Nuestro siroco cotidiano son las patrañas, no este modesto polvo que apenas molesta algunos días del año. La arena se marcha, las patrañas quedan. Las patrañas, por cierto, no son patrimonio del poder. Apenas es necesario un mínimo esfuerzo para recordar que hace un mes y medio las microalgas eran la señal inequívoca de un envenenamiento de las aguas. Quien osara a mostrarse escéptico sobre la relación entre vertidos y microalgas merecía la sospecha de infame cómplice y tiralevitas del Gobierno. Las asquerosas cianobacterias han desaparecido, y no precisamente aterrorizadas por un hediondo oportunismo político, sino por un cambio meteorológico. Motivo de denuncias tronantes y escándalo vocinglero hace pocas semanas, nadie atestigua ahora su ausencia. Qué más da.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no ha denegado ninguna autorización administrativa a la gasificadora en el nonato puerto de Granadilla. Es imprescindible una ignorancia muy notable para suponer que la CNMC se dedica a facilitar o denegar autorizaciones administrativas. Una de las patrañas preferidas de nuestro encantador ecosistema ideológico consiste en insistir en que la regasificadora -como el mismo puerto industrial- son un proyecto colosalista fruto de una aviesa conspiración entre la dirección de CC y la élite empresarial tinerfeña. Una conspiración realmente curiosa porque, casi 18 años después de abierto este expediente sigue embarrancado. Nadie que conozca a nuestros más descollantes escualos empresariales puede creer que están dispuestos a meter pasta durante casi 20 años sin ver un euro de retorno. De hecho los operadores privados que se introdujeron en el negocio del gas, integrándose en el capital de Gascan, despacharon con rapidez sus participaciones en 2011, y finalmente, a principios de 2015, Enagás Transporte adquirió las acciones de Gascan a Endesa y Sodecan. Ya no hay ni rastro de oligarquías empresariales en esta crónica interminable y a ratos exasperante. Qué más da.

He visto adornar este complot con alusiones al aeropuerto Reina Sofía -sin duda ATI o el mismo Fernando Clavijo, presionó para la inauguración en 1978- y a la moción de censura en Granadilla en la que CC y PP desplazaron al socialista Jaime González Cejas. Lo más extraordinario es que el PSOE de Granadilla -y el propio González Cejas- siempre defendió el puerto y la planta de gas, mientras que el nuevo alcalde coalicionero, José Domingo Regalado, ha expuesto su oposición al proyecto: la planta de regasificación debe instalarse en una plataforma marina a una distancia suficiente de la costa.

Distraídos en estas historietas, nadie exige las respuestas pertinentes. Porque no es suficiente que desde el Gobierno o el Cabildo de Tenerife se insista en que la regasificadora es un dispositivo estratégico para el desarrollo energético de Tenerife y su prosperidad. Quizás hace 20 años bastaba con esa retórica. Ahora se demanda razonablemente más información, más análisis, más evidencias, más debate. Fruto de un torpe desarrollo planificador y una gestión defectuosa de decisiones y frustraciones, la tardía introducción del gas en Canarias (ahora ya solo en Tenerife) no parece coherente con la estrategia energética básica del Gobierno. Pero en esto, por lo visto, qué más da.