MIGUEL F. AYALA
Juan y Antonio son una pareja homosexual que, mediante una gestante de subrogación -lo que en España se llama vientre de alquiler-, son padres desde hace 15 días de una pequeña. La pareja denuncia que está teniendo dificultades para inscribir a la niña como ciudadana española. La dificultad radica en que los dos varones, naturales de Madrid y Gran Canaria, respectivamente, desean figurar como padres legítimos del bebé, un supuesto que no contempla la legislación. Los afectados consideran "discriminación homófoba" esta condición y subrayan que, en cambio, el Estado hace la vista gorda frente a las parejas heterosexuales e inscribe a los niños sin problemas aunque provengan de un vientre de alquiler.


La niña nació hace dos semanas en San Diego, California, del vientre de una mujer que gestó al bebé a partir del óvulo de otra joven, fecundado con espermatozoides de uno de los varones. Es una práctica legal en EE UU, pero que no reconoce España.


"Legalmente", explican los afectados, "como en EE UU sí está permitido, desde que a la madre le cortan el cordón umbilical en el quirófano los únicos responsables somos nosotros como padres, y así figuramos en el certificado de nacimiento que nos ha entregado el Estado de California". El problema, prosiguen, es que en el consulado español, al ir a inscribir a la niña, no se acepta que los dos varones figuren como padres.


Su solicitud de registro fue aceptada el martes "porque los funcionarios no quieren problemas, pero sabemos que nos va a llegar denegada", explican sobre una medida que tildan de "sorprendente", viniendo de un país que admite los matrimonios entre personas del mismo sexo. "Además", añaden, "en virtud del convenio de La Haya, España tiene que aceptar los documentos civiles de EE UU, algo que incumple con estos casos".


La única solución legal que les ofrecen para la inscripción "es inscribirla como hija de un solo padre y que el otro figure como adoptivo, a lo que nos negamos tajantemente porque ésa no es la realidad: nuestra hija tiene dos papás". Así, la niña entraría a España con un permiso de estancia de 90 días que, como cualquier otra extranjera, cuando se agote la dejaría en situación ilegal.