En este país ocurre algo con la Justicia, y ese algo tiene que ver con la disparidad entre el sentido común y los fallos judiciales. Estremece saber, según la sentencia, que el grupo La Manada no ejerció la violencia para intimidar a la víctima de múltiples penetraciones sino que existió un consentimiento viciado de la joven, de lo cual se concluye que no hubo violación sino abusos sexuales. Ya no vamos a pedirles a los magistrados de Navarra -uno de ellos reclamó la absolución de la banda- que juzguen en atención a la sensibilidad por los derechos de la mujer y la necesidad de que los mismos se antepongan ante la lacra de violencia machista. Sus señorías, de seguro, clamarían por la respetabilidad, honorabilidad e independencia del poder judicial ante posibles alteraciones venidas de la política o la influencia de la sociedad. Un camelo, pero sigamos en el respeto. Esta conclusión sobre el episodio de San Fermín nos lleva, entiendo, a que la víctima consintió -y no digo provocó- desde la pasividad las violaciones, perdón, digo, los abusos sexuales. ¿Se preguntaron los jueces qué otra cosa podía hacer frente a cinco tipos, encerrada en el zaguán de un edificio? A lo mejor lo más conveniente para el tribunal hubiese sido tener, entre las pruebas, el pene seccionado de uno de los abusadores, perdido como consecuencia de la resistencia ofrecida por la joven. Quizás de esa manera la pena impuesta sería la correspondiente a un violador y no la de un agresor, es decir, los 20 años que pedía Fiscalía frente a los nueve finalmente sancionados. Parece claro que la defensa ha hecho su trabajo: desprestigiar a la víctima a través del informe de un detective sobre la vida normal que llevaba tras el suceso, iniciativa que fue retirada pero que dejó su correspondiente estela de sospecha. Pero sobre todo por esparcir la especie de que había un consentimiento, lo que probaron con sus propios vídeos. Espeluznante.
