La utilización de veneno en las zonas agrícolas sin cumplir los condicionantes establecidas para esa práctica, puede salirle muy caro a los que usen ese producto para prevenir los cultivos de los ataques de animales, especialmente conejos que, en Lanzarote, todavía quedan unos cuantos. El Cabildo lo acaba de dejar bien claro, después de que la pasada semana varios perros de caza hayan sido envenenados en los campos conejeros, unos hechos que está investigando la Guardia Civil a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Dichas actuaciones están tipificadas como delito en el Código Penal con sanciones que oscilan entre los 120.000 y tres millones de euros, por suponer no sólo un grave riesgo para la salud sino también para la fauna silvestre.