No necesitamos otro pacto por la sanidad en Canarias. Lo que requerimos es que la consejería de Sanidad asuma que el Plan de Salud de Canarias 2016-2017, aprobado por unanimidad en el Parlamento de Canarias en el mes de julio de 2016 y refrendado en el Gobierno de Canarias a través del Decreto 132/2016 de 26 de septiembre, incorpore el Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias, en el marco del Plan de Salud con vistas a su renovación para el periodo 2018-2022.

Consideramos oportuno plantear lo que supone esta situación desde el contexto de la acción de gobierno, que se soporta en tres elementos interdependientes: la capacidad de gobierno, la gobernabilidad del sistema y el plan de gobierno. Con una inestabilidad política e institucional importante, reflejada en tres legislaturas con cinco consejeros de sanidad de tres partidos políticos diferentes en nueve años, a un promedio aproximado de dos años por consejero, y las limitaciones en la capacidad de los gobiernos, por la discontinuidad y baja profesionalización de cargos públicos y gestores en la consejería de Sanidad, consideramos que hay motivos suficientes para pensar que la renovación y mejora del Plan de Salud de Canarias 2016-2017, que necesitó de ocho años para su alumbramiento como plan de gobierno, debe ser el marco del mejor pacto posible. Un plan que por su periodo de vigencia pueda trascender al consejero actual y al partido político o familia política del partido que gobierna. Pero además, porque el sistema sanitario, los profesionales y la ciudadanía, necesitan con urgencia un Plan de Salud como poder de decisión, para marcar el rumbo del proceso de cambio que el Sistema Canario de Salud está necesitando desde hace más de quince año. Conviene remarcar la complejidad y trascendencia social del ente público del Servicio Canario de la Salud que cuenta con 23.000 trabajadores y un presupuesto de siete millones de euros diarios que suponen más del 40 % del presupuesto de la Comunidad Autónoma.

No pretendemos quitarle valor al esfuerzo realizado en la elaboración participativa del Compromiso. Por el contrario, la mayoría de las propuestas que se hacen son formuladas como los compromisos de acción u operaciones perfectamente integrables en las líneas de actuación del Plan de Salud y por tanto alineables -si hay voluntad política y rigor en el cumplimento de la ley- a los futuros inmediatos planes insulares de salud y a los programas de gestión convenida de las gerencias o programas estratégicos de las direcciones de las Áreas de Salud, tal y como plantea el Articulo 70 apartado 1 de la Ley 11/1994 y el epígrafe 7.2 del III Plan de Salud de Canarias. Hay otras propuestas que el Plan de Salud no contempló y que son absolutamente necesarias para la misma eficacia del cambio que el Plan propone. Nos referimos al plan de inversiones que habría que informar y decidir contando con los Consejos de Dirección y de Salud de las Áreas, como los mismos planes insulares de salud y el importante capítulo del Compromiso con los profesionales del sector sanitario. Para la toma en consideración de este importante capítulo de activar una política de recursos humanos, por la consejería, los sindicatos no representativos pero con importante implantación en el sector sanitario, no tienen presencia en los órganos de participación del Servicio Canario de la Salud, pero lo que sí se pudo conseguir en el plan fue colocar tímidamente la opción de que estas fuerzas sindicales, y actores imprescindibles para viabilizar los cambios estratégicos que el Plan plantea, puedan incorporarse a los Consejos de Salud de las Áreas. La consejería del momento no quiso ir más allá con este importante tema (último párrafo del epígrafe 7.2, página 45, del Plan de Salud).

Hay muchos más motivos para argumentar la importancia estratégica de incluir el Compromiso por la Mejora de la Sanidad Publica de Canarias en el marco del Plan de Salud de Canarias por lo que consideramos que esta puede y debería de ser la propuesta que hagan los firmantes de dicho Compromiso y la Consejería de Sanidad, para la renovación del Plan de Salud para el periodo 2018-2022.

Sin duda que se necesita un pacto político; pero para asegurar la estabilidad y la continuidad del Servicio Canario de la Salud como servicio público de financiación y de provisión pública de servicios y que podría asentarse en el marco de la propuesta de la Iniciativa Legislativa Popular por una nueva ley de sanidad en Canarias que duerme en el Parlamento.