La proliferación y difusión de noticias falsas, más conocidas como fake news, constituye uno de los grandes problemas a los que han de enfrentarse las democracias contemporáneas, pues la información que llega a los ciudadanos, verdadera o no, es la generadora de eso que ha dado en llamarse la opinión pública y que, a la postre, es determinante para el devenir de la sociedad. Aunque el fenómeno no es nuevo y va ligado al desarrollo de los medios de comunicación social en el siglo XX (baste recordar la celebérrima sentencia de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich, según la cual "una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad"), lo cierto es que en el siglo XXI ha alcanzado unos niveles inimaginables hace unos años gracias al desarrollo de las TIC y a la expansión de las redes sociales.
El problema es de tal calado que tiene soliviantada a la clase política europea, pero también a los propietarios, responsables y profesionales de los medios de comunicación que, todos a una, exclaman que hay que poner coto a la difusión de noticias falsas, tal como quedó reflejado en el manifiesto publicado por la Asociación de Medios de Información con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa o, más recientemente, en el foro Fake News: cómo combatir las noticias falsas, organizado por el diario El País y el Parlamento Europeo. De este foro, en el que participaron representantes políticos y de algunas de las más importantes cabeceras de Europa que se agrupan en la alianza LENA, salieron básicamente dos propuestas en las que coinciden políticos y editores: legislar a escala europea para hacer frente a las fake news y fomentar el pensamiento crítico en los ciudadanos para que éstos puedan distinguir las noticias falsas de las verdaderas.
En lo que se refiere a la primera propuesta, ya la Comisión Europea mostró su rechazo, si bien es cierto que algunos grupos del Parlamento Europeo siguen trabajando en esa línea. A mi modo de ver, se trata de una propuesta que, sin ser descartable, hay que tomarla con mucha cautela, pues puede caer fácilmente en la censura. Por lo demás, llama la atención que los grandes medios de comunicación estén ahora a favor de este tipo de iniciativas cuando tradicionalmente se han opuesto a leyes que limiten la libertad de expresión y han apostado por los códigos deontológicos y la autorregulación: ¿se trata solo de defender la verdad o también de mantener su negocio a salvo de intrusos? Más interesante resulta entonces la segunda propuesta, la relativa a fomentar el pensamiento crítico. Una propuesta a la que la filosofía tiene mucho que aportar pues, no en vano, constituye su razón de ser. Es por ello que harían bien los gobiernos europeos, empezando por el de España, en potenciar la filosofía en lugar de denostarla, si de verdad se pretende contribuir a formar una ciudadanía crítica frente a las noticias falsas, por supuesto, pero también frente a las medias verdades y las manipulaciones que emanan de las distintas esferas del poder político, económico o mediático.
