Canarias facturará los servicios sanitarios a los parados sin prestación y sin su tarjeta al día

EFE - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El Gobierno canario lamentó este miércoles que la Seguridad Social no colabore en una campaña iniciada por las consejerías de Empleo y Sanidad para recordar a los parados a los que se les acabe el subsidio que deben tramitar la tarjeta para personas sin recursos de asistencia sanitaria.

El portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, en una rueda de prensa que ofreció tras la reunión del Consejo de Gobierno, informó de que desde hace dos semanas se ha puesto en marcha esta campaña para que los parados a los que se le acaba el subsidio de desempleo tramiten la solicitud de la citada tarjeta en el plazo de 90 días que marca la ley, en caso de que no se puedan inscribir en la de un familiar.

Marrero, que consideró que la legislación estatal debería cambiar al respecto, explicó que el objetivo de la campaña es evitar que los ciudadanos a los que se les ha acabado la prestación por desempleo se encuentren con facturas emitidas por el Servicio Canario de Salud, que está obligado por ley a cobrar la asistencia sanitaria a las personas que carezcan de tarjeta.

El portavoz indicó que la consejera de Sanidad, Mercedes Roldós, informó al Consejo sobre la citada campaña informativa, que se lleva a cabo en los centros de salud y oficinas de empleo, ante la previsión de que se puedan generalizar los casos de parados a los que se ha reclamado el pago de un servicio sanitario.

Añadió que los casos que se han producido se han solventado, pero ante el temor de que aumenten por el incremento notable del desempleo que se ha generado en las islas como consecuencia de la crisis económica, el Gobierno decidió emprender esta campaña.

Martín dijo que la tarjeta para personas sin recursos la perciben las personas sin empleo que carecen de subsidio, salvo excepciones que dependen de si el solicitante dispone de otros recursos económicos.

Por otra parte, el portavoz informó de que el Consejo de Gobierno aprobó hoy la oferta de empleo público de personal docente no universitario de 2009, que incluye 769 plazas de maestros que se cubrirán mediante el sistema de concurso-oposición.

Así mismo, aprobó el decreto que regula el nuevo régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma, que se enmarca en la política de simplificación y agilización administrativa puesta en marcha por el Ejecutivo y con la que pretende contribuir a dinamizar la economía canaria.

Martín indicó que el Consejo de Gobierno decidió elevar al Consejo Consultivo de Canarias el proyecto de decreto del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tributos cedidos con el que se pretende dotar de mayor claridad a la normativa autonómica en materia fiscal.

El Gobierno acordó también destinar 2 millones de euros más al programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo con el objetivo de reforzar esta línea de actuación destinada a personas desempleadas, que cuenta con un presupuesto de 36,8 millones de euros y de la que el pasado año se beneficiaron 3.500 personas.

En su reunión, el Ejecutivo decidió solicitar al Gobierno de la Nación la aprobación de la emisión de la deuda pública del Cabildo de Tenerife apta para materializar hasta 76,8 millones de euros procedentes de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC).

Además, el Gobierno autorizó abonar al ayuntamiento grancanario de Gáldar un total de 2 millones de euros para costear los gastos derivados de la prestación del servicio de ejecución de medidas judiciales en el centro Punta de Gáldar, que atiende a 17 jóvenes en régimen cerrado.

El Ejecutivo autorizó destinar 2,5 millones de euros para la ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria Sabino Berthelot de El Sauzal, en Tenerife, y una subvención de 480.000 euros a la Fundación Canaria El Patio para sufragar parte de su programa educativo.

También aprobó el plan para la recuperación de la bencomia herreña, especie vegetal incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en el de Canarias en la categoría en peligro de extinción, y los proyectos de decretos para la declaración como bienes de interés cultural de los Hornos de Cal de Puerto de la Cruz, en Tenerife, y las Cuevas de los Frailes, en Gran Canaria.