Hace unos cinco años, un grupo de empresarios y profesionales me invitaron -como estudioso del tema de las pensiones- a darles una conferencia-coloquio en el Hotel Santa Catalina sobre los problemas y futuro de las pensiones de jubilación en España, tras la reforma de Zapatero de 2011 y con los borradores de la última del PP de 2013.
Hoy, lamentablemente, tengo que decir que todos los problemas señalados en aquella ocasión siguen en pie (agravados). No por mi clarividencia sino porque no se ha hecho casi nada, fuera de las reformas señaladas y las de 1985 y 1997.
Empezando por el Pacto de Toledo (sacar el problema del debate político y plantear soluciones por consenso) que ha demostrado su inoperancia e inutilidad estos últimos años. Y peor aún con el pleno monográfico del Congresos de los Diputados en donde se lleva al debate político nuestro sistema de pensiones y se abre el camino del disenso, donde son casi imposibles e inconvenientes las soluciones desde la minoría parlamentaria del PP.
¿Por qué este destrozo de un pretendido camino de consenso por parte de la izquierda parlamentaria en un tema tan serio y grave para millones de españoles? Vamos a decir verdades (matemáticas, estadísticas, de cálculo actuarial, sociométricas, etc) y vamos a alejarnos del debate político para constatar la gravedad de la situación en que estamos que no es muy distinta de la de otros países de nuestro entorno europeo que, sin embargo -en general- han sido más valientes afrontando el problema. Pero tampoco hay que asustarse.
El problema de España no son las pensiones, es su déficit público y el privado de ahorro de los ciudadanos. Recauda el Estado (no hablamos del abultado déficit autonómico) casi 400.000 millones de Euros (incluidas las cotizaciones de la Seguridad Social), pero gasta cerca de 430.000 millones anuales. Luego faltan 30.000 millones (el presupuesto de un ministerio medio) que hay que financiar siendo más de la mitad de ese déficit el del sistema de pensiones. Luego el Estado debe reducir gastos o aumentar la presión fiscal. Y el ciudadano, si quiere mejor futuro, inexorablemente tiene que ahorrar algo (lo que pueda que , hoy por hoy, no es mucho).
¿Hay que asustarse porque se diga que está vacía la caja de las pensiones? Creo que no. Primero porque no existe tal caja y segundo: el Estado siempre será el garante financiero del sistema. Uno de los principales logros del estado de bienestar, las pensiones, junto con la sanidad pública y educación, tendrán que estar siempre, más o menos, a salvo de cualquier debacle futura por la cuenta que les traerá a los políticos de turno y por la propia responsabilidad institucional de nuestro sistema democrático.
Pero hay una verdad muy dolorosa que todos debemos enfrentar: la recaudación de la Seguridad Social es insuficiente. Desde 2011 el sistema adolece de un creciente déficit. Y este seguirá indefinidamente. Otra verdad: haciendo proyecciones macro, salvo milagro, en los quince años próximos con la recaudación de la Seguridad Social no se conseguirá dinero suficiente para cubrir las pensiones en España por la gravísima inversión de la pirámide de edades de nuestra población. En los próximos años se jubilarán cada vez más personas agravando el cuadro del sistema enfermo. ¡Necesitaríamos, por ejemplo, varios millones de emigrantes que entrasen a cotizar en el sistema! Y eso no va a suceder. Tampoco un incremento de natalidad para no ser los más viejos del mundo, como los japoneses, resolvería la situación.
Se ha dicho que subiendo las tasas de empleo está la solución y esto tampoco es verdad. ¡Tendría que haber más de un 125 % por ciento de empleo (un sobre-empleo, algo inaudito)! Y, obviamente, esto no va a suceder. Primero habrá que seguir bajando el paro que aún es muy alto, además de tener una componente estructural difícilmente atacable. Y luego mejorar las cotizaciones vía incremento de sueldos y finalizar el sistema de esa ciega política de mini-cotizaciones que no sólo no resuelve el déficit sino que lo agrava e incrementa cara al futuro.
Hay que dar transparencia al sistema. Hay que cumplir el mandato de informar por carta a todos los cotizantes sobre cual será su futura pensión pues la gente en general no suele tener mucha idea de cómo quedará su pensión en el futuro. Y ello supondrá estimular el ahorro. Y esta es otra verdad. Nuestra capacidad de ahorro (que no es tan baja como se dice si vemos los primeros 50 países de la OCDE) va creciendo muy despacio en la salida de la crisis y hay que estimularlo de la mejor forma posible y la primera es desde la trasparencia para que conozcamos cuál es la verdad.
En honor a un sistema de pensiones transparente se deberán desligar las pensiones asistenciales (los que no han cotizado) del sistema público de pensiones de la Seguridad Social y establecer la correspondiente partida presupuestaria del Estado para su mantenimiento, financiándolo con una imprescindible (la mínima necesaria para no perjudicar empleo y consumo) subida del IVA pues nuestros tipos mantienen aún margen de elevación con respecto a los equivalentes en Europa.
Otra cuestión que está en la calle: ¡Hay que subir a los pensionistas cada año el IPC y no el mísero 0,25%! ¿Acaso se ha pensado lo que va a suponer de incremento del déficit esta medida (todo lo justa que se quiera, pero populista)? Estaríamos hablando de un incremento este año de unos 1.600 millones de euros? Desde 2008 a 2017 las pensiones se han incrementado sobre un 9% y el IPC un 10%, luego los pensionistas han perdido un 1% de poder adquisitivo; pero el salario medio de un trabajador en el mismo periodo ha perdido un 8% y esto sí que es grave. ¿No sería mejor incidir en políticas activas de mejora de las nóminas de las empresas que incrementarían la recaudación de la Seguridad Social? Hay que ser claros, si se quiere volver a la regla de revalorización del IPC las restricciones financieras del sistema nos llevarán a un aumento de ingresos y un cambio de las condiciones de jubilación y cálculo de las nuevas pensiones. Y si se quiere -como reclaman algunas voces- suprimir el sistema del factor sostenibilidad (que implicará nuevas pensiones con una merma inicial del 3% aproximadamente), según la esperanza de vida, a aplicar a partir de 2019, estaremos en la misma cuestión: la restricción financiera del sistema que habrá que apuntalar por otro sitio.
Hay otra verdad muy dura de asumir. Lo acaba de decir el experto Eduardo Bandrés, director de Economía pública y bienestar de Funcas: "La edad de jubilación se retrasará hasta los 70 años". Las proyecciones, independientes, de este experto y su fundación son claras. En 2027, de acuerdo con la reforma de Zapatero en España, nos jubilaremos a los 67 años y el proceso empezó en 2011. Luego en un plazo de otros 15 años no será descartable llegar a los 70 progresivamente, teniendo en cuenta la prolongación de las expectativas de vida.
Y, finalmente, debemos de acostumbrarnos a convivir con un sistema de pensiones públicas cambiante -según circunstancias-, ajustado constantemente a las restricciones financieras públicas y en continuas y progresivas reformas para asegurar la viabilidad y seguridad del sistema en lo que todos estamos de acuerdo.
