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MIGUEL F. AYALA Estos son, de verdad, los asuntos que durante los últimos 365 días han mantenido preocupados e indignados a los supervivientes y familiares de los afectados por el accidente del vuelo de Spanair JK 5022, accidentado el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto madrileño de Barajas. Su relato, su preocupación, su enfado ha dormido en la intimidad de sus casas, en las reuniones de la Asociación de Víctimas, en las conversaciones con amigos y seres queridos. Así, sus quejas, inéditas hasta ahora por razones comprensibles vinculadas al dolor, la pena y la investigación judicial, están saliendo poco a poco a la luz aprovechando el interés que en el primer aniversario de la catástrofe muestran los medios de comunicación. Habrá quien piense por qué algunas de sus denuncias salen a la luz ahora pero el llanto por los desaparecidos, la confianza en quienes les iban a ayudar y las promesas incumplidas de muchos políticos les han despertado, por fin, de una horrorosa e injusta pesadilla.
"Si no hacemos ruido", cuenta una supervivientes, "nuestros desaparecidos y quienes salimos vivos del avión no vamos a recibir la atención que merecemos".
Es escandalosa una sombra que planea sobre muchas de las familias afectadas: los objetos de valor de algunos de los fallecidos no han aparecido. Varias carteras o equipajes de mano fueron entregados a sus familiares sin parte de lo que transportaban. Distintas carteras intactas, sin un duro dentro a pesar de que sus propietarios venían de vacaciones y llevaban mucho dinero en efectivo, se devolvieron vacías a los familiares. Las joyas que portaban buena parte de ellos jamás se han vuelto a ver a pesar de que, como denuncian algunas familias, "sí nos entregaron un collar de cuentas de madera que nuestra madre llevaba colgado al cuello pero no los cordones de oro, medallas o perlas que siempre lucía". "El oro se puede fundir por las altas temperaturas pero no desaparece. En todo caso", argumenta una de las afectadas, "quedaría deformado pero no desaparece".
Aunque la desaparición de collares y anillos pueda resultar patética, más dura es la duda que inunda a los afectados sobre las causas de la muerte de sus familiares o el estado de los cadáveres.
Hay varias familias, algo que no se ha sabido hasta ahora por encontrarse todos implicados en causas judiciales, que han pedido a sus abogados solicitar al juez del caso que se incluya en el sumario las fotos tomadas a los cuerpos de sus hijos, nietos o hermanos porque los certificados de defunción contemplaban como causas del fallecimiento lesiones que algunos, con sus propios ojos, pudieron comprobar después que no eran ciertas.
El caso más sangrante es el de un abuelo que, pese a la insistencia de los médicos que se encontraban en el Ifema los días posteriores al accidente, se empeñó en ver a su yerno y su nieto. "Firmé un certificado donde decían que habían muerto carbonizados y cuando me empeñé en verlos descubrí que ninguno de los dos tenía ni una sola quemadura en el cuerpo", cuenta entre lágrimas.
Este testigo, cuyo testimonio recogerá este periódico esta semana en el trabajo especial que pretende homenajear a las víctimas de aquel 20 de agosto el próximo jueves, cuenta que "mi nieto y su padre estaban aún abrazados cuando los vi y la única herida que pude apreciar era dos dedos que había perdido mi nieto", un chiquillo cuya única ilusión era llevar a su abuelo al colegio donde estudiaba en Las Palmas de Gran Canaria. "Abuelo", dice que le decía, "quiero que veas dónde estudio", recuerda él emocionado y muy, muy indignado. "Dios mío", añade en una de las entrevistas que se publicarán estas jornadas, "cómo no ha salido la isla de Gran Canaria a la calle a exigir justicia y más claridad en la investigación cuando la mayoría de las víctimas son de aquí".
ESPECIAL. Elaborando el especial que publicará LA PROVINCIA ha salido también a la luz lo que las familias y, sobre todo, los supervivientes, consideran "una mala actuación de los servicios sanitarios que actuaron aquel día en Barajas". En la redacción del periódico, ésta y las demás quejas de los afectados han suscitado un enconado debate entre quienes consideran injustas estas declaraciones de víctimas y familiares y los que no se sorprenden de las durísimas denuncias.
Lo único que une ambas posturas es que hoy, esta semana y siempre que los afectados lo deseen, van a encontrar en el diario que usted tiene entre sus manos una plataforma donde dar voz a sus quejas. Que llegan un año después: vale. Pero para todos los periodistas de éste y otros medios de comunicación es comprensible que ahora sea cuando puedan empezar a hablar, a contar, a dudar...
Sus lágrimas han quedado recogidas para siempre en las grabadoras de los periodistas y en lo objetivos de los fotógrafos que estas dos últimas semanas han visitado a los familiares y supervivientes pero algo ha cambiado en esos últimos doce meses: ahora tienen ganas de hablar. Poco, cierto. Pero es valiente y también una muestra de amor beberse las lágrimas exigiendo la verdad.
Una verdad que ellos, cada día, ven más lejana. Quieren pensar que se hará justicia pero, por el modo en que se están desarrollando los acontecimientos, dudan. Dudan del gobierno central, por ejemplo, y más cuando escuchan a José Blanco, ministro de Fomento, declarar que "el aeropuerto de Barajas es peligroso". Tampoco se creen el prometido apoyo de las autoridades canarias, "que se colgaron medallas los días posteriores al accidente anunciando ayudas" que jamás llegaron.
"El Gobierno canario prometió 50.000 euros para la asociación de víctimas y la única ayuda importante recibida vino de La Caja de Canarias. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha donando mobiliario para dotar la sede que el Cabildo de Gran Canaria facilitó pero ni la Comunidad de Madrid, que también prometió colaborar, ha aportado nada", se quejan los consultados que, con un nudo en la garganta, se enfrentan a una semana muy dura.
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