Los que entienden que la prisión provisional de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, responsables de AN C y Omnium, está dictada por el poder político son los mismos que afirman que "de error en error hasta el desastre final". La pregunta inmediata es si, para eludir o corregir ese error judicial, alguien, desde instancias políticas, debería haber presionado a la jueza a fin de que redactara otro auto. Anteayer pude comprobar como una abogada de IU reaccionaba ante la decisión judicial tachándola de ignominia y con una alusión al dictatorial Estado español. Lo hizo nada más llegar la noticia y sin leerse el auto. La mayoría de los que comenzaron a aullar en las redes sociales no tenían ni rapajolera idea de qué iba la cosa, y tanto los independentistas, como los tontos útiles de diversas izquierdas, han sembrado la confusión: estaban entrullando a unos pobres activistas por organizar manifestaciones pacíficas. Es falso. La jueza Carmela Lamela ve indicios de un delito de sedición los días 20 y 21 de septiembre, cuando dirigieron manifestaciones y concentraciones para impedir la actuación de la policía judicial.
No pusieron un papel con una chincheta en un tablón de anuncios. Lo hicieron profesionalmente, porque los equipos directivos de la ANC y Omnium están integrados por activistas encallecidos. Mensajes de móvil, twitter, facebook. Algunos muy específicos: "Hay que detener a la Guardia Civil". Es decir, había que impedir que la Benemérita entrara en la Consejería de Economía y Hacienda para practicar un registro por orden judicial. De las diligencias practicadas se deduce que se pincharon ruedas de vehículos policiales, fueron averiados varios coches patrulla, se empujó a los agentes, se ocupó la calle para impedir que los vehículos pudieran moverse y, por último, se sitió a la comisión judicial (policías, guardias civiles, la letrada, auxiliares) para impedir su salida. Pasaron horas retenidos mientras escuchaban la zarabanda de gritos, pitidos y aplausos de los manifestantes. A la abogada la pudieron sacar cerca de la medianoche a través de una puerta trasera próxima a la salida de un teatro, camuflada entre el público. Los demás salieron en dos grupos entre las cuatro de la madrugada y las siete de la mañana.
Y ahí estaban 'los Jordis'. Al menos un par de veces se subieron pacíficamente al capó de un coche de la guardia civil y pacíficamente afirmaron, altavoz en mano, que la movilización continuaría el tiempo que hiciera falta para defender las instituciones catalanas, si eran necesario, secuestrando pacíficamente a policías y secretarios judiciales. Un golpismo patriótico y pacifista. El referéndum se celebraría sí o sí. El artículo 544 del Código Penal establece que cometen un delito de sedición "quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas y judiciales". Es exactamente lo que hicieron Jordi & Jordi aquellos días épicos de septiembre. Y la jueza estima que concurren circunstancias que aconsejan la prisión preventiva: riesgo constatado de reiteración delictiva - ambas organizaciones realizaron prácticas similares en días posteriores - y destrucción de pruebas.
