EDITORIAL: Los campos minados de la segunda moratoria

LA PROVINCIA / DLP El turismo se ha convertido en Canarias, y singularmente en Gran Canaria, en un campo minado donde se dan pasos legislativos y ejecutivos de imprevisibles consecuencias económicas para el bolsillo del contribuyente. A la luz de la ley de medidas urgentes para ordenar el territorio y el turismo, la llamada segunda moratoria, los ciudadanos acaban de desayunarse hace apenas unos días con medio millar de reclamaciones empresariales, significativamente concentradas en Gran Canaria, que exigen al Gobierno indemnizaciones multimillonarias por los derechos urbanísticos consolidados, pero imposibles de ejecutar por efecto del parón que impone el legislador. Un aluvión de expedientes que abre inquietantes interrogantes sobre la utilidad de la norma y sus efectos sobre el territorio y el desarrollo económico, esencialmente de Gran Canaria y Fuerteventura, pero, sobre todo, en relación con el coste final de una aventura legislativa que en estos momentos parece más incierta que nunca.

Los antecedentes son elocuentes y ninguno de ellos tranquilizador. Esta misma semana, el Gobierno acaba de situar en 1.054 millones de euros el importe de los litigios en curso en los tribunales al amparo de la primera moratoria. Se trata de pleitos emprendidos por aquellos empresarios (también mayoritariamente de Gran Canaria) que llevaron al Gobierno a los tribunales por la suspensión de sus derechos de urbanización turística. En una porción nada despreciable de los casos, la Sala de lo Contencioso estimó los argumentos de los reclamantes y avaló derechos indemnizatorios por valor de 400 millones de euros. Con el exasperante añadido, según señalan las sentencias, de que fue el incumplimiento de su propia ley y la ineficiente gestión de su desarrollo reglamentario lo que expuso a la Comunidad Autónoma, y por ende a sus contribuyentes, al pago de este sablazo.

Cuando el común ni siquiera había logrado metabolizar las ya astronómicas cifras precedentes, el ciudadano descubre otro aparente agujero en la legislación, ahora en la llamada segunda moratoria, que sube la factura potencial a una cifra definitivamente mareante, casi dos mil millones de euros. La clave de este segundo enredo, que sólo en Gran Canaria acumula un importe de más de 800 millones de euros, se sitúa en el artículo 17 de la segunda moratoria, que permite revertir a rústico el suelo con derechos urbanísticos, previa indemnización a sus propietarios, o expropiarlos para congelar durante cinco años la hipótesis del cemento. Se trataba, se- gún el Gobierno, de desactivar la vía de reclamación judicial abierta por la pri-mera moratoria para exigir compensa-ciones por negocios que los propieta- rios de suelos con derechos consolida-dos nunca pudieron hacer. Pero, ¿calculó de verdad el legislador el efecto potencial de este instrumento, a la luz de una crisis que ya tenía por sí sola efectos paralizantes sobre la construcción turística, o se ha visto desbordado por un aluvión de expedientes que nadie tenía en sus cálculos?

Al efecto sorpresa de las reclamaciones empresariales, consumadas el pasado 13 de noviembre en el último día de plazo, lo ha seguido durante días la apariencia de un desnortamiento político que no acaba de diluirse. Sólo el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, ha avanzado la hipótesis de negociar con los reclamantes para "no pagar ni un euro", desde el convencimiento de que el artículo 17 no deja opción a los empresarios a elegir entre ser indemnizados o expropiados, sino que esta decisión queda en manos del Ejecutivo y que, con esa baza escrita en la ley, hay mucho margen para el diálogo. Para la oposición socialista, sin embargo, se trata de un artículo de diseño cuyo efecto no se contextualizó ni se calculó en el tiempo y que ahora deja margen para la surrealista hipótesis de que todos los canarios indemnicen a los empresarios por aplazar una inversión que, por efecto de la crisis, habrían demorado en cualquier caso.

El escenario es tan complejo como peligroso. Tanto, que incluso personas tan poco sospechosas de abrir la mano a la voracidad depredadora del cemento, como el socialista Carmelo Padrón, han dicho ya que, ante la eventualidad de trufar el camino de decenas de tebetos, más valdría empezar a plantearse si la moratoria debería darse por acabada. Una hipótesis de derogación que no pasa en modo alguno por la cabeza del Ejecutivo, por el momento más temerosa de los riesgos de la liberalización del cemento que del abultamiento de la factura judicial presente o futura.

Mucho darán que analizar en los próximos meses el artículo 17 y la moratoria en su conjunto, y merecerá la pena destripar la clamorosa desigualdad en su efecto bloqueante, que se ceba sobre Gran Canaria. O cómo se conciliará esa herramienta con la nueva Ley de Ordenación del Turismo, que el Gobierno pretende aprobar en el Parlamento a velocidad de vértigo para adaptar la norma a los cánones liberalizadores que establece la directiva europea Volkenstein, significativamente basada en la eliminación de autorizaciones previas para alentar el desarrollo económico y la creación de empleo, siempre que no se pongan en juego los territorios y el medio ambiente. Pero, entre tanto, más vale confiar en que el Gobierno dé muestras claras de que este aparente agujero de la segunda moratoria no le ha cogido desprevenido y con el paso cambiado. Y que, por encima de la coyuntura, podrá convertir el problema en oportunidad para tratar de orientar de una vez la inversión hacia el objetivo de la rehabilitación de la planta hotelera obsoleta y el nacimiento de grandes equipamientos turísticos complementarios. Sin que, por desidia de las autoridades locales al hacer sus deberes de planeamiento o conveniencias externas de quienes lograron esquivar la moratoria a tiempo, Gran Canaria vuelva a convertirse otra vez en la gran perjudicada.