La aprobación por el Congreso de los Diputados (por unanimidad) de una moción del diputado Quevedo (no olvidemos el peso del voto 176) para la creación de una comisión de estudios para el traslado de la Base Naval puede servir para dos cuestiones: una, para que no se haga absolutamente nada, y otra, para que expertos en logística militar y políticos se enreden en un cansino debate sobre la idoneidad o no del traslado, el papel de Gran Canaria como bastión defensivo frente a África, o en una especulación eterna sobre qué terrenos son los mejores para las nuevas instalaciones. Digamos entonces que el desalojo de la Base Naval del que parece un lugar neurálgico para el desarrollo de Las Palmas de Gran Canaria entra en cuarentena, y sus señorías aceptan que venga a ser de interés una fecha muy posterior al siglo XXI. El Ministerio de Defensa, según ha declarado su titular, espera hacer una operación rentable para su negociado, o sea, que el municipio le pague una cantidad suficiente para el traslado, sin entrar o salir en el detalle de que la enorme superficie -una gran parte de ella de utilidad discutible- fue expropiada al Puerto por el desarrollismo bélico del régimen franquista triunfal. Pero hay que hacerle entender a Cospedal que la cuestión no es esa, sino simplemente que está ciudad esta harta de tener un tapón en su frente marítimo, o que no puede disponer del paraje natural de La Isleta por culpa de una instalaciones infrautilizadas. Y lo mismo se puede decir de las viejas construcciones de Barranco Seco. Si para cada una de esta desafectaciones hay que crear una comisión no decisoria, aviados estamos. Está más que claro que en Madrid nos ponen cualquier señuelo y abrimos la espita para practicar el papanatismo. La Base Naval, ojalá me equivoque, será un expediente kafkiano.
