Según la sentencia del caso, a la que hoy ha tenido acceso Efe, los hechos ocurrieron en 2005, cuando el acusado engañó a los dos ciudadanos rumanos, que no disponían de permisos de residencia y trabajo, para que trabajaran en la citada vivienda y les comunicó "verbalmente" que cada uno de ellos percibiría 1.300 euros al mes.

Sin embargo, antes de comenzar con el trabajo asignado, el empresario reclamó 35 euros a cada una de sus víctimas como contrapartida por la oferta laboral que les había realizado.

Tras dos meses y medio trabajando sin cobrar más que cien euros, los dos operarios decidieron abandonar la obra.

Durante el juicio por estos hechos, el imputado se mostró conforme con la petición de pena que hizo el fiscal, por lo que ahora ha sido condenado a dos años de cárcel y a pagar una multa de 900 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores, y otra multa de 120 euros más por una falta de estafa.

Además, el empresario deberá compensar con 3.000 euros a cada uno de los dos perjudicados e indemnizar con 5.275 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social.