Cruzada contra las fiestas

EUROPA PRESS La Federación Empresarial Canaria de Ocio y Restauración (Fecao) ha denunciado ante el Juzgado de Guardia a los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana, Ingenio, Santa Lucía y Telde, así como al Cabildo de Gran Canaria por organizar verbenas de amanecidas y fiestas en donde había menores en plazas y alrededores organizando botellón y bebiendo, según han podido comprobar desde la Federación, pero también argumentando que no cuentan con las autorizaciones pertinentes, por lo que cometen "prevaricación".

Un comunicado de la organización empresarial así lo ha recogido señalando que cuentan con pruebas, pero solicitando, a su vez al Juzgado que requiera los "informes policiales de los menores identificados ésa noche".

"Pensamos que estos hechos, fomentan en nuestros jóvenes las fiestas de amanecida, venta sin control de alcohol y altos ruidos. Considerando que la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas en su artículo 41 y 42", han argumentado desde la Federación, recalcando que sendos artículos hablan de la prohibición del suministro de alcohol a menores, así como incitar a las prácticas de su consumo.

No obstante, y a pesar de los argumentos, lo que han reclamado desde la Federación, la denuncia es que los centros habilitados para tal fin no contaban con los requisitos legales para la organización de este tipo de eventos, ni tampoco con las garantías de seguridad tanto para recintos abiertos como cerrados.

Así, la Fecao ha presentado su denuncia "teniendo constancia que en la noche el día 31 del mes diciembre de 2009, se han realizado por los diferentes Ayuntamientos, verbenas de amanecida, sin la aplicación correcta de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, y el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia".

Este ha llevado a los empresarios a denunciar a las instituciones argumentando qu se "comete prevaricación en situaciones donde existe un deber imperativo de dictar resolución y cuya omisión tiene efectos equivalentes a una denegación".