Aguirre quiere que el profesor sea una autoridad pública para acabar con la violencia escolar

EFE
La comunidad educativa y los políticos se han mostrado divididos ante la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de otorgar a los profesores rango de autoridad pública. La Ley de Autoridad del Profesor, que según explicó ayer Aguirre será presentada próximamente en el Parlamento autónomo, supone además una subida de sueldo para jefes de estudios y secretarios, como compensación por ser los responsables del mantenimiento del orden.


Según Aguirre son los profesores los que reclaman desde hace tiempo "apoyo" y que se "refuerce su autoridad", demanda que la Comunidad de Madrid se propone atender con la Ley de Autoridad del Profesor, en la que las faltas contra ellos tendrán una "consideración más grave" que en la actualidad.


Aguirre pretende también que las "familias se impliquen más en el cumplimiento de las normas" establecidas en el Decreto de Convivencia de 2007, entre ellas la prohibición del uso del teléfono móvil en las clases.


La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, respaldó esa propuesta y recordó que su partido presentó en julio una iniciativa parlamentaria para modificar la ley de Educación en ese sentido, de forma que se puedan tipificar penalmente las agresiones que sufran los profesores.


Con ello, la Fiscalía podría perseguir de oficio los delitos cometidos contra los maestros y profesores, que, además, tendrían garantizado el derecho de presunción de veracidad. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, dijo que le gustaría que este tipo de decisiones se tomaran dentro del pacto social y político por la educación y que, a falta de ver el alcance y competencias que se le atribuyen a la ley, la considera una iniciativa "positiva".


Asimismo, el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, recordó que el PSOE impulsa un Pacto de Estado por la Educación para garantizar la seguridad de los profesores en las aulas, ya que elevar a los docentes a rango de autoridad jurídico-penal es algo que compete al Estado, según sostuvo.


Por su parte, los sindicatos de la enseñanza y las principales asociaciones de padres y madres de alumnos expresaron opiniones diversas. La Federación de Enseñanza de CC OO, sindicato mayoritario en la enseñanza pública, considera que el profesorado necesita el "respaldo decidido e incondicional" de las administraciones para evitar las agresiones a los docentes y que, en caso de producirse, éstas sean castigadas convenientemente.


En el mismo sentido, el sindicato ANPE recordó que el reconocimiento de la autoridad pública al profesorado es una "histórica aspiración" de su organización y pidió a la Comunidad de Castilla y León que siga el ejemplo de Madrid.


También aplaudieron el anuncio la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) y la Cofapa, que considera la iniciativa "un paso más" para recuperar la valoración social del maestro, según la valoración realizada ayer por sus portavoces.