MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ
El grupo de investigación en Economía de las Infraestructuras y Transportes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) con el catedrático de Economía Aplicada Ginés de Rus al frente, ha diseñado la herramienta que servirá como referente para evaluar las futuras inversiones estatales en materia del transporte, fundamentalmente las que se lleven a cabo dentro del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) del Ministerio de Fomento.


Dicha actuación se ha llevado a cabo en el marco del proyecto de I+D Evaluación socioeconómica y financiera de proyectos de transporte financiado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento y adjudicado al grupo de investigación de la ULPGC tras un concurso público al que optaron las mejores propuestas científicas en la materia a nivel nacional.


El proyecto ha contado con la colaboración de científicos de las Universidades Autónoma de Barcelona, de Vigo, Pablo de Olavide de Sevilla y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada dependiente del Banco de España; además del asesoramiento de expertos internacionales. "La metodología que hemos diseñado lo que hace es comparar beneficios sociales y costes sociales. No sólo hacemos un análisis financiero, calculamos lo que los usuarios ganan con esa carretera", subrayó De Rus.


Entre los beneficios, la metodología científica evalúa, además de los ingresos, la reducción de costes, ahorro de tiempo y reducción del riesgo de muertes por accidente en carreteras. En el apartado de costes, analizan los posibles impactos medioambientales, destrucción del paisaje, efectos barrera, ruidos. "Todo ello se valora junto con los costes de construcción y mantenimiento y se ve si el proyecto merece la pena, si ese dinero está bien invertido ahí o puede ser más útil en otras cosas", informó el catedrático de la ULPGC.


Este grupo de investigación tiene una reconocida experiencia internacional, de hecho son los autores del manual de metodología de selección de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo; y formaron parte del equipo científico que elaboró la guía de la Comisión Europea.


Citó como handicap principal el que se trate de una infraestructura irreversible. "Con 1.200 millones se puede hacer un cambio de política radical del transporte público. Hay soluciones intermedias, reversibles que, si salen mal, permite recurrir a otro tipo de política. Si el problema es que Tenerife tiene un tren, la solución está en reclamar la misma cantidad de dinero pero para invertirlo en la mejor solución para nuestro territorio. No hay que mirar tanto el medio sino el fin que tenemos que resolver, lo otro es cegarnos en una tecnología que no creo que sea la mejor opción para las Islas".