Anticorrupción analizará si la TV Canaria vulneró la ley sobre contratos públicos

PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Ninguno de los condicionantes que establece la nueva Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público que entró en vigor el pasado 30 de abril, ni el anterior texto legal (2/2000), permitirían al ente público Radiotelevisión Canaria acudir a un procedimiento negociado sin publicidad para contratar el suministro de los servicios informativos de la TVC.

Esa misma ley que en teoría podría haberse incumplido, es la misma que invocó el director del ente, Willy García, para dar carpetazo antes de su resolución al concurso público iniciado en su día, maniobra que le permitió quitarse de encina a la única empresa licitadora (Socater) y adjudicar a dedo el Lote B (informativos) a un grupo de medios de comunicación encabezado por Antena 3.

La Fiscalía Anticorrupción tendrá que examinar a fondo la Ley de Contratos del Sector Público para poder hacerse una composición de lugar acerca de la denuncia presentada el pasado 21 de mayo por tres miembros del consejo de administración de la Televisión Canaria. Ayer, el fiscal Luis del Río recibió a dos de los denunciantes (Domingo González Chaparro y Miguel Guerra) en una reunión que se prolongó por espacio de hora y media y en la que solicitó nueva documentación al respecto del cambio de modelo de gestión ordenado por el Gobierno de Canarias para dejar sin efecto un concurso público que ya estaba en marcha.

En la jornada de hoy, tanto la denuncia como la documentación adjunta serán remitidas a Madrid para su examen por parte del fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, que es el encargado de dar el visto bueno al inicio de una investigación por parte de su delegado en Las Palmas, Luis del Río.

LEY. El examen de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público que entró en vigor el pasado 30 de abril, así como el anterior texto legal 2/2000 de Contratos de las Administraciones Públicas, será la clave para entender las artimañas del Gobierno de Canarias y del director de la Televisión Canaria, Willy García, para primero cargarse el concurso público que se había iniciado y al que sólo licitó Socater y, luego, recurrir a un procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar los servicios informativos. Las dos decisiones podrían ser contrarias a la legislación vigente.

En un informe redactado por García el pasado 10 de diciembre de 2007, se recoge que las leyes citadas anteriormente "otorgan herramientas válidas por nuestros tribunales cuando concurren sus presupuestos legitimadores, para conferir al órgano de contratación la posibilidad de dejar sin efecto una licitación en curso, previa a su adjudicación, bajo la ineludible exigencia de que dicha decisión encuentre justificación en los intereses públicos".

Sin embargo, la ley es bastante clara al respecto y explica que esta posibilidad sólo es válida "cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, no se haya presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente".

Si la anulación del concurso público no se hace en base a esa premisa, la Ley limita la posibilidad de recurrir a un procedimiento negociado a diversos factores; el más importante, que el contrato a suscribir tenga un "valor estimado inferior a cien mil euros". Con ello, el legislador pretende evitar adjudicaciones a dedo de ingentes cantidades de dinero público.