Un grupo de profesionales vinculados a diferentes disciplinas, reunidos como Asociación Canaria para la Defensa de los Caminos La Vereda, emitió ayer un manifiesto en protesta contra la proposición de ley Catálogo Canario de Especies Protegidas, sometido actualmente a debate en el Parlamento de Canarias a iniciativa de Coalición Canaria. Dicho manifiesto se reproduce íntegramente en esta misma página.
Entre los firmantes del documento están Faustino García Márquez, arquitecto y ex director de la Agencia Canaria Contra el Cambio Climático; los médicos Vicente Cabrera, José Castells, Manuel Hernández, Fernando Schamann y Presen Vila; los economistas Antonio González Viéitez (ex consejero de Política Territorial) y Fernando Redondo (presidente del Consejo Económico y Social de Canarias); las enfermeras Minga Domínguez, Nora Morales y Blanca Pérez; el ingeniero Claude Lapique; los empresarios Manuel Jacinto Pérez y Cristina Trujillo y la bibliotecaria Elena Suárez.
La comunidad científica de las dos universidades canarias fue la primera en hacer pública su protesta contra dicho Catálogo por su falta de rigor técnico, por no adecuarse a la normativa estatal e internacional vigente y porque supondría un retroceso importante en las políticas de conservación de las especies en Canarias, al dejar la protección en segundo plano primando los intereses urbanísticos.
Las voz de alarma se inició entre un colectivo de investigadores de la Universidad de La Laguna, la mayoría biólogos, entre los que se encuentran Alberto Brito, Wolfredo Wildpret o Juan José Bacallado, quienes criticaron en rueda de prensa el nuevo catálogo "porque elimina de un plumazo 226 especies catalogadas en 2001, dejando sin protección alguna a más de la mitad de las especies del catálogo actual; además de reducir la protección de otras 131 especies y subespecies".
En este sentido contabilizaron un total de 94 especies cuya protección estaría supeditada a su situación dentro de un espacio protegido, algo que calificaron de "irracional" porque "si la planta o animal pisa, crece, nada o vuela fuera deja de estar protegido".
Dicho rechazo fue secundado por la comunidad científica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entre los que se encuentran el catedrático de Zoología Santiago Hernández, el especialista en Biodiversidad y Conservación José Juan Castro o el biólogo Ricardo Haroum, entre otros. Los científicos calificaron de "trampa" dicha ley porque no contribuye a la preservación del patrimonio natural de Canarias, y lo calificaron como un "tema político" que no se sustenta desde el punto de vista técnico ni científico.
Entre las diferentes opiniones destacaban que el nuevo catálogo propuesto es contradictorio al plantear, por un lado, la conservación de especies, mientras que por otro, tantea la posibilidad de limitar ese tipo de estrategias de conservación con la posibilidad de establecer infraestructuras que puedan chocar con estas especies. "Es una ley camuflada de verde pero de verde tiene poco. Aquí se está intentando condicionar que esas especies nunca estén por encima de una infraestructura que sea importante para el desarrollo de las islas. Deja la protección en segundo plano", afirmó el profesor Castro.
Otra de las opiniones expertas expresadas contra el nuevo catálogo fue la del director del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, David Bramwell, quien aseguró que, además de ser ilegal, la aprobación de la propuesta de CC retrasaría 20 años la conservación en el Archipiélago.
"Es una iniciativa de un partido político, de CC, pero el problema es que lo que ellos proponen es totalmente ilegal. Hay especies que ellos quieren descatalogar que están en la directiva de hábitat de la Comunidad Europea, es obligatorio para todos los países de toda la comunidad, y no se pueden tocar, para nada, esas especies. Además está el Catálogo Nacional, que también recoge muchas de las especies que ellos quieren descatalogar en Canarias.
También Geografía de la ULPGC hizo público un comunicado acordado en la reunión del Consejo, celebrado el pasado 21 de diciembre, en el que rechazaban el documento porque supondría "descatalogar como amenazadas gran cantidad de especies y subespecies actualmente protegidas" y porque introduce "categorías de protección nuevas poco compatibles con la legislación actual".
