SORIA FICTION: AHORA LE TOCA A LA POLICÍA

TERESA CÁRDENES Primero fueron los periodistas. Después sus jefes. Ahora le toca a la Policía Nacional. El vicepresidente del Gobierno canario, José Manuel Soria, no parece dispuesto a dejar títere con cabeza. En su última entrega, la estrategia del todo vale incluye un ataque en toda regla a uno de los cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, sobre la que Soria ha vertido esta semana la insinuación nada sutil de que practica sin orden judicial detenciones de ciudadanos inocentes por orden directa de un político. El político al que se refiere es naturalmente el socialista Juan Fernando López Aguilar. El detenido, cuyo caso es expresamente invocado por Soria, Santiago Santana Cazorla, casualmente el actual propietario del grupo Anfi y, por tanto, promotor del proyecto Anfi Tauro. El mismo por el que, a resultas de su viaje a Noruega con Bjorg Lyng en 2005, está imputado Soria en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El guión de la semana lleva ya días escrito y Soria lo repite un día tras otro, con una de sus acusaciones más gruesas: "El empresario, un ciudadano inocente", fue detenido sin orden judicial porque así se lo debió ordenar el ex ministro de Justicia al anterior jefe superior de Policía en Canarias, Narciso Ortega, o bien a su sucesora en el cargo, Concepción de Vega.

La teoría, perpetrada el martes y amplificada el miércoles, llegó a las redacciones de los periódicos en una de esas grabaciones en formato MP3 que el vicepresidente hace distribuir desde el Gobierno aprovechando los servicios de prensa pagados con fondos públicos. Los ciudadanos, dice Soria, "necesitamos saber quién ordenó esa detención" y si a cualquier otro "inocente" podría ocurrirle lo mismo. Ayer, el escenario fue un estudio de la cadena Ser, donde el líder del PP no se privó de una de sus insidias favoritas y espetó al entrevistador, Evaristo Quintana, que a juzgar por sus preguntas, lo haría muy bien como "mitinero del PSOE".

¿Cree realmente el vicepresidente que Canarias forma parte de un siniestro y orwelliano Estado policial donde el Gran Hermano Aguilar secuestra a su antojo las libertades individuales? Inspirada en 1984 sí que parece desde luego cierta propensión de Soria a reescribir la historia, su historia, en función de la coyuntura y con manifiesto desprecio de algunas verdades, entre otras las que se escriben en papeles judiciales: el líder del PP señala al promotor de Anfi como un inocente atrapado "en un infierno", pero silencia que tanto el juez del caso Góndola como tres magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas avalaron expresamente la detención policial de Cazorla cuando sus abogados alegaron la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

Primero lo hizo Alexis Reyes, el juez del caso Góndola que investiga una trama de corrupción en Mogán, gobernado por el ya célebre Francisco González, del PP. Y después la sección VI de la Audiencia, de la que forman parte los magistrados Oliva Morillo, José Luis Goizueta y Emilio Moya, que ocupó con el PP la Viceconsejería de Justicia en la anterior legislatura hasta que este partido fue expulsado del Gobierno. El auto no deja lugar a dudas: los policías que arrestaron al empresario "por motivos de oportunidad y por no perjudicar la instrucción" lo hicieron "no sólo amparados, sino obligados por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Además de avalar la teoría del juez Reyes, la Audiencia remató: la detención fue "idónea, necesaria y proporcional y cumplía una finalidad constitucionalmente legítima, que era evitar la obstrucción de la investigación al procederse ese mismo día a la detención de otros imputados y acordarse la entrada y registro en dos empresas del apelante".

No es el único dato relevante que arrincona la interesada amnesia del vicepresidente. No en vano, el sumario de Góndola recoge los intentos de espionaje de que fue objeto la comisaria De Vega a cargo de la imputada Onalia Bueno, también del PP y entonces fiel colaboradora del alcalde González. Así como no pocas alusiones a trabajos de intermediación de dos diputados del PP, Jorge Rodríguez, ex portavoz del grupo en el Parlamento canario, y Manuel Fernández, a favor del Grupo Europa y el Grupo Anfi, respectivamente. Fernández, como se sabe, fue premiado por Soria hace meses con la secretaría general del PP. Y permanece actualmente imputado en el caso del salmón como supuesto colaborador necesario para un delito de cohecho.