MANUEL BOTE DELGADO
El Proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, surge al amparo de algunas dificultades que la aplicación de las Directrices ha generado. En principio, y visto así, parece algo más o menos normal. En el desarrollo de las leyes no todo puede ser previsto y aparecen fricciones entre éstas y la realidad como las surgidas sobre el mundo agrícola. Sin embargo, una lectura, incluso de corrido, de este borrador desvela que hay algo más en el fondo que la sola voluntad de subsanar mecanismos que no son del todo operativos.
En realidad, el Proyecto de Ley supone un giro copernicano de 180 grados sobre las Directrices, porque en el momento de la intervención, sobre todo en las actuaciones turísticas y en algunas otras, éstas pueden realizarse sin tener en consideración su clasificación fuere cual fuere ésta. Esto es, realizar un acto arbitrario, sin reglas, sólo sometido a la decisión de un gobierno en un momento determinado. La Ley propone lisa y llanamente un modo discrecional de actuar, y con ello se abre una deriva peligrosa al entender el suelo como una superficie en la que todo puede darse.
Esto es algo grave. Y lo es en un alto grado porque conlleva una posición donde todo se iguala. A partir de esta ley desaparecen los contrastes entre unos suelos y otros, ya no hay diferencias. Todo puede ser construible, sólo depende de la voluntad del Gobierno que lo sea o que no.
Es, desde luego, un contrasentido con las Directrices, pero este proceder no es nuevo en las Islas. Es más, ha sido una de las características de la experiencia territorial en los últimos treinta o cuarenta años. El Proyecto de Ley puede ser entendido como la expresión actual de una visión errónea sobre el suelo, arraigada en buena parte de la sociedad, a la que nunca se le ha puesto coto. Una mirada miope que reduce éste al concebirlo como un mero soporte sobre el cual construir, sin ir más allá.
Es una posición provocada por una baja cultura y un mal urbanismo, que se ha ido vertiendo sobre el territorio en los últimos tiempos, y que no ha podido ser neutralizado, ni siquiera paliado, por las prácticas de algunos buenos urbanistas y algunos buenos arquitectos municipales, así como de algunos buenos políticos, en general acallados. La línea dominante ha sido la desregulación que ha dado origen a un paisaje incomprensible. Algo que podemos observar, sin grandes dificultades, en las dramáticas manifestaciones que nos ofrecen hoy las coronas exteriores de las periferias metropolitanas de las islas de Tenerife y Gran Canaria. Un amasijo informe de campos y grumos de edificaciones de todas las formas y usos imaginables que se extienden sobre un suelo, manifiesta una forma de hacer y de construir un territorio que ignora el territorio mismo. Esto ha dado como fruto unos ámbitos que no son ni urbanos, ni rurales. Algo que está por digerir, algo sobre lo que todavía no tenemos respuestas, pero sobre lo que hay necesidad de darlas, y sin dilación, para establecer un mínimo de articulación sobre estas extensas superficies. Y esto sí, (o también), es urgente.
El desdibujamiento entre campo y ciudad sin presentar un orden es la característica más común en la que podríamos englobar la mayor parte de las experiencias urbanísticas de las últimas décadas en Canarias. Una experiencia que refleja la incapacidad de distinguir puntos diferentes. Distinguir que las condiciones de un punto no son iguales a las de otro es una regla básica en el Urbanismo contemporáneo, pero todo indica que está ausente en el Proyecto de Ley. Para éste, todo el territorio presenta la misma condición, lo que permite que cualquier área de suelo pueda ser cambiada en su clasificación sin más. Pero si todo es igual, ¿dónde está la diversidad? La diversidad es uno de los vértices de la sostenibilidad, que por cierto y curiosamente a ella se apela en la Ley, aunque la misma Ley la anule.
Hoy, con la mirada contemporánea, está claro de modo meridiano que ningún espacio es igual a otro, no siendo por ello intercambiables. Pero hay más, hoy sabemos también que los espacios vacíos tienen tanta importancia (o más) que los llenos en el territorio. Esta importancia viene avalada por la comprensión de que la naturaleza ya no representa "lo otro", lo que se opone a la ciudad, a lo construido, sino que es entendida como parte de un mismo mundo. Este es uno de los principios de la sostenibilidad a la que tanto se reclama. Los vacíos, pues, no pueden ser vistos como suelos disponibles ni vacantes sobre los que poder desplegar hoteles por más estrellas que tengan, sino como partes necesarias para que pueda darse la biodiversidad y como partes determinantes de la calidad de vida de un lugar, de una isla, de una sociedad.
Los vacíos, y no sólo los llenos, conforman las geometrías territoriales de las islas, coadyuvando a definir las formas del espacio; por ello, deben tener cierta estabilidad, tanto más cuanto más débil sea la cultura encontrable en un territorio, como sucede en el caso canario. El Proyecto de Ley suena, así, a simple contradicción, ya que lo urgente es mantener y proteger los vacíos, y no al revés como postula ésta.
Es paradójica además con el proceder de un Gobierno que al tiempo que impulsa nada más y nada menos que una Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje, sostenga una Ley que manifiesta una inequívoca indiferencia al paisaje. O bien la Ley cuestiona la Bienal, o la Bienal es sólo cosmética, sin calado, como una delgada capa de barniz que da lustre pero que no profundiza. Sea como sea, es el paisaje lo que corre peligro real con este proyecto legislativo, y no me refiero al paisaje natural y bucólico como algunos pueden pensar, sino al paisaje complejo de un territorio, en realidad, a los paisajes complejos existentes en las Islas, así en plural, como constatación de las marcadas diferencias que presentan.
(*) MANUEL BOTE DELGADO ES ARQUITECTO. PROFESOR DE URBANISMO DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA
