En lo que Vargas califica de "incremento espectacular" de estas penas, 676 personas han sido condenadas a entre seis meses y tres años de cárcel por haber cometido infracciones de circulación con resultados muy graves (muertes o lesiones medulares y cerebrales) o por conducta "multirreincidente".

Sin embargo, las penas de prisión son sólo una pequeña parte del total de condenas por infracciones de seguridad vial consideradas delitos desde la reforma del Código Penal en diciembre de 2007: desde el pasado enero, se han impuesto 48.484, la mayor parte por alcoholemia o por circular sin permiso.

En concreto, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas ha sido la causa de más de la mitad de las condenas (24.671), y las motivadas por conducir sin permiso han superado también las 20.000.

El fiscal ha señalado que este incremento no se debe "a que haya más delitos, sino a una mejor aplicación de la ley".

Según recoge el informe presentado por Vargas, los procedimientos relacionados con la seguridad vial se duplicaron el año pasado con respecto a 2007, en que comenzaron a tratarse estas conductas como delitos, y constituyen ya más del 40 por ciento del total de juicios rápidos.

Vargas ha apuntado también que desde la Fiscalía de Seguridad Vial se apostará en adelante por reducir las condenas de prisión y privilegiar medidas alternativas, ya que un elevado porcentaje de las penas de trabajos a la comunidad no pueden cumplirse por falta de plazas.

Esa es, según ha explicado, una de las estrategias principales de esta fiscalía, que, por otra parte, desde ahora actuará también en los delitos relacionados con la seguridad vial en el ámbito laboral, tanto para prevenir los accidentes causados por el abuso y explotación en los viajes de trabajo como para investigar la manipulación de tacógrafos en camiones y autobuses.

Agustín Hidalgo, fiscal que ha sido designado como coordinador nacional de esta línea de investigación, ha recordado que, según datos de organismos internacionales, el 25 por ciento de los accidentes de tráfico que se producen en el mundo son una forma de accidentes laborales.

Esta cifra, que se eleva al 50 por ciento si se incluyen los producidos durante el desplazamiento al lugar de trabajo, es la que la Fiscalía de Seguridad Vial pretende reducir mediante un protocolo que está desarrollando junto con la DGT y la Inspección de Trabajo.

Este protocolo, que se pondrá en marcha en agosto o septiembre, permitirá investigar los casos en los que la circulación imprudente parezca motivada por un abuso o explotación de los trabajadores de este sector, al obligarles a horarios de conducción y descanso "generadores de estrés, fatiga o sueño, y por tanto de un intenso peligro".

Del mismo modo, según ha explicado Hidalgo, la manipulación de los tacógrafos (que registran datos como el tiempo de conducción y descanso o la velocidad) en los transportes de personas y mercancías, que hasta ahora constituía una infracción administrativa, pasará a ser considerada un delito penal.

Vargas ha subrayado la especial peligrosidad de estas conductas, sobre todo cuando se trata de transporte de viajeros, ya que "pone en peligro a muchas personas que se montan en el autobús sin saber nada".