El incendio iniciado el miércoles en Tejeda, que lamentablemente ya ha provocado una víctima mortal y que de momento afecta a cinco municipios, calcinando 2.700 hectáreas de monte y masa forestal, muchas de ellas de gran valor ecológico y paisajístico, y causando graves daños en casas y propiedades, vuelve a reavivar el gran debate sobre la gestión de los bosques y pinares y las políticas de prevención y lucha contra el fuego. De entrada, es preciso agradecer el enorme esfuerzo que están realizando los equipos de emergencia y los trabajadores que se juegan la vida en las peligrosas tareas de extinción así como la responsabilidad y madurez de los vecinos afectados por las llamas. Cualquier abordaje del debate sobre los planes de prevención y extinción debe partir desde las muestras de agradecimiento y solidaridad hacia todos ellos. Pero, una vez más, sucede que en el análisis posterior a la tragedia se vuelve a replantear la idoneidad y eficiencia de los trabajos de prevención y el control del fuego desde que se inicia la propagación de las llamas.

El incendio de esta semana en Gran Canaria vuelve a castigar una zona que ya fue pasto de las llamas en 2013, aunque con un daño muy inferior al que se registró en la misma área en 2007 y que destruyó casi 20.000 hectáreas de bos-que y naturaleza viva asociada. Cuando todo parece indicar que el fuego activo desde hace cinco días en el centro de la Isla está empezando a ser controlado -en una tarea en la que cabe destacar la preparación del Cabildo de Gran Cana-ria y la solidaridad de otras islas prestando medios y material para luchar contra el avance de las llamas- Gobierno de Canarias e institución insular grancanaria, las administraciones con competencias en la materia, deben intentar obtener lo antes posible conclusiones que puedan ser útiles en la permanente y dinámica batalla contra el fuego que necesariamente debe abarcar un amplio campo de actuaciones. Desde la prevención al impulso de una nueva cultura del cuidado del medio forestal con una mejora de la disposición y coordinación de los medios de extinción.

Canarias ha sufrido en la última década algunos de los mayores incendios registrados en España, lo que de hecho coloca a la comunidad autónoma en los puestos de cabeza en cuanto al número de hectáreas calcinadas durante este periodo. El fuego de 2007 en la mitad suroeste de la Isla coincidió con otro de los grandes incendios en Canarias en los últimos diez años, el de Los Realejos, en Tenerife, donde ardieron cerca de 18.000 hectáreas. Ambos ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente, entre los más devastadores desde 2007. También han sido importantes los cuatros declarados en La Palma en 2000, 2009, 2012 y 2016, que en conjunto sumaron otras 13.000 hectáreas a las estadísticas del desastre medioambiental. Durante la última década, han ardido en las diferentes islas más de 42.000 hectáreas, cifra que se eleva a 62.000 hectáreas si se le suma la superficie afectada desde 2000 hasta finales del año pasado. Una superficie quemada en Canarias en casi 20 años similar al territorio de la isla de La Palma.

El nuevo drama medioambiental de estos días en la cumbre grancanaria añade más dramatismo a unos datos que deben provocar de inmediato un debate en el seno de las administraciones que velan por la seguridad de nuestros bosques y sus habitantes, y por una gestión territorial de respeto y defensa del medio natural. Un nuevo incendio que se produce justo al término del juicio contra el guarda forestal causante confeso del de hace diez años. No hay por lo tanto que cejar en la demanda para que entre las medidas que deben acompañar cualquier estrategia contra el fuego se incluya una exigencia de mayor celeridad en las labores de investigación policial y en la actuación judicial. También el debido y justo tratamiento con las oportunas compensaciones e indemnizaciones a quienes se han visto afectados de una manera u otra por las llamas.

Sin duda, la sequía que se arrastra y las fuertes temperaturas de este verano agravadas por las calimas han sido elementos fundamentales a la hora de ayudar en la propagación del incendio que ahora nos preocupa. Pese a las condiciones adversas del primer día, gracias a las lluvias posteriores y al trabajo de los equipos de extinción, se ha podido abrir una expectativa de control. No obstante, aún queda un duro trabajo por delante para acabar con el fuego e impedir su posible reactivación. Es destacable que ante este siniestro -y pese a las tiranteces y pulsos políticos- se hayan sentado en torno a una mesa los máximos responsables de los tres niveles de la administración en la Isla: el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el presidente del Cabildo insular, Antonio Morales, y la delegada del Gobierno central en Canarias, Mercedes Roldós. Lo contrario hubiera sido escandaloso e injustificable. Lo que cabe esperar ahora es que mantengan esta predisposición no sólo para investigar el origen del incendio y explorar futuras actuaciones de prevención y extinción, sino también para afrontar la agenda de asuntos que Gran Canaria tiene por delante en el futuro inmediato.

En materia de política forestal y prevención y extinción de incendios hay diversos debates abiertos en los que cabe profundizar, pero también algunos lugares comunes que conviene combatir. Y aunque sigue siendo una cuestión pendiente la disposición de al menos un hidroavión para actuar con eficacia y de inmediato en cualquier punto del Archipiélago, no cabe poner el foco del debate solo en los medios de extinción con los que ahora cuentan las distintas administraciones, sino en las medidas preventivas y la gestión integral de los incendios forestales. Como expone uno de los grandes estudiosos de esta materia, Alejandro García Hernández, máster en Ciencia y Gestión Integral de Incendios, España es el país con más medios aéreos de extinción forestal del mundo -cada año gasta centenares de miles de euros de fondos públicos destinados a aumentarlos y mejorarlos- mientras que en paralelo no hace ni de lejos lo mismo con los presupuestos destinados a la prevención.

Se ignora así que los grandes incendios forestales son la consecuencia de la acumulación de vegetación, que los especialistas denominan el "combustible forestal". La lucha contra las llamas necesita de un cambio de modelo en la extinción porque el daño potencial de un fuego no se debe a su inicio, sino a su crecimiento, y este depende de variables elementales como la orografía, el combustible -vegetación forestal- que encuentra para su propagación y las condiciones meteorológicas. Gestionar bien el fuego es vacunar el monte. No para evitar pequeños fuegos, sino para impedir los de grandes proporciones como los que han calcinado grandes extensiones en el Archipiélago en los últimos años y como los que cada verano arrasan los montes de la Península, incluido Portugal.

Son interesantes la óptica y la propuesta de análisis de García Hernández al incidir en que cuanto más eficaz se es en la extinción del pequeño incendio más se contribuye a la formación del grande puesto que éste se encuentra con más superficie y carga forestal para su desarrollo. De ahí la necesidad urgente del cambio de estrategia en el tratamiento: sustituir el objetivo tradicional de acabar con cada conato en el menor tiempo posible y a cualquier coste por el más lógico, sostenible y sensato de ordenar lo inevitable. Los incendios forestales en entornos medioambientales como el nuestro van a continuar. Sin ninguna duda. Aprender a vivir con los pequeños incendios evitará los grandes. Es decir, el fuego, bien gestionado, es una herramienta para la única solución al alcance: el manejo de la vegetación. En definitiva, se trata de manejar los combustibles forestales para una prevención inteligente basada en el estudio y conocimiento del comportamiento del fuego. Las quemas prescritas y el pastoreo son una herramienta sensata y eficiente para hacer una ingeniería forestal propiciando un régimen de incendios compatible y sostenible en los montes. En este debate entra en juego la participación de quienes habitan el campo para atender sus puntos de vista e implicarlos en las dinámicas de prevención.

El propio Gobierno de Canarias y los cabildos insulares cuentan con planes de prevención que apuntan, en parte, a medidas de este tipo que sin embargo no acaban de tomar cuerpo. Cuanto mayor sea el esfuerzo en prevenir menores serán los recursos necesarios para la extinción. Las labores selvícolas de podas y aclareos de montes, limpiezas de bordes de pistas y carreteras son insuficientes ante la evidente pérdida de los usos tradicionales en estos espacios medioambientales en peligro. Hay que exigir además campañas de prevención que incluyan obligaciones a los propietarios de casas y fincas para que mantengan limpios sus alrededores. En el incendio todavía activo en el centro de la Isla se han visto imágenes sobre hasta qué punto las llamas afectaban de una u otra manera a los inmuebles en función del grado de limpieza de sus proximidades. Tras las labores de extinción y el esclarecimiento del origen y circunstancias que originaron este nuevo fuego, las autoridades deben abordar sin demora una estrategia para diseñar, confeccionar y ejecutar planes de prevención integral que abandonen la visión estrictamente conservacionista del uso del medio forestal, que implique a las personas que viven de la agricultura y la ganadería y que tanto pueden hacer por la limpieza de los montes. De esta manera es preciso impulsar planes de desarrollo y sostenibilidad de las zonas afectadas que no incrementen la crisis, que ya padecen, ni el desequilibrio territorial que sufren las diferentes islas.