían como loros contra las comunidades. También aquí. El PP aplaudía con las orejas cada vainazo que venía de Madrid.

Con Canarias se les fue la mano. La asfixiaron. Nos atornillaron con las exigencias del déficit y con una rebaja drástica de las transferencias del Estado. Todo les parecía poco hasta que no quedó otra que subir el IGIC.

El mismo año, ese de 2012, que el ministro de Guindos puso su nariz de Pinocho al servicio de la causa. Sin mover ningún otro músculo de la cara, anunció lo que denominó "un crédito a la banca en condiciones favorables". Y añadió que no iba a costar ni un solo euro a los contribuyentes españoles.

Mentira. 40.000 millones es la cifra que acaba de contabilizar el Banco de España como factura irrecuperable de ese crédito. Unos 860 euros por cada español por no ejercer el debido control sobre ese desastre de gestión de las cajas, los caros juguetitos que dejaron usar a los políticos con total impunidad.

40.000 millones de un rescate que viene a ser la mitad de la recaudación prevista del IRPF de este año (78.027 millones). Más del doble del presupuesto que en 2017 se dedicará a las prestaciones de desempleo (18.318 millones). Y 28 veces más que la partida consignada para becas (1.420 millones).

Para no costar ni un euro a los españoles y ser un crédito que iba a pagar la propia banca como también afirmó Rajoy, midan ustedes el tamaño de semejante patraña.

Tan grande como los dramas que esas cajas, a las que todos hemos rescatado, han provocado en forma de desahucios y todo tipo de abusos que ahora empiezan a enmendar los tribunales.

Pero la respuesta a todo esto es el silencio. El Gobierno de Rajoy se limita a cuantificar los daños provocados por una caída y posterior colapso del sistema financiero si el dinero público, el de todos, no se hubiese inyectado.

Dicen haber salvado los depósitos de 12 millones de clientes, defender a los ahorradores y proteger un gran número de empleos en el sector. Vale. Quizás fuera así.

Aceptamos profecías, futuribles y hasta pulpo como animal de compañía. Pero nunca la mentira. No dijeron la verdad que hoy sabemos por el Banco de España, un organismo que cerró los ojos y no hizo su trabajo: supervisar.

Tan negligentes como cómplices de este falso crédito que en realidad enmascara una donación sin precedentes. Sin em- bargo, lo que no tiene nombre es la trola. Esa no tiene rescate que valga.