Sin duda es una pesadez que interrumpiría la inmejorable imagen que el Gobierno autonómico tiene de sí mismo y la heroica denuncia de su apocalíptica ineptitud que comparten la derecha marianista y la izquierda podemista en el Parlamento de Canarias, tan entrañablemente simpáticas que se aplauden mutuamente, pero alguien, en algún sitio, con algunos instrumentos de análisis, debería reflexionar sobre el impacto sobre la Comunidad autonómica de una eventual secesión de Cataluña del Estado español. Nada, absolutamente nada al respecto en la agenda política regional, salvo el recado de Fernando Clavijo al presidente del Gobierno central expresando su educada preocupación al respecto. No se trata de un debate político, sino estrictamente económico. Salvo los ideólogos más desmelenados, todos los economistas están de acuerdo en que la independencia de Cataluña empobrecería a España y a Cataluña misma y eso tendría un fuerte impacto económico y fiscal en todas las comunidades autonómicas. Especialmente en aquellas que, como Canarias, están lejos, por ejemplo, de pagar las pensiones a sus jubilados sobre la base de su propia recaudación. Más de 300.000 canarios perciben pensiones, mayoritariamente, pensiones de jubilación y viudedad, pero la comunidad autonómica tiene un desfase de unos 220 millones de euros, es decir, que gasta esa cantidad por encima de lo que ingresa por cotizaciones. La economía catalana representa el 19% del Producto Interior Bruto de España. Casi una quinta parte de los bienes y servicios que se producen anualmente en el país.

¿Qué presupuestos generales del Estado podrían diseñarse para el próximo año 2018 en el horizonte de un gobierno catalán que proclame la independencia y se niegue a acatar la Constitución y las leyes, desconectando su administración pública? ¿Durante cuánto tiempo, en ese caso, podrían prorrogarse los presupuestos actuales? La estúpida irresponsabilidad del nacionalismo catalán en impulsar este proceso quedará muy claro en los próximos meses y años. Ni Cataluña será más rica y estará mejor cohesionada social y culturalmente ni sus ciudadanos dispondrán de mayores libertades políticas si finalmente los independentistas consiguen sus objetivos. Pero no se trata solo de la engañifa política y jurídica que representa en procés, sino de cuantificar los costes económicos (estructurales y coyunturales) que esta aventura destructiva, mema y ensimismada significará para todos los ciudadanos españoles, incluidos los canarios.

Lo único que se escuchan, obviamente, son los argumentarios precocinados en Madrid y recalentados en los chirriantes microondas de las sedes de los partidos en el Archipiélago. Los argumentarios rojigualdos del Partido Popular, los argumentarios que identifican urnas y democracia de Podemos, los argumentarios constitucionalistoides de Ciudadanos. Curiosamente las dos principales fuerzas nacionalistas del país, Coalición Canaria y Nueva Canarias, se han limitado a caminar de puntillas sobre el proceso independentista catalán, intentando hacer el menor ruido posible. Un silencio que hunde su verdadera raíz en que tanto CC como NC carecen del más modesto pensamiento doctrinal, de la más humilde reflexión teórica de matriz nacionalista. Ambas fuerzas se mueven entre los márgenes del nacionalismo y el regionalismo retóricos y tacticistas y radicalizar su praxis o incluso su discurso - desde el centroderecha unos o el centroizquierda otros - les llevaría a perder votos. Cataluña se convierte así, para ambas fuerzas, en un asunto casi tabú al que es mejor no referirse, salvo para pontificar naderías que no espanten ni interesen a nadie. Si finalmente llega la onda expansiva de la independencia catalana nos pillará, como ocurre históricamente con nuestras nalgas, en pelota picada.