C.M.M. - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Internet está que arde. El Gobierno de España llevará al Consejo de Ministros del viernes un procedimiento para cerrar las webs que suministran contenidos protegidos por los derechos de autor, con la intermediación exprés de un juez, ya ha sido tachada de "maniobra de urgencia" por la Asociación de Internautas.

El consejero de la Sociedad General de Autores (SGAE) Caco Senante considera que "se ha tomado el camino de en medio. No entiendo por qué se le da tantas vueltas cuando hablamos de personas que se están lucrando con el trabajo de otros. Son delincuentes que en otros órdenes de la vida irían a la cárcel".

A principios del pasado diciembre salió a la luz un anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, en la que se incluía un anexo que hablaba de legalizar el cierre de webs de intercambio de música, cine y videojuegos, las llamadas P2P, sin autorización judicial, por considerar que atentan contra la propiedad intelectual. La iniciativa recibió el rechazo de las asociaciones de internautas y Zapatero tuvo que prometer en una rueda de prensa que no se iba a cerrar "ninguna web". Los afectados pidieron, incluso, la dimisión de la ministra de Cultura Ángeles González-Sinde.

Tras un mes de silencio, el Ejecutivo parece haber encontrado la solución: aplicar un procedimiento que durará entre 24 horas y un mes y que cuenta con la intervención de un juez. Según informó El País, el sistema se activará con la denuncia de los propietarios de los derechos ante la Comisión de Propiedad Intelectual, que estará integrada por ex magistrados, abogados expertos en propiedad intelectual y autoridades en internet. Una vez planteada la denuncia, el siguiente paso es que la Comisión haga la petición de medidas cautelares ante el juez, si considera que se están infringiendo los derechos de autor.

La cuestión es que, antes de esta intervención judicial, será la Comisión, dependiente del Ministerio de Cultura, la que "notificará la denuncia a los responsables de esa web y se abrirá un periodo de alegaciones". Estos expertos determinarán si dichas alegaciones son suficientes y, si no lo consideran, notificarán a la web que desaloje los contenidos en cuestión. Si con este segundo proceso administrativo no hay respuesta, se pedirán las medidas cautelares antes citadas. Si la página es nacional, se planteará su cierre, si es de fuera, serán los operadores los que impidan su difusión en la red. El juez determinará si la Comisión es pertinente para pedir la clausura y si con esta petición no se vulneran el derecho a la información o la libertad de expresión.

Jacques Bulchand, profesor del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y blogger considera que "no hay nada nuevo. Lo que han hecho la misma teoría, pero con un juez, que no toma ninguna decisión relativa al cierre. El único que puede hacer un examen completo es un juez, no ninguna Comisión".

Caco Senante cree que todo esto es resultado de que "Obama le llamó la atención a Zapatero sobre los derechos de autor de sus creadores en nuestro país y hay que tomar medidas si no queremos que nos pase lo mismo a nosotros".