El presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lothar Siemens, elogió ayer el papel del Gobierno Autónomo y de los rectores de las dos Universidades canarias en la decisión final del Ministerio de Educación de eliminar del Plan de Financiación el capítulo correspondiente a la distribución de las becas en función de la renta per cápita de cada comunidad, una fórmula que perjudicaba claramente a los universitarios del Archipiélago.

"Quiero expresar la satisfacción del Consejo Social por el documento final del Plan de Financiación aprobado por el Ministerio de Educación en el que se ha desestimado la fórmula de distribución de las becas en función de la renta per cápita de cada comunidad autónoma. Esto se ha hecho gracias a la gestión del Gobierno de Canarias, de los rectores de las universidades canarias en la Conferencia de Rectores (CRUE) y de nosotros en la Conferencia de Consejos Sociales", subrayó.

Siemens anunció una fórmula más flexible para el acceso a las becas universitarias convocadas por el Ministerio, que se basa en la fijación de nuevos intervalos para la renta, otorgando plena cobertura para los límites inferiores a dichos intervalos y una nueva fórmula de cofinanciación entre el Ministerio y las comunidades autónomas para alumnos que estén en el límite superior de esos intervalos. "Este sistema permitirá alcanzar el objetivo de convergencia de España y Europa en materia de gasto público", apuntó.

El presidente del Consejo Social también se refirió en su informe a los bajos puestos obtenido por la Universidad de Las Palmas en el último ranking de investigación 2009. "Es necesario hacer una reflexión, no sobre los resultados y el procedimiento a seguir, sino sobre la baja productividad científica que se refleja en el mismo".

El rector de la ULPGC José Regidor, también mostró su satisfacción por el resultado final del Plan de Financiación, al que calificó como "más maduro e interesante", al tiempo que hizo referencia a otros tres documentos cuyos trámites están finalizando: la Ley de la Ciencia y la Tecnología; la nueva regulación del Doctorado; y el Estatuto del Estudiante.

Sobre la Ley de la Ciencia avanzó que el texto aprobado por el Consejo de Ministros no recoge los planteamientos realizados por las universidades en torno a la carrera investigadora y la situación de discriminación de los investigadores que trabajan en organismos públicos de investigación frente a los universitarios. Asimismo se congratuló de la regulación del sistema de doctorados, en el que se establece una visión más amplia de estos estudios no sólo como llave para la investigación sino como elemento adicional de cualificación profesional. Por último valoró el nuevo Estatuto del Estudiante del que se desprenderá la actualización del actual régimen sancionador vigente desde 1954.

Sobre la situación de la investigación, Regidor anunció que se ha solicitado por parte de las dos universidades canarias una reunión con el presidente del Gobierno y la Consejera de Educación para analizar la situación de la I+D+i en Canarias.