La reciente publicación del Informe PISA, correspondiente al año 2009, vuelve a situar en el centro de la preocupación ciudadana y de la agenda política la situación de la educación en Canarias. Ante los resultados, debe mantenerse una actitud de rigor capaz de asumir los datos que arrojan. Con ello, no sólo se conseguirá que algunos cargos públicos autonómicos dejen de hacer el ridículo con argumentos para el disimulo a los que aplasta la simple lógica. Lo que es más relevante: se empezaría a poner remedio a la pendiente por la que se desliza en nuestras islas el sistema educativo.

Las evaluaciones de diagnóstico, basadas en el rendimiento de los estudiantes en determinadas pruebas, son un instrumento de orientación de las políticas educativas y de aquí su necesidad y su importancia. Lo cierto es que no tendría sentido dotarnos de instrumentos de este tipo para desarrollar políticas educativas mejor informadas y luego eludir sus consecuencias, ya sea reafirmando viejos prejuicios o, como ha ocurrido en esta legislatura, equivocándonos en el establecimiento de las auténticas prioridades.

El Informe PISA, en el que participan 65 países de la OCDE, ofrece, en el caso de España, los resultados obtenidos por una muestra de 27.000 estudiantes, con 15 años de edad y pertenecientes a 910 centros, en tres competencias: comprensión lectora, competencia matemática y competencia científica. Se trata del cuarto informe PISA que se realiza en España y el primero que incluye una muestra propia para Canarias (formada por 1.500 estudiantes pertenecientes a 50 centros). También incluyeron muestra propia otras 13 Comunidades Autónomas.

La imagen que el informe nos deja de la situación española se podría resumir de este modo: el alumnado español progresa adecuadamente, mejorando sus resultados en la comprensión lectora (20 puntos) y la competencia matemática (7 puntos) e igualando los resultados en la competencia científica, aunque sigue necesitando mejorar, puesto que no alcanza el promedio de los países de la OCDE. En conjunto, podríamos decir que los estudiantes españoles obtienen unos resultados similares a Francia, Alemania o Reino Unido (lo que debería ser suficiente para que algunas personas dejaran de considerar a nuestro sistema educativo "tercermundista"). Por si esto no fuera suficiente, podemos añadir que de las 14 Comunidades Autónomas que han participado en la evaluación con muestra propia, siempre se mantienen 4 de ellas (aunque sean distintas) entre los diez territorios con mejores resultados. Más aún, cuando se exponen los datos de la evolución, nos encontramos que todas las Comunidades Autónomas han mejorado en relación con los datos obtenidos en 2006 (último año en que se realizó el estudio).

En definitiva, en nuestro país el diseño del sistema educativo ha permitido un progreso continuo de los rendimientos educativos. Sin embargo, necesitamos hacer un esfuerzo de diálogo y de entendimiento que nos permita comprender nuestras diferencias y compartir las mejores prácticas.

Conviene destacar, como lo hace el propio Ministerio de Educación, que los resultados de nuestros estudiantes son muy homogéneos, independientemente del territorio en el que viven, lo que debería ser suficiente para que algunas personas de insistir en la fragmentación del sistema educativo o incluso en la existencia de diecisiete sistemas educativos. Por el contrario, los resultados alcanzan una gran dispersión entre estudiantes del mismo centro educativo (hasta un 69.8% de la varianza observada), algo que debe hacernos reflexionar seriamente sobre la utilización eficaz de la autonomía de los centros y sobre el excesivo dirigismo de algunas administraciones públicas.

En cuanto a los resultados obtenidos por el alumnado de Canarias, sólo puedo reconocer, con pesar, que seguimos estando a la cola en todas las competencias evaluadas. Si bien, en nuestro caso, no podemos hablar de evolución, puesto que es la primera vez que se obtienen datos propios, si debemos tener muy en cuenta que los datos obtenidos confirman los que obtuvimos en el reciente Informe de la Evaluación de General de Diagnóstico (2009).

Cierto es que nuestros estudiantes tienen que superar la gran limitación que representa el bajo índice socioeconómico y cultural del archipiélago (este índice es inferior al que presentan las restantes Comunidades Autónomas), pero no es menos cierto que se ven obligados a superar esta limitación en unas condiciones muy pocos idóneas (aulas masificadas, recortes de plantillas, clima de confrontación y desánimo). Dicho de otra forma, el círculo vicioso que transforma la desigualdad social en diferencias educativas y éstas de nuevo en desigualdad social, es más fuerte en Canarias que en otros territorios.

Pero no he querido escribir estas palabras para exponer lamentos, ni siquiera para expresar críticas, sino para expresar mi convicción en que esta situación se debe y se puede superar y mi firme compromiso de poner en marcha todas aquellas medidas que puedan ayudar a superarla.

Nuestro problema está bien definido: necesitamos acelerar el ritmo de mejora en nuestro sistema educativo, del mismo modo que España necesita hacerlo respecto a la Unión Europea. Para avanzar en esta dirección el Ministerio ya ha puesto en marcha nuevos Programas de Cooperación Territorial y ha extendido el alcance de los ya existentes. En Canarias, los socialistas hemos reiterado en varias ocasiones la necesidad de sumarse a esos programas, yo mismo exprese esa necesidad con motivo del ya referido Informe de Diagnóstico (2009), y hemos solicitado la modificación del borrador de presupuestos para que se pueda garantizar nuestra participación en todos y cada uno de esos programas. Pero hemos hecho mucho más, hemos presentado a la sociedad canaria un documento, al que hemos dado el título de Bases para una nueva política educativa, que contiene nuestras propuestas para el futuro inmediato. Un futuro que, pese a quien pese, sigue estando abierto y lleno de esperanza.

La solución, nada milagrosa, también es clara: necesitamos mejorar la idoneidad del sistema educativo en Canarias dotándonos de una ley educativa propia que, entre otras cosas, refuerce la cooperación entre las administraciones públicas, aumente la eficacia de los centros educativos, promueva el compromiso entre las familias y los centros, respetando su autonomía, contribuya al desarrollo profesional del profesorado y, sobre todo, comprometa una financiación que garantice el funcionamiento adecuado del sistema educativo y la cooperación entre administraciones públicas.