Esta semana se ha dictado prisión provisional sin fianza para los dirigentes de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Omnium Cultural, investigados por el delito de sedición. Enseguida le han llovido críticas a la jueza por su decisión, pero de la lectura del auto que les envía a Soto del Real no se puede concluir que la decisión sea una barbaridad, al menos no lo es desde el punto de vista jurídico.
Podrá decirse que el auto no ayuda a rebajar la tensión y que alimenta la llama del secesionismo, pero mal va el Estado de derecho si los jueces dejan de aplicar la ley pensando en sus consecuencias políticas. A la jueza lo que hay que exigirle es que no diga barbaridades jurídicas, pero no es de recibo que, en función del resultado y de su repercusión política, se reproche su actuación y menos aún imputarle connivencia con el poder político como si fuese el brazo ejecutor del Gobierno. El independentismo, con la Generalitat a la cabeza, vive desde hace tiempo justificando su causa a base de deslegitimar al Estado español, como si fuese un Estado autoritario, represor de derechos y sin división de poderes. Estaba claro que el auto de prisión lo esgrimiría como una prueba más de la necesidad democrática de separarse de España. Ya tiene para su galería de iconos independentistas otro más: la existencia de presos políticos.
Es lamentable que a este cortejo por deslegitimar nuestra democracia constitucional se hayan adherido Unidos Podemos, exhibiendo también ellos el cartelito de libertad para presos políticos, como si la jueza Lamela fuese titular de un Juzgado especial de Orden Público. Incluso se puede ver a parte de la izquierda tradicional recelar de la decisión judicial. Seguimos con tics antifranquistas de condenar cualquier represión, aunque ésta sea para defender la democracia constitucional, mientras se es condescendiente con los que la pisotean en nombre de un imaginario derecho de autodeterminación. A ver cuándo nos enteramos todos de que el derecho es represión, uso de la coacción física por el Estado. Precisamente por eso es importante que el Estado sea democrático y que la represión se dirija a combatir a actividades que discurran fuera del marco constitucional, sobre todo contra aquellas que aspiran a romperlo en vez de reformarlo por el procedimiento establecido.
En gran parte de la sociedad catalana, de la izquierda española y de la prensa internacional ha calado el discurso independentista de que el proceso de secesión es legítimo porque es pacífico, lo que les lleva a afirmar dos cosas. Que se puede incumplir la legalidad constitucional si se hace de manera no violenta y que la acción estatal para hacerla cumplir es represión pura y dura. Para este discurso todas la actividades del procés son libertad de expresión, a la que no se le pueden poner límites porque es manifestación de la voluntad popular. Conclusión, la desobediencia y la secesión sólo son condenables si se realizan con violencia.
Hay que desmontar de una vez esta imagen de inocente e indefenso independentismo. Hay muchas formas de violencia. Violentar la Constitución para romper el orden constitucional no es cosa menor; tampoco lo es laminar a la oposición o despreciar y vejar a los que no piensan como tú. Parece que si no hay un alzamiento físicamente violento para declarar la independencia no hay delito, pero esta actuación no es la única sancionable; sólo es la más grave y constituye un delito de rebelión. Pero hay otras formas ilícitas de perseguir este fin que, sin ser necesariamente violentas, merecen el reproche penal. Tal ocurre con la sedición, que consiste en alzarse "pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales", y el código penal sanciona a los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición. A los dos dirigentes independentistas no se les procesa por convocar una concentración ni por hablar megáfono en mano a los allí reunidos. Se les incrimina por sediciosos, o sea, por arengar pidiendo que se impida a los agentes de la autoridad el cumplimiento de una orden judicial, dentro de una campaña de agitación para conseguir fuera de las vías legales la independencia; además, la soflama tuvo como consecuencia directa el destrozo de tres vehículos policiales. Este marco de insurrección en el que se insertó esta concreta acción del 20 de septiembre es el que fundamenta, según la jueza, que sea la Audiencia Nacional la competente y el que avala la calificación de los hechos como sedición y no meros desórdenes públicos; igualmente, el que justifica la decisión de dictar la prisión provisional sin fianza, al tratarse de dirigentes que se reafirman en estar dispuestos a seguir con esa actividad de agitación, aunque sea ilegal, en pos de una declaración de independencia.
Podrá discutirse esta última medida como desproporcionada, porque pudiera haber otras menos restrictivas de la libertad que garanticen la no continuidad de los procesados en la comisión de actos sediciosos. Sin embargo, no se puede decir que carezca de justificación legal y, desde luego, no se entiende cómo un ex juez de la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón puede criticar a la jueza de esa Audiencia por declararse competente en el caso y por calificar los hechos como sedición. Menos mal que no dijo que los encausados estaban presos por sus ideas.
Cuando se juega al todo vale con tal de legitimar el proceso de independencia, es comprensible que se llegue a la exageración y a la mentira de tildar a los dos procesados de presos políticos, para así convertirlos en mártires de la cruzada. En realidad, para los independentistas todos los catalanes son presos políticos porque no se les deja decidir en paz su futuro. Lo que no se comprende es que alguien como Pablo Iglesias caiga en la banalización de la figura del preso político por intentar poner fuera de juego a Rajoy y a Pedro Sánchez. Que en esa indecencia caiga la Izquierda Unida que va de la mano de Podemos es un insulto para tantos militantes comunistas que padecieron prisión por liquidar la dictadura y que saben perfectamente la diferencia entre llegar al juzgado como una celebrity o como un cristo.
Francisco J. Bastida. Catedrático de Derecho constitucional
