El proyecto de Presupuestos de Canarias para 2018 elaborados por el Gobierno de Fernando Clavijo acaba de sortear el primer gran escollo con el rechazo, el pasado miércoles en el Parlamento regional, de las enmiendas de devolución presentadas por Podemos y Nueva Canarias. El pacto previo alcanzado entre CC, el PP y ASG se concretó en la Cámara dando garantía a una tramitación más o menos tranquila del programa económico y fiscal para el próximo año que ha contado con una abstención crítica pero inclusiva por parte del PSOE. En un marco de gran inestabilidad política en el conjunto del Estado por la crisis catalana, y de un horizonte incierto sobre las propias cuentas estatales para el próximo año, cuyo proyecto está aún pendiente de presentarse en el Congreso, el Ejecutivo canario no ha dudado sin embargo en ofrecer el plan de acción que a su juicio debe acometerse en los próximos meses para consolidar la recuperación económica en las Islas y empezar a devolver a los ciudadanos parte del sacrificio que se les pidió durante los duros años de la crisis.
Esta es quizá la principal seña de identidad de unos Presupuestos que son claramente expansivos por primera vez al menos en los últimos diez años, que alcanzan números récord tanto en cifra total (8.239 millones) como en porcentaje de crecimiento (12,9 %), y que presentan unas previsiones de gasto e inversión, con la consiguiente respuesta en la creación de empleo, y un plan de ajustes fiscales moderados y muy singularizados que los convierte significativamente en una herramienta de distribución de riqueza en las Islas. El proyecto no abandona el principio doctrinal asumido desde el primer momento por el actual equipo dirigido por la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, sobre el obligado rigor presupuestario para lograr la consolidación fiscal que exigen el Estado y la propia UE. Una senda que ha llevado a Canarias a ser la comunidad autónoma con mejor cumplimiento del control del déficit y menor endeudamiento pese a ser una de las peor financiadas. Pero a partir de esa situación de cuentas saneadas vitales para lograr una Canarias competitiva y solvente económica y financieramente, el nuevo proyecto presenta un claro salto cuantitativo y cualitativo en el ámbito social, de fomento del empleo y de rebajas fiscales para familias, jóvenes, autónomos y pymes, que otorga verosimilitud al lema con el que el Gobierno trata de ´vender´ su idea: "Hacia una Canarias más justa". Lema que se presenta con un estandarte llamativo: 8 de cada 10 euros del Presupuesto de 2018 se dedican a las personas.
En concreto, se destinan 5.808 millones a los servicios públicos, con un crecimiento en este capítulo de 439,7 millones, de ellos 231,7 millones más para Sanidad, con especial énfasis en tratar de reducir las listas de espera; 104 para Educación, y 99,5 para políticas sociales. Se plantea además un incremento de la inversión productiva en más de 318 millones, un 45 % más que en las cuentas de 2017, para promover el crecimiento y generar más empleo. También hay más transferencias de capital para las corporaciones locales e insulares. Todo este incremento inversor supone ciertamente un espaldarazo al dinamismo de la economía canaria para mantener su crecimiento por encima de la estatal en los últimos años, y tratar de trasladar esta dinámica al empleo.
Pese a las prudentes expectativas recogidas en el proyecto presupuestario ante la incertidumbre política por la crisis en Cataluña y las dudas sobre el Presupuesto estatal, se plantea un horizonte de crecimiento del 2,5 % (frente al 3,3 previsto para el cierre de 2017) y un descenso del paro de un 2% hasta el 22,9 % del total del censo laboral canario. Algunas dinámicas y singularidades del mercado laboral impiden una mayor reducción del paro, pero hay elementos, como el reforzamiento de las inspecciones laborales y medidas contra el fraude fiscal por valor de 4,5 millones que acometen al menos en parte esos problemas. Una lectura territorial de las cuentas invita a pensar que el proyecto aplica un razonable equilibrio inversor entre las diferentes islas, aunque quizá no tan "exquisito" como señala el Gobierno. Tenerife es la isla que lidera el gasto inversor y lo hace por tercer año consecutivo por encima de Gran Canaria en términos porcentuales (37,3 frente a 27 %, respectivamente), lo que ha llevado a poner el grito en el cielo a determinados sectores políticos de la isla redonda. Pero tiene razón el Ejecutivo cuando aduce que la visión del proyecto tiene que ser "de conjunto" y no "como fotos separadas" y que los fondos fluyen de unos territorios a otros en función de la fase en que se encuentren en cada uno de ellos las infraestructuras o programas de gasto. Los esfuerzos para garantizar el equilibrio inversor nunca son pocos y la vigilancia para que así sea siempre se tiene que extremar, pero no conviene tampoco reducir el análisis de la principal herramienta para hacer política económica con óptica regional a una suma y resta de las perras en función de su destino insular. "El debate sobre los desequilibrios es mediocre y lleva a la pobreza intelectual", explica la consejera Dávila tras defender el reparto que se ha previsto para el próximo año.
En materia fiscal, los Presupuestos que ahora inician su trámite parlamentario para su entrada en vigor el 1 de enero tienen una característica esencial: está muy pensada para que tenga incidencia en determinados sectores económicos y sociales, con una clara voluntad de que su moderado coste de 124 millones en total no descuadre el marco general. Se trata de una rebaja fiscal "hecha con bisturí", como dice la consejera, que por una parte incluye nueve deducciones del tramo autonómico del IRPF y reducciones del tipo del IGIC en ambos casos incorporando propuestas de la mayoría de los grupos políticos con los que ha negociado el Gobierno. En uno y otro caso los principales beneficiados son los jóvenes, las familias, personas con dificultades, los autónomos y pequeñas y medianas empresas, sectores para los que las medidas suponen un alivio y a los que se empieza a devolver lo que los recortes de años atrás les quitó. Son variados los ejemplos en que las rebajas fiscales alcanzan a sectores significativos de la sociedad canaria más necesitada, aunque destaquemos aquí por lo que tiene de innovadora, la llamada tasa rosa, por la que, a propuesta de Podemos, los productos de higiene femenina quedan exentos de pagar el IGIC. El Gobierno ha evitado, con acierto, abrir en estos Presupuestos en una dinámica de bajada generalizada de los impuestos, como le reclamaba el PP con una propuesta que afectaría al capítulo de ingreso en unos 400 millones, sobre todo con la rebaja lineal de dos puntos en los tipos de IGIC, y ha pospuesto, con buen criterio, la "modernización" del sistema tributario para un proceso posterior y más sosegado.
Cabe destacar en este primer tramo de la discusión presupuestaria que el capítulo de ingresos está pendiente todavía de que quizá en el primer trimestre de 2018 se hayan aprobado ya los Presupuestos del Estado para ese ejercicio y que en ellos se incluya la ficha financiera pactada entre Canarias y el Estado, con la correspondiente mayor financiación de servicios básicos por la exclusión de los recursos del REF del sistema de financiación, de unos 360 millones, y los derivados de las dotaciones para los diferentes convenios de infraestructuras y de empleo. Su incorporación a las cuentas regionales se haría mediante la aprobación de una ley de Crédito Extraordinario como el que se aprobó en julio pasado de 340 millones.
