Las palabras del presidente del Gobierno de España en sus primeras declaraciones después de ganar las elecciones generales de 2011 fueron que se había encontrado un país en quiebra, que había que salvar a los bancos con dinero público para que la economía no quebrara, que tendríamos que apretarnos todos el cinturón, y que había que hacer un esfuerzo entre todos para crecer económicamente, y que después de ese crecimiento ya vendría la generación de empleo y posteriormente la redistribución de la riqueza generada, me quedé pasmado al escucharlo.
El apretón del cinturón supuso de manera inmediata el recorte del gasto en políticas fundamentales como prestaciones sociales, educación y sanidad, acompañada de una reforma laboral que facilitaba el despido en lugar de la contratación laboral. Al mismo tiempo se generó una campaña de descrédito de los trabajadores públicos que alentó a los ciudadanos a apoyar sus rebajas salariales. Una trampa, porque lo que vino después fue la rebaja salarial generalizada de los trabajadores también del sector privado.
La consecuencia es que entre 2007 y 2014 España, Grecia y Portugal fueron los tres países de la Unión Europea y de la OCDE que experimentaron la mayor pérdida porcentual de salarios acumulada para cualquier estrato de renta. Y sobre todo para los trabajadores de menor renta la pérdida de poder adquisitivo fue extremadamente alta rozando el 70%. Los trabajadores de salario medio perdieron entre un 50 y un 30% respectivamente en Grecia y España. En el primer trimestre de 2014, según la encuesta de población activa, de 5.925.359 personas que se encontraban en desempleo, 3.997.656 no recibían ningún tipo de prestación (según el INE). En ese periodo España fue el país de la OCDE junto con Estonia donde peor evolucionó el índice de Gini, indicador usado para medir la desigualdad.
Esta tendencia venía también de gobiernos anteriores, ya que según la encuesta financiera de las familias elaborada por el Banco de España entre 2008 y 2011 la mediana (es decir el punto medio) de la renta de las familias en España se redujo un 8,6%, entorno a 2.400 euros menos al año. Pero aún hay más, el proceso de concentración de la riqueza en España no se explica exclusivamente por la crisis económica surgida a partir del año 2008, se dio también incluso en periodos anteriores a la crisis con tasas de crecimiento económico abultadas. En su trabajo de 2013 Arellano y Bover (http://www.cemfi.es/~arellano/arellano_bover_vol_js_2013.pdf) analizan la encuesta financiera de las familias, elaborada por el Banco de España, en los períodos 2000-04 y 2004-08, y detectan que durante ese periodo, a pesar de las abultadas cifras de crecimiento económico, aumentó la desigualdad de la renta en términos reales. (Texto extraído de mi libro Democracia e Igualdad El Papel de un Gobierno en la Economía www.manuelromerohernandez.wordpress.com)
¿Qué políticas propuso el gobierno para sacar a nuestro país de la crisis económica y social? En un informe de Fedea elaborado por Betancor y Llobet, sobre las inversiones de la Alta velocidad en España, símbolo de crecimiento económico y modernización del país, y al mismo tiempo de lucimiento político, podemos encontrar un ejemplo (http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2015-08.pdf). El informe revela que por cada euro invertido en el AVE Madrid-Barcelona se recuperarán sólo 46 céntimos de rentabilidad socioeconómica. En el caso del Madrid-Sevilla por cada euro invertido el estado recuperará sólo 11 céntimos de rentabilidad socioeconómica. Los investigadores lo han calificado como un auténtico despilfarro. Como dato España, tiene la segunda mayor red en kilómetros de alta velocidad, 2.515 kilómetros, detrás solo de China con 11.132 km y Japón con 2664 kilómetros. La previsión es que España aumente la inversión hasta 5.525 kilómetros. El coste total de la inversión suma ya 40.000 millones de euros y la previsión es que alcance los 62.000 millones de euros en los próximos años. El AVE es el ejemplo perfecto de cómo una política de crecimiento económico puro y duro, beneficia sólo a unos pocos, a quienes lo construyen, y no al país en su conjunto que sí que lo pagamos con nuestros impuestos y nuestros apretones de cinturón.
Al mismo tiempo me gustaría contarles lo que le ocurrió a una amiga. Hacía dos años que había dejado de trabajar, y había dedicado sus ahorros a formarse de manera intensiva como naturópata. Cuando llegó el momento de dedicarse profesionalmente a su nueva profesión en 2013 se dio de alta en la Seguridad Social, e inmediatamente en el primer mes en el que apenas pudo concertar unos pocos clientes, tuvo que pagar la primera cuota de la seguridad social de 269 euros al ser su base de cotización de 875 euros, que no tiene nada que ver con sus ingresos claro. Para hacer frente a ese coste, decidió trabajar a tiempo parcial en el herbolario que atendía a sus clientes, de modo que al ser contratada por cuenta ajena se generó una segunda cuota de la seguridad social de 213 euros al mes, con un sueldo de 650 euros al mes. Mi amiga es una gran persona y tiene una mucha fuerza interior además de ser una persona muy generosa, decidió mantenerse en su intento de ser autónoma, no desistir, y mantener su propia iniciativa empresarial hoy empieza a recibir los primero resultados.
Lo hecho, hecho está, pero ¿cuál es su opinión sobre lo que debe seguir haciendo el Gobierno de España? ¿Continuar con políticas que como el AVE generan cifras de crecimiento económico altas pero que concentran la riqueza en unos pocos y generan una pérdida a la sociedad en su conjunto? O en cambio, ¿ejecutar políticas enfocadas a mejorar el bienestar social como podía haber sido cobrar una cuota de la seguridad social a autónomos y autónomas como mi amiga en función de sus ingresos y gastos que le permitiría estabilizarse e independizarse en el mercado, y en el futuro contratar a otras personas? Lo digo porque en democracia un gobierno debe hacer lo que los ciudadanos le ordenen. Aclarar que también se genera crecimiento con esta segunda política porque hay aumento de la actividad económica. El crecimiento económico que se genera se distribuye además de manera más equitativa en la sociedad y es sostenible a largo plazo porque la actividad empresarial que se sustenta sola, no depende de las subvenciones como el AVE. En cambio el crecimiento económico del AVE se acaba con la finalización de su construcción. Mi opinión es clara, me decanto por la política de los autónomos y subordinar el crecimiento económico máximo al objetivo del bienestar social, por otro lado es lo único justificable formalmente en los modelos de equilibrio general de una economía.
