"La Confederación de Sociedades Científicas de España [Cosce] hace un enfoque centralista y elitista de la Ley de la Ciencia desde el punto de vista de crear grandes centros de élite destinados a conseguir premios Nobel. Ellos contraponen la investigación destinada a obtener Nobel frente a la dirigida a promover la riqueza de los países y creo que apuestan claramente por la primera", afirmó ayer el catedrático de Fisiología de la Universidad grancanaria Nicolás Díaz Chico, con relación a las duras críticas emitidas por los miembros de la Cosce contra el borrador de la Ley de la Ciencia.

Opina que la valoración de la Cosce peca de pesimista. "No halla ningún aspecto positivo en la ley, lo cual es muy drástico, el texto tiene cosas criticables pero también positivas".

Díaz Chico se muestra partidario de que existan grandes centros nacionales de investigación, pero sin que ello limite la financiación destinada a potenciar la transferencia de resultados de la investigación, la creación de empleo muy cualificado y la producción de riqueza real dentro de los países y regiones. "La ley potencia esta cuestión, permite excedencias para investigar en empresas privadas y fomentar la producción de riqueza basada en el conocimiento. Pero, más que hablar de leyes o asignación de dinero, prefiero mirar a la ejecución de los presupuestos, que el poco dinero que se dedica muchas veces no llega a la ciencia. Eso se traduce en que investigar en Canarias es sufrir".

También el director del Instituto de Microelectrónica Aplicada (IUMA), Antonio Núñez, valoró muy positivamente el hecho de que el Ministerio apueste por aproximar más la Universidad a las empresas. "En otros países las empresas y el tejido industrial se aprovechan más del conocimiento de los universitarios y aquí no", afirmó el catedrático.

Los directores de los institutos universitarios de la ULPGC Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) y de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (Iuctc), Antonio Fernández y Alexis Quesada, respectivamente, valoraron como aspecto positivo de la ley la creación de una Agencia Estatal de la Ciencia, que simplifique los procedimientos y acabe con la burocratización de la investigación. "Pero es necesario que se ponga en marcha una vez aprobada la ley y en este sentido el texto no recoge una fecha", apunta Fernández.