Los socialistas no salvan a Santiago Negrín absteniéndose en el pleno extraordinario que se celebrará hoy en el Parlamento de Canarias, sino que se comprometen, en una situación muy delicada, a salvaguardar los intereses públicos y a evitar una monstruosa prevaricación. Porque destituir a Negrín a mediados de noviembre -y máxime sin un sustituto y un plan de acción consensuado entre los censurantes- significa, sin más, apostar por una nueva prórroga -jurídicamente inviable- para la continuidad del contrato del actual operador privado. Un concurso de una gran complejidad técnica y abierto a empresas en todo el ámbito de la UE no se improvisa en un par de meses ni se falla en quince días. Queda el tiempo justo para hacerlo cumpliendo todos los rigurosos requisitos exigidos, incluidos los plazos legales. Incluso si se argumentara que existen otras razones para destituir a Negrín como presidente de la corporación RTVC habría que aparcarlas momentáneamente para no embarrancar al canal público en un callejón disparatado que no tendría otra salida que un oscurísimo futuro en los tribunales de justicia. Nadie está excluido de un concurso millonario que será observado con lupa dentro y fuera de Canarias y que contará con todas las garantías jurídicas y procedimentales. Por otra parte el presidente cesa el próximo mayo, al cumplir los tres años de su mandato, y no parece contar con apoyos suficientes -por decirlo suavemente- en la Cámara regional para renovar su contrato.
Dos años y medio de experiencia han demostrado que la ley que garrapatearon febrilmente José Miguel Ruano y Manuel Fajardo a finales de la pasada legislatura era un despropósito. Pero achacarle la responsabilidad de este fracaso a Negrín constituye un despropósito aun mayor. El fracaso, principalmente, compete a todos los grupos parlamentarios -con mayor cuota Coalición Canaria, PSC-PSOE y PP- por ser incapaces de comportarse con la responsabilidad y el obstinado rigor que la flamante normativa legal les adjudicaba. La nueva televisión canaria debería ser monitorizada y fiscalizada directamente por el Parlamento y el Parlamento, simplemente, en lugar de diseñar, implementar y sostener una política audiovisual, no ha resistido la enésima tentación de transformar el canal en un instrumento de ataque y defensa partidista. Ni siquiera lograron imponer un consejo rector deliberativo, operativo y capaz de trabajar más de tres día seguidos si era necesario. No entendieron en absoluto en que el objetivo estratégico era la profesionalización de la gestión con criterios objetivos y evaluables por un consejo rector de naturaleza fundamentalmente técnica, no armar la enésima bronca con la televisión autonómica como campo de batalla dentro y fuera del prime time parlamentario.
Históricamente ha sido el Partido Popular quien ha practicado con más fervor la incoherencia respecto a la televisión canaria. No hace demasiado tiempo José Manuel Soria afirmaba -como José Miguel Bravo de Laguna en sus tiempos- que la televisión canaria debería cerrar, sin más, o en el mejor de los casos, transformarse en una televisión enteramente privada. Durante varias legislaturas los conservadores mantuvieron una actitud esencialmente epiléptica. Si estaban en la oposición abominaban entre gruñidos y ajijides de la tele autonómica y propugnaban su cierre inmediato, fulminante, mejor anteayer a primera hora que mañana por la tarde. Si entraban en el Gobierno se calmaban súbitamente y proponían sin tardanza el nombre de los profesionales que ocuparían los puestos que le correspondían al PP en el organigrama. A lo largo la última etapa de Willy García como director general, es decir, los dos mandatos presidenciales de Paulino Rivero, el PSOE -que compartía el Ejecutivo con CC en el segundo de ellos- exigía en voz abaja, durante meses inaudible, su destitución inmediata, mientras el PP, simplemente, no parecía demasiado preocupado por el asunto.
Ahora es el PP el que se ha incorporado a la voluntad política de Nueva Canarias para aniquilar a Negrín como un apestado aprendiz de brujo: como nunca, por cierto, se les ocurrió tratar a Willy García. Asier Antona, que ha impulsado a su partido a esta posición debeladora, comparte un análisis básicamente erróneo con Nueva Canarias. Si Coalición Canaria es expulsada del poder autonómico se deshará como un azucarillo y todo el voto de centroderecha en Gran Canaria y en Tenerife -con su efecto no mensurable pero apetecible en La Palma- caerá en manos de los conservadores como fruta madura. Es un diagnóstico un poco primario, aunque Román Rodríguez se lo repite a Antona cada vez que lo ve. Tiene trazadas desde Madrid las líneas rojas (nada de moción de censura, nada de impedir la aprobación de los presupuestos) pero en todo lo demás se siente autorizado para ir por libre. Cree que, además, su jugada parlamentaria es asaz brillante, porque consigue colocar al PSOE (supuestamente) como un partido auxiliar de CC. Un propósito un poco grotesco después de firmar un acuerdo para apoyar el proyecto presupuestario del Gobierno de Fernando Clavijo para 2018 sin especiales concesiones a ninguna de las propuestas económicas y fiscales relevantes del PP. Los socialistas no apoyarán los presupuestos, pero el PSC de Ángel Víctor Torres es muy sospechoso -o al menos tenebrosamente incomprensible- porque no votará a favor de la destitución de Negrín. El aliado de Clavijo no es el PP, según el proceloso relato de la Sagrada Hermandad del Mando a Distancia, aunque el PP haya apoyado los grandes proyectos legislativos de CC y avale los presupuestos regionales, sino Ángel Víctor Torres.
Como portavoz de los conservadores en el pleno extraordinario se ha elegido a Luz Reverón, diputada por Tenerife desde que Guillermo Díaz Guerra fue nombrado subdelegado del Gobierno en la provincia santacrucera y debió abandonar el escaño. La confianza en Luz Reverón no queda demostrada únicamente por este delicado encargo, sino en la propia comisión ejecutiva del PP de Canarias, donde ocupa una de las vicesecretarias (Acción Sectorial). Reverón forma parte del núcleo duro del poder orgánico popular, lo que hace algunos meses causó cierto asombro en las filas del partido y, en especial, fuera de Tenerife, donde es una perfecta desconocida. Tampoco en la política tinerfeña brilló cegadoramente. Funcionaria técnica del Cabildo de Tenerife, donde ocupó la dirección del área de Planificación, Reverón fue el fichaje estrella de Miguel Zerolo en las elecciones municipales de 2007, asumiendo la Concejalía de Urbanismo. Fue muy sonado su viaje a Madrid, con tres técnicos de Urbanismo, donde en tres días se pulieron 4.700 euros, allá por 2008. La vida siempre ha debido sorprender a la diputada. A finales de enero de 2012 -no era ya concejal, pero sí secretaria de Comunicación de CC de Tenerife- abandonó las filas nacionalistas y declaró melancólicamente a los periodistas: "Por ahora, no quiero volver a la política, aunque nunca se sabe si un día volveré". Para ser francos, no se supo en un día, sino en tres semanas, porque a mediados del siguiente febrero ingresó en el PP y fue designada delegada Insular del Gobierno en La Gomera, primer y modesto paso en el cursum honorum del PP, que fue completado más tarde al entrar como ejecutiva en la empresa Tragsa. La principal virtud política de Reverón -como técnica es eficiente, testaruda y formalista según sus subordinados- consiste, precisamente, en no disponer de ninguna base de poder propia en el PP, una organización en la que aterrizó por la azotea gracias al empuje y el paracaídas de Soria. Ahora le debe todo su ascenso a Antona y es agradecidamente antónica hasta la médula. A Reverón le toca escenificar el castigo al Gobierno en la persona y la ejecutoria de Santiago Negrín para evidenciar que nada tiene que ver el Parlamento con el actual desaguisado y que los socialistas le sirven el desayuno diariamente a Clavijo a la cama, para que no se moleste en madrugar demasiado. No será la única que dedique toda la sesión parlamentaria a hacer luz de gas sobre la televisión autonómica y el concurso de suministros.
