RAFAEL FERNÁNDEZ VALVERDE: ´Tras el nuevo CPGJ entiendo que es difícil que el ciudadano confíe en la Justicia´

PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. - Después de dos años de interinidad, la Justicia española tiene un nuevo Consejo General del Poder Judicial que no ha dejado indiferente a nadie. ¿Qué le parece la composición de los veinte vocales propuestos por los partidos políticos?
- Desde la perspectiva personal y profesional sólo puedo y debo dar la enhorabuena a los mismos y desearles los mejores éxitos. Cuestión distinta, y con el mayor de los respetos a los propuestos, es, como usted pregunta, si los mismos son realmente representativos de todo el entorno implicado en el funcionamiento del Poder Judicial. Esto es, si todos los que de una u otra forma intervenimos en el mismo nos sentimos realmente representados y conectados con el resultado de la elección parlamentaria materializada por las fuerzas políticas. Y desde esta perspectiva, mi impresión, tras haber escuchado en los últimos días a bastantes implicados en los temas judiciales en Las Palmas y en Madrid, es la de un significativo desencanto. Existe magua, añoranza y tristeza jurídica y judicial. Como dato mas llamativo debo significar la ausencia de los magistrados no integrados en ninguna de las asociaciones judiciales que, como es sabido, representamos la mitad de la Carrera Judicial. Muchos no asociados, con gran esfuerzo por carecer de medios e infraestructuras adecuadas al efecto, avalamos a determinados candidatos por considerar que su actuación profesional -que no asociativa- era digna de tener continuidad en el CGPJ; sin embargo, a pesar de contar con muchos más apoyos que todos los propuestos por las asociaciones, no han sido considerados candidatos idóneos por las fuerzas políticas. El principio de proporcionalidad no se ha mantenido en el seno del CGPJ, y los jueces y magistrados no asociados nos sentimos discriminados y olvidados por las fuerzas parlamentarias. Sólo deseamos que los futuros integrantes del CGPJ no actúen del mismo modo, nos tengan presentes en sus decisiones y tomen en consideración nuestros puntos de vista. En todo caso, lo que me parece terrible, y así lo ha reflejado la prensa, es que, al parecer, tal decisión se trata de una deliberada decisión parlamentaria para fomentar el asociacionismo judicial. De ser cierta, se trataría de una grave intromisión no sólo en la independencia judicial sino en el propio ámbito privado de los integrantes del Poder Judicial, ya que sólo a ellos les corresponde decidir si quieren asociarse.

- ¿Ve necesario un cambio en la Ley que establece la elección de los miembros del CGPJ?
- Obviamente, si no se quiere volver al sistema, que es el más ajustado a la Constitución Española según el propio Tribunal Constitucional, de elección parcial de los Vocales del CGPJ por los jueces y magistrados, al menos serían necesarios determinados mecanismos de contención o control para conseguir una auténtica representatividad entre los candidatos judiciales. Fíjese, por ejemplo, que entre los propuestos, no existe ningún juez de Primera Instancia e Instrucción, esto es, ningún juez de los que actúan fuera de las capitales de provincia; que tampoco existe ningún juez de Primera Instancia, con toda la importancia que tiene la Jurisdicción Civil y Mercantil; que sólo existe una juez de Instrucción ... siendo estos jueces unipersonales, civiles y penales, los numéricamente más representativos de la Carrera Judicial y con unos problemas específicos como son los relativos al funcionamiento de la Oficina judicial. Por el contrario, observo la presencia de hasta siete magistrados de las Audiencias Provinciales, con una más que excesiva representación. La desproporción es tremenda. Sin embargo, lo más grave, desde una perspectiva constitucional, es la ausencia entre los propuestos de abogados en ejercicio, pero de abogados, abogados, de los que pisan a diario los estrados, de los que se ponen la toga y se enfrentan cara a cara con jueces y fiscales, y que conocen la realidad de la Justicia desde la importante perspectiva de los despachos que representan. Las dedicaciones de los propuestos son más bien docentes, políticas o judiciales, y eso, no parece ser lo que quería el constituyente.

- ¿Tiene la sensación de que los dos grandes partidos (PSOE y PP) lo que han hecho es repartirse el Poder Judicial?
- No sé si es correcto hablar de reparto, porque quiero ser respetuoso con la decisión que pueda tomar el Parlamento y porque sigo confiando, quizá sea un ingenuo, en la independencia personal de los propuestos. Pero la sensación que se percibe desde el examen del conjunto de la decisión que parece va a adoptarse, es la de una excesiva proyección parlamentaria en el órgano de gobierno del Poder Judicial, posiblemente con la errónea idea de que así se podría proyectar el poder político sobre el ámbito estrictamente independiente de actuación de los jueces. Es como si se pensara que el signo de la jurisprudencia puede cambiar como consecuencia de este tipo de decisiones. Pero ahí se pincha en hueso y lo único que se conseguiría sería profundizar la evidente separación existente entre CGPJ y jueces, y que el nuevo Consejo tiene que esforzarse en eliminar.
Lo que sí me parece importante destacar es que con decisiones como las que contemplamos en el actual proceso de renovación del CGPJ, desde un sentir judicial que me parece bastante significativo, objetivo y generalizado, se pudieran estar minando la esencia del propio Estado de Derecho.

- Canarias se queda sin un vocal dentro del Consejo ¿Tan necesario era?
- Sin duda. Lamento continuar con la exclusiva de haber sido el único vocal del CGPJ, en los ya más de 25 años de la institución, que cogió sus bártulos jurídicos y personales que tenía en Canarias y se marchó a la capital de España para que la Justicia del Archipiélago tuviera su peculiar y específica voz. ¡Claro que hubiera sido necesaria la presencia de algún vocal con actual residencia en Canarias! Imprescindible diría yo, pero, en fin, intentaremos que los vocales a los que se asigne la gestión de Canarias en seguida recuerden, por ejemplo, que aquí existen Salas del Tribunal Superior no sólo en Las Palmas de Gran Canaria, sino también en Santa Cruz de Tenerife, o que a La Palma o Fuerteventura no se puede ir en tren. Es una broma, pero usted entiende lo que quiero decirle. Lo que quiero decir es que la Justicia de Canarias cuenta con unas peculiaridades y especificidades que hay que recordar permanentemente.

- ¿Cree que la ciudadanía puede confiar en una Justicia tan politizada?
- Comprendo que es difícil, pero no tenemos más remedio que seguir confiando. Si me permite la gráfica expresión, y la broma en un tema tan serio, o confiamos o se pincha la pelota, y sin justicia y sin fútbol no podemos vivir en este país. Tendríamos que volver a inventar ambas instituciones. Como dicen Serrat y Sabina, tendríamos que irnos por los tejados como un gato sin dueño perdidos en un pañuelo de amargura, y el tiempo no está para ello.

- ¿Cuál debe ser el objetivo del nuevo Consejo General del Poder Judicial?
- Una de las tareas más significativas que tiene afrontar el nuevo CGPJ es volver a conectar con la base, con la Carrera Judicial. Algunos artículos aparecidos en medios de comunicación apuntan que, a la vista del fracaso de la institución, habría que plantearse la desaparición del Consejo, pero yo creo que eso no debe suceder. Los Consejos Judiciales que existen en bastantes países europeos son unos órganos que significaron un triunfo en el ámbito del Estado de Derecho para la defensa de la independencia del Poder Judicial, pero, sin duda alguna, el nuestro tiene que cambiar.

- Bajo su punto de vista, ¿por qué motivo el CGPJ ha pasado dos años en situación de interinidad?
- La causa inmediata es que las fuerzas políticas representadas en el Congreso y el Senado, no han cumplido con la obligación constitucional y legal que tenían de llevar a cabo los nuevos nombramientos, ya que las asociaciones judiciales y los jueces no asociados cumplimos con nuestra obligación legal formulando nuestras propuestas hace más de dos años. Con todos los respetos, el CGPJ no es el Consejo de Energía Nuclear o el de Radio Televisión Española; es el órgano de gobierno de otro Poder del Estado y los plazos legales que el propio legislativo se había fijado no han sido respetados, manteniendo una indeseable situación de interinidad. Ni qué decir tiene, y esto es una cosa que no ofrece duda, que hay intereses políticos por parte de los partidos mayoritarios para copar un marco de poder en el ámbito del Poder Judicial.

- ¿Considera que se ha llegado a límites demasiado peligrosos en cuanto a politización de la Justicia?
- Yo creo que sí, pero éste es un tema que no es novedoso porque ya lo advirtió el Tribunal Constitucional al resolver el ya viejo recurso formulado en su día contra el sistema de exclusiva designación parlamentaria de los vocales. Un sistema en el que al final son fuerzas políticas, y dentro de ellas los partidos políticos los que están negociando nombres concretos ... no hay que ser un experto en ciencia política para no ver que efectivamente esto es así.

- ¿Qué más cambios necesita la Justicia?
- Existen una serie de temas sobre los que obviamente el nuevo Consejo debería reflexionar, al margen de la inaplazable ordenación de la Oficina judicial. Hay que plantearse muy seriamente la situación de la Jurisdicción Penal, porque es un tema francamente preocupante. La reciente condena de un juez por un delito de cohecho debe llevarnos a pensar que todos los controles que se establezcan son pocos. Pero hay que hacer unos planteamientos más profundos, relacionados con la instrucción penal. Lo que no puede seguir existiendo es una instrucción penal en donde una mera denuncia, incluso policial, permita abrir una causa de carácter general. La instrucción penal judicial debe ir dirigida a preparar el juicio oral, pero sin que deba convertirse en un periodo de investigación. Esto debe ser previo y debe corresponder al Ministerio Fiscal y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El tema es ciertamente complicado, pero hay estudios, incluso en el ámbito del Ministerio de Justicia, en los que se reflexiona sobre si no sería conveniente que la instrucción, como ahora se configura, dejara de estar en manos de los jueces y pasara a manos de los fiscales. A lo mejor va a parecer un disparate lo que voy a decir, pero eso podría llevarnos a la unificación de la carrera entre fiscales y jueces, como ocurre en Italia. Lo que sin duda alguna no puede ocurrir es que un juez mantenga una instrucción abierta sine díe y durante años. Deben existir unos plazos determinados y a partir de ellos se debe estar dando cuenta mensualmente al Tribunal, ya que me parece preocupante que un juez de instrucción tenga capacidad para administrar sus tiempos. De la misma forma me parece preocupante que un juzgado unipersonal pueda estar ocupado durante años por el mismo juez; más de cinco años es excesivo.

- Un magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, como usted, ¿tiene la sensación de que la Administración pública disparata sus actuaciones en los últimos tiempos con respecto a la Ley?
- Las administraciones públicas deben intentar conseguir con sus políticas, planes y programas unos intereses generales y para eso se mueve en el marco de la Ley. Lo que pasa es que, yo creo que con buena intención en la mayoría de los casos, se intenta llegar a los máximos límites legales en los que la Administración puede moverse. En supuestos determinados hay vulneración de la normativa jurídica, y por eso la Ley vigente en estos momentos no se limita a un control de la actuación estrictamente formal, sino que incluye, por ejemplo, la revisión de la vía de hecho o la inactividad de la Administración.

- En Canarias se ha visto en los últimos tiempos cómo la Administración paga informes técnicos externos cuando no está contenta con los informes de los técnicos propios. ¿Hasta qué punto esto se puede considerar una actuación correcta?
- Hay que tener en cuenta que hay cuestiones que son especialmente técnicas. Por ejemplo, a mí nadie me dijo nunca que en mi vida profesional iba a conocer algún tema relacionado con la emisión de gases, con el efecto invernadero o con el Protocolo de Kioto. En ese tipo de actuaciones y en otras quizá no tan complejas, evidentemente, las administraciones no van a encontrar un técnico propio con esos conocimientos. Otra cosa diferente son los informes estrictamente jurídicos, por ejemplo, que deben ser emitidos por los técnicos de la Corporación. El buscar un informe ad hoc es algo que, en muchos casos, cuenta con una finalidad concreta determinada y por tanto puede perder la objetividad que debe presidir la actuación de la Administración.

- ¿Cómo se vive en Madrid por parte de un magistrado muy ligado a Canarias como usted los casos de corrupción que se han producido en los tres últimos años?
- La verdad es que este tipo de noticias los conozco allí a través de los medios de comunicación canarios y nacionales, pues no tengo más información que esa. Pero si comparamos ambos medios muchas de las noticias a las que se refiere no tienen mucha repercusión a nivel nacional, a pesar de que aquí sí pudieran tenerla. Quizá se ha hablado más de los casos de corrupción que se han visto en Baleares o Cataluña o en el propio Madrid que los de Canarias.