Camino afirmó que "todavía hay tiempo" y explicó que el Real Decreto que desarrolla esta cuestión es aún un borrador y por lo tanto pueden alcanzarse acuerdos.

Asimismo, agregó que tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, "esperamos que se contribuya a ello" y se logre la completa seguridad de que la autoridad de la Iglesia "puede garantizar a los padres la idoneidad de los profesores de Religión para impartir esta asignatura a quienes voluntariamente la soliciten".

En el documento aprobado por la Comisión Permanente de la CEE distribuido esta mañana, los obispos dicen textualmente que "es posible que sea necesario recurrir a las acciones legales oportunas para que sea respetado el ordenamiento jurídico vigente", en relación con este estatuto del profesorado y la idoneidad del mismo para impartir la asignatura de religión.

El portavoz de la CEE explicó también -como señala el documento- que "los obispos son los primeros interesados en que los derechos laborales de los profesores de Religión estén plenamente reconocidos y tutelados, porque se hace justicia a su labor y se dignifica su misión".

Pero, al mismo tiempo, explicó parafraseando el documento, los profesores de Religión católica ejercen una misión específica, la de formar a los alumnos en la doctrina y la moral católica, que exige una capacitación académica especial e identificación con la doctrina que se enseña.

Martínez Camino hizo también especial hincapié en precisar que la inmensa mayoría de los profesores de Religión ejercen su tarea "con competencia y abnegación, y tienen la confianza de sus obispos", y que son "poquísimos -unos quince en los últimos veinte años-, que se cuentan con los dedos de las dos manos, con los que han surgido problemas de un colectivo de 20.000".

Entonces, añadió, lo primero que hay que hacer al abordar esta situación, es la de situar las cosas en sus términos reales: "no existe una conflictividad global" en esta cuestión, sino "un ejercicio largo y normal" de la docencia por este colectivo.

Camino agregó que la mayoría de los casos que llegan a los tribunales de Justicia no están relacionados con problemas de idoneidad, sino con cuestiones de atrasos en el pago de sus salarios.

En relación con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y preguntado porqué el documento no cita específicamente el derecho a la objeción de conciencia de los padres, como defienden otros colectivos, el portavoz de la CEE precisó que el texto hace mención a que los padres harán muy bien en defender con todos los medios legítimos a su alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral que desean para sus hijos.

Por lo tanto, precisó, el derecho a ejercer la objeción de conciencia, como un derecho legítimo que es, está implícito, y "harán muy bien en recurrir a él" si lo consideran conveniente.

En relación con los acuerdos a los que ha llegado la FERE con el Gobierno sobre dicha asignatura, motivo por el que el colectivo de profesores no piden la objeción de conciencia, Martínez Camino señaló que antes de hacerse público el documento, los responsables de FERE ya lo conocían.

"Los responsables de FERE, concretó, conocen esta declaración y, como es obvio, manifiestan su asentimiento a todo lo que dice la nota"; en cómo hayan actuado o vayan a actuar "es cosa de ellos y yo no puedo juzgarlo".

Preguntado sobre si los obispos buscan el "todo o nada" en esta negociación con el Gobierno, dado que reconocen que ha habido aproximaciones y avances, Camino negó la mayor diciendo que una cosa es negociar y buscar aproximaciones sobre cuestiones técnicas y otras sobre derechos fundamentales.

"Sobre los derechos fundamentales sólo se negocia para lograr su cumplimiento, pero no para ceder en ellos", concretó.