El juez Pablo Llarena dispone de la poción mágica que transforma a los independentistas irredentos en españolistas fervorosos. Entran en su despacho tarareando Els segadors y salen entonando un vibrante Que viva España. No hay razón para que el bálsamo del magistrado del Supremo solucione únicamente rebeliones y sediciones. Al contrario, su potencia sanadora debe aumentar en delitos de menor enjundia.
Por mucho que al Gobierno le interese que Cataluña oculte sus vergüenzas, el país tiene problemas más acuciantes. Uno de ellos se llama corrupción, que no puede curarla ni la cirugía del Tribunal Supremo en pleno. Sin embargo, existe un grado intermedio entre el corrupto y el sedicioso fiscal, al que debemos de-nominar secesionista tributario. Los adeptos de esta fe han independizado sus impuestos.
La ley de amnistía fiscal no solo era más inconstitucional que un referéndum, sino que también ha resul-tado estéril contra los secesionistas tributarios. Las entregas sucesivas de la documentación de paraísos fis-cales demuestran que el juego consiste en encontrar a un solo multimillonario que no practique la evasión masiva. La identificación y escarnio de los patriotas farsantes no ofrece un consuelo suficiente, sin una restitución de las cantidades defraudadas. Aquí es donde intervienen los prodigiosos poderes disuasorios del juez Llarena.
En vez de declarar incurables a los secesionistas tributarios, una resignación colectiva que juega a favor de los delincuentes, se les debe aplicar una inmersión súbita en el Supremo. A juzgar por el efecto que la institución ha tenido sobre los independentistas, se producirá una conversión inmediata para el futuro, amén del abono de las cantidades adeudadas. En los doscientos días hábiles al año, un magistrado del alto tribunal puede rescatar 2.000 millones de euros. Adiestrando a más jueces, la Agencia Tributaria no daría abasto a recaudar las cantidades hoy independizadas. Y si esta redención monetaria no ocurre, deberemos concluir que no abunda el interés en lograrla.
