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El insostenible aumento de la deuda pública española

Salir de una crisis a golpe de préstamos es una solución muy arriesgada e irresponsable. De hecho, los que se juegan su propio dinero, como las familias y las empresas no financieras, han entendido el mensaje perfectamente y están cumpliendo: entre 2010 y 2016 redujeron en 519.513 millones de euros su deuda, pasando de 2.139.260 millones a 1.619.747. Y lo hicieron soportando sobre sus espaldas los fuertes recortes económicos y sociales que impuso una Administración que predicaba austeridad.

¿Y qué hicieron los gestores públicos? Justo lo contrario: endeudarse hasta niveles que se pueden considerar de riesgo. De los 8.404 euros de deuda pública que correspondían a cada español en 2007 se ha pasado a más de 24.400 este año. Es decir, mientras ciudadanos y empresas se apretaban el cinturón, el Estado pasó de los 649.259 millones en 2010 a 1.107.205 en 2016 -un incremento de 457.946 millones-. Y si nos vamos hasta el mes de agosto de este año nos encontramos con que la cifra ya asciende a 1.133.009 millones. Es decir, el porcentaje de deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) ha pasado de representar el 35,60 % en 2007 o el 60,10 % en 2010 al 99,45 % en agosto de 2017, superando incluso el 100 % a principios de año. ¿Dónde está entonces la austeridad que tanto predicaba la Administración? Desde luego en sus números no aparece.

Y lo peor de esta situación es lo que está por venir por culpa de esa enorme mochila de la deu- da; los enormes riesgos que se asumen.

Los economistas Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, en su estudio Growth in a time of debt ( Crecimiento en un periodo de deuda), establecieron un umbral, polémico, del 90% del PIB para la deuda pública, que en caso de superarse haría caer las "tasas de crecimiento", "tanto en las economías avanzadas como en las emergentes". Y muchos economistas han coincidido en alertar sobre los riesgos de estar por encima del 80 o 90 % del PIB.

Pues bien, en España ya superamos ese umbral hace tiempo. Y el problema no se encuentra solo en si afecta en mayor o menor medida al crecimiento, también se añade la variable de las incertidumbres sobre la factura que se debe pagar anualmente por los intereses de esa deuda, que aumenta a razón de 550 millones diarios en 2017.

De tratar de amortizarla ya ni hablamos.

Para este año, solo el abono de los intereses por esa deuda van a suponer más de 31.000 millones -13.000 más de lo que se dedica al desempleo-. Y no debemos olvidar que en los momentos más duros de la prima de riesgo esa partida superó los 36.000 millones.

También es necesario tener presente que los intereses que paga el Estado ahora por la deuda se encuentran en unos niveles mínimos por la política de tipos bajos impulsada por el Banco Central Europeo, que lógicamente tiene fecha de caducidad. Actualmente, según los datos del Tesoro Público, se está abonando un interés medio por las letras, bonos y obligaciones del 2,79 %, pero es que antes de que estallara la crisis se movían en torno al 4,3 %, una cifra que no se puede descartar, puesto que van a repuntar; y eso se traduciría, ateniéndonos a los tipos previos a 2007, en alrededor de 15.000 millones anuales más. Y cerca de tres cuartas partes de la deuda española es a medio o largo plazo.

Las incertidumbres que alimentan la desconfianza de los inversores y la subida de tipos las tenemos ya a la vuelta de la esquina. La Autoridad Fiscal Española (Airef) ya ha advertido sobre ello: la impredecible situación de Cataluña. Una incertidumbre que de prolongarse -todo hace prever que sea así- puede llegar a suponer una caída del PIB de entre 4 décimas y 1,2 puntos -en el extremo más grave la pérdida de más de 13.000 millones- e incrementar el coste de la deuda.

¿Y quiénes van a pagar esa irresponsabilidad? Las mismas personas y empresas -vía impuestos y recortes- que han tenido que esforzarse en reducir su deuda.

Qué fácil es jugar con el dinero de los demás. Y qué poca factura pasa.

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