En la Comunidad Autónoma de Canarias ya se rompen más matrimonios al año de los que se producen, pues en el año 2007 alcanzó una tasa de ruptura/nupcialidad de 1,18, lo que significa que por cada 4 matrimonios que se producen se rompen casi 5.

El archipiélago registró 23.364 rupturas matrimoniales en 2007 frente a los poco más de 6.852 casamientos celebrados durante el año, lo que coloca a esta región en el primer puesto del ránking nacional seguido de Cataluña y Baleares, ambas con un índice de 0,85, y Madrid con el 0,83, según informó hoy el Instituto de Política Familiar (IPF).

"La ruptura familiar está creciendo de forma alarmante sin que las administraciones públicas aborden el problema", señaló el presidente del IPF, Eduardo Hertfelder. Según datos del instituto, en el ámbito nacional, l divorcio ha pasado a ser la forma mayoritaria de ruptura al darse en el 93 por ciento de los casos, mientras que la separación conyugal es prácticamente testimonial.

Según los datos, en algunas comunidades autónomas esto es, incluso, más pronunciado. Así, en la Comunidad Canaria el divorcio ha alcanzado ya el 95 por ciento de los casos, seguido de La Rioja y Cantabria, con el 94 por ciento.

El presidente del IPF señaló que "la ruptura familiar ya ha alcanzado niveles muy preocupantes a nivel nacional con una tasa de de 0,69, es decir, que de cada 4 matrimonios celebrados, se rompen 3", explicó. Así, durante 2007, en la Comunidad de Canarias se rompieron 5 matrimonios por cada 4 casamientos celebrados.

Por el contrario son las comunidades de Castilla León, Extremadura y Castilla la Mancha las que menor tasa de ruptura de la nupcialidad arrojan, con el fin de 5 de cada 10 matrimonios celebrados.

"Las administraciones no pueden permanecer indiferentes ante el grave problema de la pérdida de la estabilidad familiar. La familia es el termómetro de la sociedad: si la familia se rompe la sociedad también se rompe", prosiguió Hertfelder, que espera que los datos movilicen la acción de las distintas administraciones públicas

Así, el presidente de IPF señaló la necesidad de "un auténtico cambio de rumbo en cuanto a medidas legales, protección social y cultural del matrimonio y la familia para lograr enderezar esta tremenda crisis que se está viviendo en España", concluyó.