La intención de los grupos nacionalista y popular del Parlamento canario de aprobar un nuevo catálogo de especies amenazadas, que elimina o rebaja la protección a la mitad de las especies catalogadas en 2001, rebasa los límites de la propia acción parlamentaria. Un Parlamento, por muy democrático que sea, no puede aprobar una ley declarando que la tierra es plana o que el sol gira alrededor de ella; tampoco puede declarar que una especie no está en peligro si tal declaración carece del respaldo científico necesario, y la comunidad científica canaria ha denunciado la absoluta falta de rigor del nuevo catálogo.

Además, un catálogo no se aprueba por Ley sino por Decreto o por Orden, para facilitar una respuesta más eficaz a la evolución de las especies y de las amenazas que se ciernen sobre ellas. Organizaciones ciudadanas y políticas han denunciado esta iniciativa parlamentaria, que parece dirigida exclusivamente a remover obstáculos a determinadas obras públicas o a los intereses personales o electorales presentes en una parte significativa de la legislación canaria aprobada durante el pasado año.

Los ciudadanos canarios no podemos ser espectadores pasivos de la doble amenaza que se cierne sobre nuestro patrimonio común. Por un lado, la enorme biodiversidad que albergan las Islas constituye nuestra mayor riqueza natural, una riqueza que no nos pertenece, sino que es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio proteger y preservar para todo el mundo y, en particular, para las futuras generaciones. Por el otro, este tipo de actuaciones viene a debilitar aún más la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la política, confianza que es esencial en democracia, otro patrimonio fundamental de nuestra vida en común, notablemente debilitado ya por los casos de corrupción política recientemente destapados y por los aún más recientes asaltos a las instituciones con participación de grupos económicos y presuntos delincuentes.

Entendemos que es deber de todo canario colaborar en la defensa de su patrimonio natural y social. Por ello, como ciudadanos y como miembros de una asociación ciudadana, hacemos un llamamiento urgente al Parlamento de Canarias para que sea retirada la propuesta del nuevo catálogo de especies amenazadas y se encomiende al Gobierno de Canarias la elaboración de un catálogo con todo el rigor y el consenso científico que reclama la dimensión e importancia de nuestro patrimonio natural. Esperamos que ciudadanos y asociaciones ciudadanas de todo tipo reclamen de los poderes públicos la defensa de nuestro patrimonio común.