El pasado 21 de septiembre se cumplió una efemérides sobre la que como bien llevaba temiéndome durante cierto tiempo, pasó desapercibida por gran parte de la actual población canaria... y lo que es más grave, por nuestros políticos de todo signo e ideología: El 90 aniversario de la división de la provincia única de Canarias en dos nuevas provincias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Estableciendo con ellos un nuevo status quo en el Archipiélago que ha permanecido vigente desde el 21 de septiembre de 1927 hasta la actualidad.
Agradezco a este diario la oportunidad que me brinda publicando el presente artículo. Periódico nacido en 1911 en pleno debate en Cortes de la Ley de Cabildos de 1912 del Gobierno de Canalejas, bajo la máxima de defender la plena autonomía provincial de las islas Canarias orientales, mediante la división de la provincia única con capitalidad en Santa Cruz de Tenerife en dos. De ahí su nombre LA PROVINCIA. Su propietario y fundador Gustavo Navarro Nieto, promotor también del Real Club Náutico de Gran Canaria, tuvo una relevancia fundamental en la tramitación y llegada a buen puerto del Real Decreto Ley 1586/27 por el que finalmente se dividió la provincia. Pero, no adelantemos acontecimientos.
Opino que convendría hacer un breve recorrido histórico a partir de la implantación en las Islas de la mencionada Ley de Cabildos de 1912 hasta situar al lector en el día de la promulgación, y relataré también cómo fue acogida por la prensa de canaria del momento aquel magno acontecimiento.
Mientras que a nivel nacional, en España, salvando el especial caso catalán y su Mancomunitat cuyo conflicto está más vivo que nunca, el siglo XIX supuso la consolidación del modelo administrativo liberal de la provincia, con origen en la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812. Sin embargo, tras la implantación de una provincia única en Canarias la pugna por la sede de la capitalidad canaria entre los dos ciudades portuarias centrales estaba servida. Es lo que los canarios hemos venido llamando el 'Pleito Insular'.
La Ley de Cabildos de 1912 vino a reconocer el hecho insular canario y las necesidades administrativas distintas a las peninsulares, y no solo de las islas capitalinas. Aún cuando desde las instituciones centrales legislativas no se llegue a dar el paso definitivo hacia la desaparición de la Diputación Provincial de la provincia de Canarias. Pese a ello, tras la promulgación de la Ley de Cabildos, las autoridades grancanarias, a través de la potenciación de su Cabildo y negando su aportación económica a la Diputación, pretendieron, por la vía de los hechos, acabar con la institución que simbolizaba la provincia única con capital en Santa Cruz de Tenerife en pos de su aspiración última divisionista.
Hilando con los actuales acontecimientos que vive nuestra nación, conviene recordar que la Constitución española de 1876 trajo a España el periodo constitucional más largo del que hemos disfrutado, va del 30 de junio de 1876 al 13 de septiembre de 1923, 47 años (conocido como el periodo de la Restauración Borbónica). Fecha, esta última, en la que Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado desde la Capitanía General de Cataluña y suspende indefinidamente la Constitución de 1876, instaurando un directorio militar. Cuyo decreto de implantación, así como el resto de leyes de los directorios tanto militar como civil, presididos ambos por Primo de Rivera, cuentan con la firma del rey Alfonso XIII.
La reforma administrativa provincial del subsecretario del directorio militar, José Calvo Sotelo, en 1925, vino a resolver el punto que dejó pendiente Canalejas en su Ley de Cabildos: la supresión de facto de la Diputación Provincial y su sustitución por una Mancomunidad obligatoria de Cabildos representativa de la provincia. Ello, sin atreverse aún a realizarla de derecho, sin cumplir con la máxima divisionista de Gran Canaria y dejando al grupo de islas orientales en minoría en la nueva institución.
Conviene recordar también cómo el régimen de Primo de Rivera sustenta su dictadura, además de en el ejército, en un partido político de reciente creación en Valladolid, la Unión Patriótica, y en un cuerpo paramilitar de larga tradición en Cataluña, los somatenes, que expande mediante decreto al resto del territorio nacional.
Cabe destacar también cómo dos de los líderes de Unión Patriótica en las islas capitalinas canarias son dos influyentes periodistas, Manuel Delgado Barreto, -tinerfeño que dirige el partido en la provincia de Canarias, desde su puesto de director del diario oficial del régimen, La Nación, en Madrid-, y Gustavo Navarro Nieto, como ya he mencionado propietario y fundador del diario LA PROVINCIA, en Las Palmas, además de miembro fundador de la Unión Patriótica en esta ciudad. El primero mantiene contacto directo con el dictador desde su privilegiada atalaya periodística. El segundo es compañero de armas, amigo íntimo, colaborador y abulense como el vicepresidente del directorio civil y ministro de Gobernación, el general Severiano Martínez Anido, mano derecha del dictador y verdadero hombre fuerte del régimen. Ambos son los principales representantes en la capital del Estado de las aspiraciones de las oligarquías grancanaria y tinerfeña.
Llegados a este punto, les indico cómo Primo de Rivera, que pretendía inicialmente ser un mero paréntesis constitucional, una vez alcanzado el objetivo de restablecer el orden tanto en la nación española como en el protectorado marroquí tras la victoria en el desembarco de Alhucemas (8 de septiembre de 1925), decide, sin embargo, tras su regreso de Marruecos, perpetuar el régimen, convocando una Asamblea Nacional Consultiva, bajo la elección orgánica de los representantes. Asamblea Nacional que tenía como principal mandato la de dotar de una nueva Constitución a la nación, sustituyendo a la suspendida de 1876, y bajo el modelo autoritario que a nivel europeo ya había avanzado Mussolini en Italia.
Cuenta Gustavo Navarro Nieto en su libro de memorias Páginas, como "?al ser convocada la Asamblea Nacional, a Canarias le correspondía elegir a tres asambleístas, uno por las uniones patrióticas, otro por los cabildos y otro por los ayuntamientos. Ya el conflicto estaba planteado, porque era seguro que este grupo de islas se quedaría sin representación, por ser mayor el número de votos para las tres elecciones del grupo occidental". Ante esta situación, Navarro Nieto que estaba destinado en el Ministerio de Gobernación bajo las órdenes del general Martínez Anido, el cual le había reclamado para tal puesto, acude a plantearle a su protector la tesitura en que quedaba su patria chica de adopción. Martínez Anido pronto se pone de su lado manifestándole que si en ocasiones anteriores el Gobierno estuvo dispuesto a crear una provincia más en la nación, en esta ocasión con superior motivo había que ir resueltamente a por la división. Al parecer, planteó tal cuestión de inmediato al jefe del Gobierno que resolvió llevarla a la mayor brevedad al Consejo de Ministros. Como consecuencia de ello, Gustavo Navarro Nieto fue nombrado jefe de la Unión Patriótica en la nueva provincia de Las Palmas y por tanto representante de la naciente provincia en la Asamblea Nacional.
Firmándose en San Sebastián, en el palacio de vacaciones estivales del rey Alfonso XIII, el 21 de septiembre de 1927, el Real Decreto 1586/27 por el que se divide la provincia de Canarias en dos nuevas provincias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Dictándose el 27 de ese mes una Real Orden por la que se da instrucciones a las autoridades canarias del procedimiento a seguir en la elección de representantes de las nuevas provincias, duplicando las Islas su representatividad en la nonata Asamblea Nacional.
La prensa de Las Palmas de los días posteriores a la promulgación del Real Decreto divisionista nos ofrece un panorama de algarabía tanto institucional como popular, donde se expresa públicamente y sin contención la alegría desbordante que trajo la división administrativa, con celebraciones en su Cabildo y Ayuntamiento, con verbenas y fuegos artificiales en la plaza de Santa Ana. Contrastando con el panorama tinerfeño, donde una prensa censurada por el régimen o autocensurada, pretende mostrar un panorama de normalidad institucional y popular. Donde se impone el mutismo y sin opiniones críticas frente al Decreto.
Las únicas palabras que se publican se corresponden con los dos telegramas que desde Madrid Manuel Delgado Barreto, en función de su cargo de jefe de Unión Patriótica de Santa Cruz de Tenerife, defendiendo el Decreto divisionista, la moderación en la expresiones públicas de los políticos tinerfeños y el cierre de filas en torno a la fidelidad al régimen. Lo que ciertamente contrasta con la permanente lucha de más de cien años mantenida por los patricios tinerfeños que abogaban por la provincia única.
¿Desde dónde se impone a nuestros actuales políticos canarios el silencio en torno a la celebración del 90 aniversario de la División Provincial?
